Denuncia penal contra Cristina Kirchner por nombramiento en ORSNA
El Secretario General del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Juan Pedro Tunessi (UCR Buenos Aires) y el Diputado Nacional Gerardo Milman (GEN), denunciaron penalmente...
El Secretario General del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Juan Pedro Tunessi (UCR Buenos Aires) y el Diputado Nacional Gerardo Milman (GEN), denunciaron penalmente hoy en los Tribunales de Comodoro Py a la Presidente Cristina Elisabeth Fernández Wilhelm de Kirchner y al titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Gustavo Lipovich, por la designación irregular de este último. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2 del Juez Sebastián Ramos.
"La denuncia es contra Cristina Kirchner y Gustavo Lipovich, titular de ORSNA, porque ha sido designado en violación clara a la Ley de Etica Pública", señaló Tunessi, agregando que "Lipovich era integrante de Aeropuertos Argentina 2000 y exhibe intereses en Aerolíneas, empresa controlada por el organismo".
"Existe una cuestión política detrás de la comisión de estos delitos. Lo que tratan es de formar un monopolio camporista en el servicio de vuelos de cabotaje en la Argentina, y el damnificado es, obviamente, el país. Hay una pésima administración que se intenta suplir mediante la desaparición de los contrincantes y competidores. Se desalienta la inversión extranjera, se trabaja en contra del usuario y se complica la vida de mas de tres mil familias de esta empresa", expresó, por su parte, el Diputado Milman.
La Presidentedesignó al titular del ORSNA mediante el Decreto 135 del 2013, habiéndose comprobado que el mencionado funcionario se desempeñó como Director de Aeropuertos Argentina 2000 y asesoró a Aerolíneas Argentinas hasta el mes de enero del mismo año. La ley de Etica Pública impide la designación a cargo de un organismo de contralor a quien se hubiere desempeñado en alguna empresa o entidad controlada por el organismo. Lipovich no debió haber sido nombrado hasta, al menos, haber transcurrido tres años desde la terminación de sus funciones en las empresas cuyo contralor se le encomienda.
"Aquí existe violación a dos artículos del Código Penal que reprimen con prisión, multa e inhabilitación de funcionarios que no cumplan con los recaudos legales. En virtud de este conflicto de intereses, hemos decidido llevar adelante esta denuncia penal", finalizó Juan Pedro Tunessi.