España: ETA, Estrasburgo y la Doctrina Parot

Más de 150 terroristas, violadores y asesinos podrían quedar en libertad en España, debido al reciente fallo del Tribunal de Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, y al que contribuyó un juez español, el socialista Luis López Guerra. Como respuesta, 200 mil españoles salieron este domingo a protestar bajo el lema “Justicia para un final con vencedores y vencidos”, para pedir que se haga justicia.
 

ETA es la organización terrorista vasca que, desde los años sesenta, ha aniquilado indiscriminadamente a españoles por el hecho de ser españoles. ETA, de ideología comunista, busca con métodos terroristas la secesión de la comunidad conocida como Euskadi o País Vasco. Si lograran la independencia, los etarras establecerían este fracasado régimen político, y Euskadi se convertiría finalmente en la Cuba del Cantábrico.
 

El pasado lunes 21 de octubre, Estrasburgo se reafirmó en su condena a España por la aplicación retroactiva de la llamada Doctrina Parot a la etarra Inés del Río, con 24 asesinatos en su haber, ya que según el tribunal europeo, eso vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Supremo español estableció la Doctrina Parot en 2006 para evitar que los terroristas condenados conforme al Código Penal de 1973 por atentados cometidos entre 1977 y 1995, pudieran salir de prisión antes de cumplir la pena máxima de 30 años debido a los beneficios penitenciarios que establecía aquel código penal. El Tribunal Constitucional español avaló la Doctrina Parot en marzo de 2012, cuando se pronunció caso por caso sobre una treintena de recursos presentados en su mayoría por presos de ETA.
 

La situación es realmente grave, y esta triste sentencia pone de relieve la traición al Estado de Derecho del expresidente español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ya que éste decidió negociar a escondidas con los etarras sin tener el consentimiento del pueblo. Zapatero cedió ante las exigencias de los terroristas y firmó una serie de acuerdos a cambio de que ETA no volviera a atentar contra España. Como afirma el secretario de la Fundación FAES, Javier Zarzalejos: “La doctrina Parot formó parte de la negociación que el gobierno anterior emprendió con ETA”.
 

Zarzalejos asegura que “existió negociación política: se pusieron encima de la mesa contrapartidas a la organización terrorista que comprometían el Estado de Derecho, y entre ellas, la doctrina Parot”. Por tanto, “no es descabellado ver en la sentencia del TEDH la inercia de una operación política protagonizada por Rodríguez Zapatero que en su negociación con ETA asumió que el cese del terrorismo exigía, para empezar, el desmantelamiento de la arquitectura legal con la que ETA estaba siendo derrotada”.
 

Hoy en día, los representantes políticos de la banda terrorista están muy presentes en muchos ayuntamientos del País Vasco, y mucho más después de que la Ley de Partidos de España quedase neutralizada por el Tribunal Constitucional español que legalizó a Sortu, brazo político de ETA, y que le permitió el regreso a las instituciones políticas de España. Luego de que los socialistas perdieran el poder, España puso su fe en el gobierno del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy, para arreglar la economía y acabar con cualquier negociación política con ETA.
 

Sin embargo y para sorpresa general, el gobierno de Mariano Rajoy al parecer ha asumido los acuerdos que Zapatero alcanzó con ETA a cambio de que la banda terrorista no vuelva a atentar en un futuro cercano. La sumisión de Rajoy es cada día más patente. A menos de 24 horas de la sentencia de Estrasburgo, la etarra Inés del Río ya estaba fuera de prisión y un día después, la Audiencia Nacional española ordenaba también la excarcelación inmediata del etarra Juan Manuel Piriz López, al concluir que también le afecta la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Actualmente, más de 50 presos han pedido ya su excarcelación tras el fallo de Estrasburgo. Más de uno habla ya de una amnistía encubierta.
 

Lo “curioso” del tema es que no existe obligatoriedad real por parte del Estado español para cumplir la sentencia y menos para generalizarla en todos los demás casos, puesto que ésta se basa en el consentimiento del propio Estado para acatar la norma. La sentencia es vinculante para un Estado sólo en la medida que éste la consienta y asuma voluntariamente dicha obligación. Nunca debe de olvidarse que el Estado español es libre y soberano para ejercer los poderes estatales de forma exclusiva sobre su territorio. En países como el Reino Unido no se cumplen las sentencias del Tribunal de Estrasburgo si son incompatibles con sus ordenamientos jurídicos.
 

No alcanzo a imaginar el dolor e indignación que deben estar sintiendo las víctimas del terrorismo ante semejante atentado a la dignidad de sus familiares asesinados a sangre fría por ETA. Personalmente, recuerdo muy bien la tristeza de mi familia cuando un 21 de noviembre del año 2000, ETA asesinó a Ernest Lluch, de 63 años, con dos disparos en la cabeza en el estacionamiento de su casa en Barcelona. Tanta resistencia durante años a negociar con terroristas para que ahora estemos viendo cómo salen de las cárceles españolas amparados por la sentencia de una corte ajena a la tragedia que el terrorismo etarra ha causado en España.
 

Aún queda la esperanza de que el próximo día 12 de noviembre el Tribunal Supremo español decida qué hacer ante esta situación. El tribunal, que ideó la Doctrina Parot en 2006, ahora tendrá la ocasión de variar su jurisprudencia anulada por Estrasburgo y hacer justicia a los más de 1,000 muertos y a sus familias. La multitudinaria manifestación en apoyo de las víctimas de ETA refleja el clamor de la calle ante la indignidad de la negociación con ETA y pone en jaque al Partido Popular y al gobierno de Rajoy.