España: Pensiones estatales, robo, pobreza y fraude

Hay mensajes que pocos se atreven a verbalizar pero que, no por ello, resultan menos ciertos y acuciantes para el devenir de nuestras sociedades. Uno de esos desastrosos tabúes en el caso de España se da en materia de pensiones. Son escasas las personas que desean granjearse la enemistad de las masas repitiendo algo tan directo e incontestable como que nuestro actual sistema de pensiones es insostenible. Pero es necesario decirlo: el sistema es insostenible.

 

Y lo es no porque resulte extremadamente generoso, sino a pesar de ser grotescamente cicatero; no porque las cotizaciones a la Seguridad Social sean bajas, sino a pesar de estar entre las más elevadas de Europa; y no porque vayamos a estar durante varias décadas en una profunda crisis económica, sino aún cuando pudiéramos salir pronto de ella.

 

El motivo del colapso del fraudulento sistema de Seguridad Social es que, como ya les sucediera a Fórum Filatélico, Afinsa o Bernie Madoff, su base piramidal de ingresos se está estrechando. Al cabo, Fórum, Afinsa y Madoff se vinieron abajo cuando no pudieron seguir timando a nuevos clientes para que aportaran el nuevo capital con el que abonar los rendimientos extraordinarios prometidos a los antiguos inversores; análogamente, la Seguridad Social se está viniendo abajo cuando deja de poder nutrirse del expolio de casi el 40% del sueldo de unos nuevos trabajadores que ni siquiera existen y que, por tanto, no pueden cubrir las pensiones de aquellos otros trabajadores que fueron expoliados previamente y que hoy han alcanzado la edad de jubilación.

 

La situación, como digo, se puede haber visto agravada y acelerada por la crisis económica, pero el fondo de la problemática es otro. En noviembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) revisó sus proyecciones de población para España entre 2013 y 2023, arrojando unas cifras altamente preocupantes: según el INE, dentro de una década España habrá perdido 2,6 millones de habitantes, tanto por el efecto de la emigración como por la exigua natalidad; de hecho, su expectativa es que en 2017 —dentro de apenas cuatro años— el crecimiento vegetativo entre en terreno negativo, es decir, que el número de defunciones supere al de nacimientos. A largo plazo, las perspectivas son todavía más tenebrosas: para 2050, tendremos solo un trabajador por cada pensionista, y ello bajo el generoso supuesto de que nos hallemos en pleno empleo.

 

Con este negro panorama demográfico, es evidente que las pensiones tendrán que reducirse de manera muy significativa a lo largo de las próximas décadas: un fortísimo, y poco realista, crecimiento económico futuro podría evitar reducciones absolutas de su cuantía, pero nada podrá evitar minoraciones en su importe relativo —como porcentaje de los sueldos medios del país —. La situación podría haber sido harto diferente con un sistema de capitalización de pensiones, donde cada trabajador contara con cuentas de ahorro personal —no gestionadas por bancos, preferentemente — que le proporcionaran unos rendimientos al margen del desastre demográfico del país; pero la transición a ese sistema privado ha sido bloqueada desde hace décadas por la izquierda y por la extrema izquierda de nuestro país, a saber, por González, Aznar, Zapatero y ahora Rajoy.

 

Todos los egregios ex presidentes se preocuparon por mantener su poder y su influencia electoral sobre los pensionistas, y ahora nos toca jugar con las deficientes cartas que ellos nos marcaron. Nos toca asumir, pues, el único resultado que es capaz de ofrecernos el macrotimo de la Seguridad Social: pensiones mermadas durante varias décadas. Pero, siendo así de trágico, nuestros gobernantes deberían al menos tener la honestidad de asumirlo y de no añadir el insulto a la infamia, tal como acaba de hacer por enésima vez el Partido Popular al ampliar el límite máximo de revalorización anual de las pensiones hasta el IPC+0,5 por ciento... siempre que las condiciones lo permitan.

 

Pero las condiciones ni lejanamente lo permitirán —salvo en los años electorales en los que haya que comprar votos —, de manera que la promesa del gobierno no pasará de propaganda política pergeñada para engañar al empobrecido jubilado. A eso juegan justamente: a erosionar las pensiones reales por la vía inflacionista en lugar de dar la cara y recortarlas nominalmente.

 

Robo, pobreza y fraude, tres características básicas de cualquier sistema público de pensiones que, no por casualidad, también se corresponden con el conjunto de la política económica desplegada por el muy antiliberal rajoyismo.

 

El presente artículo fue publicado originalmente en El Economista (España) el 27 de diciembre de 2013.