Gran Bonete cordobés

Los saqueos que dieron inicio en la Ciudad de Córdoba -y que luego se extendieron a otras localidades de la provincia mediterránea- se adelantaron a la temporada navideña, compartiendo perspectivas poco halagüeñas de cara al verano. El saldo, al menos hasta el momento, es de poco más de un centenar de heridos, un deceso (registrado en circunstancias todavía no esclarecidas), y una cifra aproximada de cincuenta detenidos.

Por lo demás, las instantáneas devueltas por el conflicto ya han circulado a través de redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales. Esa imágenes parecen no necesitar epígrafe: remiten -en el caso de Córdoba capital- a un tétrico escenario que bordea con el estallido social, potenciado por la ausencia de fuerzas policiales, y con vecinos ejerciendo como improvisado muro de contención frente al accionar de un elemento marginal armados. Se asiste a la postal más acabada de la desaparición del Estado, en tanto que el baño de realidad resulta por demás gráfico: los argentinos se han desayunado con la faceta más endeble del sistema a priori diseñado para protegerlos.

Los hechos han coincidido -acaso por obra de la providencia- con los cambios propugnados por la Presidente Cristina Fernández Wilhelm de Kirchner en la cartera de Seguridad (arribó la Licenciada María Cecilia Rodríguez, en reemplazo del ignoto Arturo Puricelli), y con el Gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, en medio de una gira por Centroamérica. Hace cuestión de horas, el tema del día invitaba a considerar los prolegómenos de los nuevos tributos interpuestos por Ricardo Echegaray (AFIP) para consumo con tarjetas de crédito en el exterior. Raudamente, este titular ha debido dejarle su lugar a los saqueos, conforme la Argentina de estos tiempos solo entiende del "minuto a minuto".

En las primeras horas del miércoles, el Jefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich, permitió a los analistas políticos posar una mirada sobre lo que ya asoma como la estratagema de cabecera de la Administración para lidiar con el evento cordobés, esto es, endilgarle toda responsabilidad y consecuencias del desquicio a De la Sota. Mientras la segunda urbe del país retozaba desde hacía no pocas horas en un averno confeccionado desde el libreto del "todos contra todos", las circunstancias complotaron para devenir en surrealismo puro: en una espontánea presentación ante cronistas, el gobernador chaqueño certificaba que su par mediterráneo debía "hacerse cargo" del pago de sueldos de la policía en su distrito. Capitanich jugueteó también con la variable de los desbarajustes administrativos del delasotismo, en tanto que nada aclaraba sobre el reclamo de su par con miras a que Nación despachase elementos de Gendarmería Nacional con efecto inmediato, para morigerar el Far West de facto. En la capital cordobesa, entretanto, los saqueos continúan, haciéndose extensivos a tiendas de electrodomésticos, y computando ataques contra móviles de televisión.

La respuesta del Gobernador de Córdoba no se hizo esperar: éste ha publicado, en las últimas horas, una misiva en la que se detallan los intentos de comunicaciones realizados a los teléfonos móviles de los funcionarios que jamás -así declama De la Sota- lo atendieron. El escrito involucra por igual al Teniente Coronel Sergio A. Berni, la Lic. María Cecilia Rodríguez, y al propio Jefe de Gabinete de Ministros. Lo cual, a su vez, empujó a Capitanich a mostrar ante las cámaras de tevé su aparato, declamando que él no había acusado recibo ni llamado alguno. El juego del "Gran Bonete" ha vuelto a derribar la puerta, para ocupar un rol central en la retórica de la dirigencia política nacional.

El problema cordobés reviste un carácter heterogéneo, conforme la cuestión de los salarios de las fuerzas de policía -los elementos perciben, en promedio, $5.000; unos quinientos dólares estadounidenses mensuales- parece haberse deslizado hacia un segundo plano. Mientras que a De la Sota le competen responsabilidades puntuales en el desorden financiero de la Provincia que administra, sería lícito apuntar que el Gobernador tiene con quiénes dividir el potencialmente funesto costo político del desmadre. En tanto el Gobierno Nacional se sitúa a la defensiva ante una miríada de temas (macroeconomía, impuestos, etc.), vuelve a encontrarse en jaque y, ahora, la opinión pública comienza a percibir que la Casa Rosada se arroga un comportamiento sospechosamente tolerante frente a la violencia en Córdoba. Especialmente cuando se recuerda que el delasotismo es un espectro de oposición, y que su puja en materia de coparticipación federal con Balcarce 50 es tan conocida como vetusta.

La segunda ciudad más importante de la República está en llamas. Si las más obscuras percepciones -teñidas de desconfianza y aprensión- sobre la postura de la Presidente de la Nación frente al sufrimiento de sus compatriotas en Córdoba ganan espacio argumental, entonces solo podría esperarse una amplificación del desorden social en otros territorios y -por qué no- en la mismísima Provincia de Buenos Aires, previo al 25 de diciembre.

En la instancia presente, no parece conveniente omitir que el contagio y la diversificación del fenómeno suelen representar la evolución natural de la fase predatoria del pillaje y el saqueo.


* Foto de portada: Diario Clarín