¿Generosidad o estupidez?

"Lo que nuestra generación ha olvidado es que el sistema de propiedad privada es la más importante garantía de la libertad" (Friedrich A. Hayek)

* * *
Gracias a Dios, la Conferencia Episcopal en conjunto, y muchos obispos individualmente, han puesto el tema del narcotráfico al tope de la agenda nacional, a despecho de personajes como Aníbal Fernández, Arturo Puricelli, Daniel Scioli, y tantos otros. La Corte, siempre tardíamente y como si fuera un mero espectador y no un poder del Estado, también se hizo eco, pero sin proponer soluciones que excedan su competencia. ¿No hubiera debido hacerlo ya cuando trascendió y se probó que los laboratorios importadores de efedrina habían financiado la primera campaña presidencial de Cristina Kirchner?

 

El tema, como es obvio, tiene múltiples frentes para el ataque. El primero se vincula a la radarización de las fronteras, a su vigilancia por parte de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, dotándolas de medios y personal, a la creación de nuevos juzgados y cárceles, a la necesaria ley de derribos cuando dispongamos de los aviones de combate necesarios, etc. El segundo es la educación y la integración de los consumidores, para evitar que continúen siendo víctimas del flagelo.

 

Hoy, quiero referirme al tercero, tan eludido por todos por su incorrección política. Me refiero a la política inmigratoria, un arma fundamental que permite a todos los países del mundo –creo que somos la única excepción- decidir cómo quieren ser en el futuro desde el punto de vista demográfico. Pero, tal vez, reclamar un diseño por el estilo en un país que carece de planificación de largo plazo (nadie parece pensar, en la Argentina, más allá del próximo año) resulte una quimera.

 

Nosotros, en general, carecemos de problemas raciales, religiosos, sexuales o políticos que generen discriminación de ningún tipo. Es más; mayoritariamente tenemos por nuestros hermanos latinoamericanos un cariño enorme, generado por una historia común, por lazos culturales indisolubles, y hasta por el idioma.

 

Además, es cierto que el preámbulo de la Constitución, cuyo respeto a ultranza predico y exijo permanentemente, habla de los “hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino”, pero ni siquiera ese mínimo requisito es exigido hoy para autorizar la residencia en el país; simplemente, dejamos que cualquiera, aún cuando se trate de un criminal buscado o condenado en su país de origen, ingrese libremente, compre propiedades rurales de importancia, resida en Puerto Madero o en los countries más caros, instale laboratorios de drogas, practique el contrabando de estupefacientes, lave su dinero y envenene a generaciones enteras de argentinos.

 

Esa política inmigratoria que muchos reclamamos –que de ningún modo puede calificarse de xenofóbica, es decir considerar al extranjero un enemigo- tendrá, además de permitir controlar los antecedentes de quienes tengan interés en convivir con nosotros, otros subproductos. La incoherencia de la izquierda, que se manifiesta en contra cualquier limitación al acceso gratuito a la salud, a la educación, a la vivienda y a planes sociales de los extranjeros, que se planifican –o, al menos, debieran serlo- para una determinada población y no para una demanda creciente, incontrolada y desmadrada y, a la vez, se opone al aumento de los impuestos necesarios para financiar esos disparates, es una prueba fehaciente de la esquizofrenia de nuestra sociedad; tampoco en esta área se conoce de países que apliquen esta forzada generosidad que aquí se impone a los contribuyentes.

 

Lamentablemente, los países de alrededor sufren, en algunos casos en forma más grave, de problemas sociales parecidos a los nuestros. Y la política de subsidios y de planes sociales implementado, sin filtro de ningún tipo y con mucha intencionalidad política, por el Gobierno Nacional, hace que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hasta el conurbano bonaerense actúen como un imán para quienes, en Bolivia, Perú, Paraguay, etc., sufren por la pobreza, la indigencia y, sobre todo, por la falta de un sistema de salud idóneo.

 

Todos sabemos ya que nuestros hospitales, especialmente los de la ciudad de Buenos Aires, colapsan diariamente por la afluencia de pacientes que provienen de nuestros países vecinos, transportados en los ahora llamados “tours de salud”, similares a los que los argentinos del “deme dos” practicamos a Miami. Esas multitudes, que reciben la asistencia sanitaria de calidad que la excelencia de nuestros médicos habilita, nada pagan por ella, ni siquiera en los costosos tratamientos oncológicos. Sin embargo, cuando viajamos al exterior, descubrimos con asombro que no podemos atendernos gratuitamente en ningún lugar del mundo ante un mero accidente.

 

Otro tema importante que ha signado los últimos dos meses y sigue haciéndolo hasta hoy es la salud presidencial, y la posibilidad –poco probable quizás- de que su postergado retorno finalmente no se produzca.; si fuera así veríamos entonces como comienza otra vez -¿recuerda la renuncia de Cámpora, el forzado viaje de Díaz Bialet, la asunción de Raúl Lastiri?- el juego de las sillas, que se llevará puestos, al menos, a Amado Boudou y a Beatriz Rojkes de Alperovich para dejar al frente del Ejecutivo a Julián Domínguez, que cuenta con el consenso de la Iglesia y hasta del grupo Clarín. Qué harán el Vicepresidente o Ricardo Jaime cuando sean, por fin, entregados a la picadora de carne de Comodoro Py -¿irán presos pacíficamente o encenderán serios ventiladores?- es un tema que inquieta seriamente a la Casa Rosada.

 

Mientras tanto, el Gobierno avanza, a paso redoblado, hacia un abismo cada vez más profundo. El proyecto de reforma de los códigos civil y comercial, que la bancada oficialista en el Senado pretende aprobar antes del 10 de diciembre mediante un trámite express en el Congreso, terminará la tarea que la Corte Suprema inició, hace pocos días, con la declaración de constitucionalidad de la Ley de Medios Audiovisuales.

 

Así como la magra mayoría de 4 a 3 que falló así puso en tela de juicio los derechos individuales, la inseguridad jurídica recibirá –si los tristes tigres opositores no consiguen abroquelarse en un rechazo total al proyecto, que obligue a los legisladores oficialistas que aún dudan a votar en contra- su consagración total y definitiva cuando el texto, como se supone, sea aprobado.

 

Desaparecerá la garantía constitucional al derecho de propiedad, ya que lo subordinará, del mismo modo que hicieron los jueces supremos con los derechos adquiridos de los licenciatarios de medios, a la voluntad política de las mayorías políticas circunstanciales. En esas condiciones, ¿qué demente querrá venir a invertir a la Argentina?; sin esas inversiones, ¿cómo haremos para recuperar el crecimiento? ¿No sabe el Gobierno que el mundo entero conocerá esta nueva catástrofe de un país que se llamaba Argentina?

 

Desde su entrada en vigencia, si el parlamento decidiera que nuestra propiedad afecta el paisaje, por ejemplo, podrá quitárnosla sin que podamos efectuar reclamo civil alguno, ni contra el Estado mismo ni contra los funcionarios que lo hubieran dispuesto, que hoy son responsables personalmente por sus actos.

 

A partir de ahora, si el Gobierno así lo quiere, todo cuanto poseemos y todo cuanto acordemos con terceros estará sujeto a su voluntad y a su demencial arbitrio. Inclusive, el Estado se inmiscuirá más aún en las relaciones entre particulares, aún cuando éstas no violen la ley; como ejemplo, cuando acordemos obligaciones en moneda extranjera, serán canceladas en pesos, al cambio oficial. En un país con la historia financiera del nuestro, cuyos registros sólo son superados por Venezuela o Sudán, ¿quién contratará en estas condiciones?

 

No conozco en detalle las cuestiones civiles que el proyecto pretende modificar en lo que al régimen personal se refiere –uniones libres, divorcio express, etc.- y opinaré de ello tan pronto acceda al texto que será "discutido" en el Congreso.

 

Desde el año pasado, la ciudadanía ha salido a la calle, masivamente, por distintas razones; creo que ya mismo deberíamos movilizarnos, pero unificando esta vez nuestro reclamo para evitar este nuevo y terrible dislate. Está en juego toda nuestra forma de vida en sociedad, y si no tomamos conciencia de ello y lo impedimos, habremos firmado nuestra partida de defunción como nación independiente. No se producirán invasiones externas, ni siquiera pacíficas, pero la Argentina se habrá caído del mapa para siempre.

 

La caída de las reservas, aún de las inventadas por Mercedes Marcó del Pont, marca el final de un ciclo económico –la década desperdiciada- que nuevamente llevará a la Argentina a una crisis terminal. El aceleramiento de la inflación, que llegará este año al 30%, hará que cuanto más nos acerquemos a las fiestas de fin de año, la marginación –esa que, según el INDEC, puede vivir con $8 por día- vuelva a manifestarse con grandes conmociones sociales, y las fuerzas de seguridad no están –ni quieren estarlo- preparadas para enfrentarlas.

 

En fin, deberemos seguir esperando, al menos hasta mañana, para saber si “Ella” reasume o no la Presidencia. De todas maneras, vuelva o no vuelva, el “modelo” seguirá dando, al borde del abismo, pasos al frente.