Cuidado con la trampa del 8N

Tras el fallo de la Corte Suprema en relación a la cautelar interpuesta por el Grupo Clarín, un grupo de ciudadanos se ha lanzado a la iniciativa de convocar a una nueva marcha. Como par, sólo puedo celebrar la actitud cívica de quienes consideran que se ha cometido una injusticia, y deciden salir a la calle para reclamar. Sin embargo, me gustaría llamar la atención sobre algunas equivocaciones que, según entiendo, están siendo fogoneadas erróneamente por algunos dirigentes, políticos y medios. Deseo, con franca solidaridad, evitar que abusen de la buena fe de muchos de nosotros.

 

El fallo de la Corte Suprema no ha cerrado el debate sobre la Ley de Medios. Sencillamente, ha dicho que, en el caso específico en relación a la desinversión del Grupo Clarín, la normativa es conforme a Derecho. En la Causa Clarín, jamás la Ley de Medios fue el centro del debate: se trata de una mentira que nos han vendido. El eje de la causa, en realidad, pasa por la pregunta sobre si un gobierno tiene autoridad o no para intervenir en un conglomerado económico, con el objetivo de garantizar la pluralidad de voces.

 

Lejos está la decisión de la Corte de convalidar la aplicación parcial, discrecional y, por ende corrupta, que ha llevado adelante el AFSCA, en la persona de Martín Sabbatella sobre la ley en cuestión. Nada dice sobre la infinidad de problemas que puedan surgir sobre su implementación, sobre los que debemos accionar. Pero veo que muchos se lamentan que, tras el fallo de la Corte, ha muerto la libertad de expresión; esto es impreciso o errado.

 

La libertad de expresión está tan amenazada como antes, puesto que continúan empleándose fondos públicos para financiar a medios y periodistas. La libertad de expresión está en juego, dado que se emplean recursos de todos nosotros; un claro ejemplo de corrupción coincide con la financiación de programas partidarios, como "678". La libertad de expresión sigue bajo amenaza, siendo que el acceso a la información pública sigue siendo esquivo frente a este Gobierno Nacional que miente con el INDEC, oculta datos en la IGJ, y que cajonea proyectos relativos a la transparencia pública.

 

Marchar no tiene sentido. Habrá muchas batallas políticas y jurídicas que dar para impedir que esta ley cercene la libertad de expresión. Debemos dar estas luchas por nuestros derechos. Pero no podemos pretender que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre algo que jamás estuvo en el litigio: la constitucionalidad de la Ley de Medios.

 

Debemos trabajar juntos desde la sociedad civil y los espacios políticos para mejorar estas normas y, así, garantizar su aplicación imparcial. Considero, igualmente, que Internet hace que este debate tienda a ser abstracto. La Ley de Medios es antigua y nos habla de una realidad que ya no existe.

 

Dicho esto, invito a todos a reflexionar sobre la inteligencia que hace a la convocatoria para una nueva marcha el "8N", de invertir preciado tiempo en salir a protestar por algo en abstracto, y que nuestros esfuerzos se esfumen en el aire. Antes bien; convoco a pensar productivamente, para distinguir entre los políticos que ofrecen un freno sensato y usan herramientas idóneas y entre quiénes son meros oportunistas demagógicos. Y, fundamentalmente, tengamos memoria.