Barack Obama y las violaciones a la Constitución de Estados Unidos

Esta semana, la Constitución de los Estados Unidos de América cumplió 226 años desde su creación. Vale recordar que la carta magna americana establece que el presidente "cuidará que las leyes se ejecuten fielmente".
 

Sin embargo, la Administración Obama ha hecho precisamente lo contrario, torciendo la legislación y haciendo caso omiso de limitaciones constitucionales a su autoridad.
 

Aquí le mostramos las cinco principales violaciones de la Administración Obama:

 

1. Modificar Obamacare sobre la marcha y sin mediación del Congreso
 

La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA) estipula que las empresas que empleen a cincuenta o más trabajadores a jornada completa deben proporcionar un seguro médico o pagar una multa por los empleados sin cobertura. La leyes prevén que este mandato comience en enero de 2014. Sin embargo, la Administración ya ha anunciado que dejará este requisito en suspenso.

Por su parte, el Congreso consideró y rechazó explícitamente las enmiendas propuestas para Obamacare, que habrían supuesto la concesión específica de un subsidio de seguro médico para los miembros del Congreso dentro de los sistemas especializados, siendo tal exención ilegal en los hechos. No obstante, la Administración comunicó a los miembros del Congreso y a su personal que, aún así, les concedería un generoso subsidio financiado por el contribuyente.

Obamacare no funcionará tal y como está redactada, y la Administración simplemente se está atribuyendo de forma unilateral la autoridad para reformularla.
 

2. Implementación de la Ley DREAM mediante una orden ejecutiva
 

El Congreso ha considerado y rechazado repetidamente un proyecto de ley conocido como la Ley DREAM, que en la práctica concedería una amnistía a numerosos extranjeros en situación ilegal. Sin embargo, en junio de 2012, la secretaria del Departamento de Seguridad Interior, Janet Napolitano, emitió una directiva para los agentes de inmigración, dándoles instrucciones para que aplazaran los procedimientos de expulsión contra unos 1.7 millones de extranjeros en situación ilegal. Curiosamente, esto sucedió un año después de que el presidente Barack Obama admitiera que "el presidente no tiene autoridad para ignorar sin más al Congreso" y decir "No vamos a hacer cumplir las leyes que ustedes aprueben".

 

3. Promover y llevar a la práctica nombramientos "en receso", mientras el Senado se encontraba en período de sesiones
 

En enero de 2012, el presidente Obama hizo cuatro nombramientos en "receso" para la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB) y la Junta de Protección Financiera del Consumidor, argumentando que el Senado no se hallaba disponible para confirmar dichos nombramientos. Sin embargo, el cuerpo legislativo no se encontraba en receso en ese momento. La Cláusula de Nombramientos en Receso no es una alternativa a la confirmación del Senado y se supone que es solamente una medida provisional para las ocasiones en las que el Senado sea incapaz de ofrecer consejo y consentimiento. Finalmente, un grupo de tres jueces del Circuito del Distrito de Columbia anuló los nombramientos para la NLRB por considerarlos inconstitucionales.

 

4. Dispensar de los requisitos laborales de la asistencia social
 

En julio de 2012, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) dejó sin requisitos laborales a la ley de reforma de la asistencia social aprobada en 1996. Este notificó a los estados la "disposición a ejercer su autoridad para emitir dispensas" de la secretaria Kathleen Sebelius, de modo que los estados pudieran eliminar el requisito de participación laboral presente en la Sección 407 de la reforma de 1996. Esto va directamente en contra de la ley, que estipula que las dispensas concedidas según otras secciones de la legislación "no afectarán a la aplicabilidad de la Sección 407 en lo que respecta al Estado". A pesar de estos términos tan poco ambiguos, la Administración Obama continúa eludiendo la ley con su interpretación "revisionista".

 

5. Fomento de la violación de la ley por parte de los contratistas federales
 

La Ley WARN requiere que los contratistas federales notifiquen con sesenta (60) días de antelación un despido masivo o el cierre de una planta. Los empleadores que no den aviso se harán cargo de los pagos y beneficios de los trabajadores con carácter retroactivo, así como de penalizaciones adicionales. Al estar previsto el comienzo de los recortes en el gasto relacionado con la defensa para el 2 de enero de 2013, los contratistas de Defensa deberían haber emitido el aviso el 2 de noviembre de 2012 (sólo cuatro días antes de las elecciones presidenciales). Sin embargo, el Departamento de Trabajo dio instrucciones a los contratistas de Defensa para que no emitan avisos para los despidos surgidos del embargo de fondos hasta después de las elecciones, asegurándoles que se les reembolsaría con fondos del contribuyente cualquier responsabilidad subsiguiente a la violación de la ley.
 

Una de las principales características de la Constitución es su simplicidad. No funciona como una simple lista de derechos -como pretenden hacer muchas constituciones modernas-, sino que presenta un marco de gobierno, divide el poder entre tres partes iguales y protege a los ciudadanos estadounidenses de la usurpación de sus derechos por parte de cualquier gobierno que se extralimite en sus funciones.
 

Pero, para que la Constitución sobreviva al próximo cuarto de siglo, Estados Unidos necesita líderes políticos que se dediquen a preservarla, no a torcerla para que se ajuste a sus necesidades políticas inmediatas.