Nueva Sinaloa en llamas: doctrina del saqueo

José Manuel De la Sota no lo admitirá públicamente pero, días antes de producirse la reedición del Cordobazo "por otros medios" -parafraseando a von Clausewitz-, ya contaba con información puntual sobre la réplica programada por altos estamentos de la policía provincial comprometidos judicialmente a raíz de su relación con el tráfico de drogas.

A instancias del legítimo reclamo salarial de los rasos de la fuerza, altos dignatarios de la Policía de Córdoba esbozaron el criterio del contraataque: fogonearon, en primer término, acuartelamientos y, en segunda instancia, configuraron la "masa crítica" de los ataques acometidos a posteriori en perjuicio de la propiedad privada, en nodos neurálgicos de la capital mediterránea. La avanzada de grupos movilizados en motocicletas fue parte de ese esquema; a la postre, el grueso de los saqueadores procedió de la mano del "efecto contagio". Los arquitectos de la iniciativa así lo previeron, conforme era menester explotar el delicado escenario socioeconómico que caracteriza a la provincia.

El nudo gordiano del problema remite a la franca desaparición del Estado, conforme citado hasta el cansancio por entendidos en cuestiones que hacen a la seguridad. Tanto en el caso de Córdoba, como Santa Fe y la Provincia de Buenos Aires -entre otras-, el factor común invita a considerar el modus operandi de los punteros: otrora esbirros de la dirigencia política, éstos han comenzado a incorporarse a la agenda del narcotraficante. De ahí que -acaso tardíamente- funcionarios del Gobierno Nacional y sus pares en administraciones provinciales registren una coincidencia preocupante, a saber, que los microeventos de estallido social hace tiempo han dejado de ser subproducto del pase de facturas intrapartidarias. Fenece desde el inicio, por ejemplo, el Teorema Carrió, que refiere con recurrencia a los prolegómenos de la "interna peronista".

La reedición del proceso inflacionario (precios de productos básicos de la canasta familiar computan incrementos de semana a semana), la reducción violenta de los subsidios o la abierta remoción de los mismos (especialmente en cuadrantes de La Matanza, en donde el cruzamiento de datos se utiliza para "blanquear" clandestinamente el recorte de ingresos por grupo familiar), y la valoración subjetiva de variables cualitativas (percepción individual frente a estados anárquicos localizados que garantizarían impunidad de cara a acciones violentas) sinergizan para dar lugar a una impasse social de resolución imposible para las instituciones -ya sea porten éstas la etiqueta de "policía", "justicia", o "municipio".

La billetera del político no se halla en condiciones de competir con la del vendedor de tóxicos, aunque esta evaluación no otorga permisos para razonamientos lineales que disocien al dirigente de la ecuación: detrás de una fuerza de policía corrupta, siempre existe un funcionario involucrado en malversación o corruptela. Entendiéndose que, o bien asiste a la operatoria del traficante desde la inacción/omisión, o bien participa abiertamente del negocio. Como extensión de alguna retorcida rationale, gobernadores de provincia que cargan sobre sus hombros un extendido desmanejo administrativo, utilizan la propia torpeza como argumento para esgrimir su defensa. A estas alturas, resulta anecdótico que esta lógica pueda endilgársele -sin mayores vueltas- a la catamarqueña Corpacci, De la Sota o al gobernador santafesino Antonio Bonfatti.

Como complemento, los Estados (Nacional y provinciales) han sido partícipes necesarios de su propia necrosis, apostando a postulados cortoplacistas como la ampliación desmedida y sin criterio de la participación del sector público en el PBI local, la inenarrable extensión de programas de subsidización y beneficencia ad eternum, el desmantelamiento compulsivo del aspecto represivo de los subsistemas judicial, policial y de inteligencia (garantes, cada uno desde su aporte, de la seguridad jurídica y la propiedad privada; ergo, de la actividad económica). El paradigma deficitario se completa con la asfixia financiera interpuesta bajo el formato de recompensas y castigos desde Balcarce 50, y los desbarajustes macro promovidos por la Nación, que terminaron por conducir al derrumbe exponencial del poder adquisitivo de los ciudadanos en todo el país.

El manotazo de ahogado del "modelo" para aproximarse a la devastación intenta hacer pie desde proposiciones tan sensacionalistas como inefectivas (la creación del "comando antisaqueos" del Teniente Coronel Sergio Alejandro Berni y Alejandro Granados Senior), o desde mociones fundadas en la más abyecta aberración legalista (las operaciones extemporáneas de espionaje auspiciadas por el General César Milani a expensas de la Ley 25.520).

El panorama se torna más oscurantista, conforme se hace caso omiso del tráfico subterráneo de armamento de guerra en la frontera argentino-paraguaya (fusiles automáticos de alto calibre con numeración de serie borrada con ácido, con su correspondiente munición perforante), que va a parar a las manos de organizaciones de objetivación subversiva como Tupac Amaru en el norte, y otras en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

Al cierre, el ciudadano común solo dispone de respuestas que fraternizan con la retirada del Estado: tolerar la destrucción y/o hurto de sus bienes o, simplemente, perecer en medio de la ocurrencia y amplificación de actos vandálicos.


* Foto de portada: Diario Clarín


Notas relacionadas

* Resurrección: la segunda venida de los pesificadores (del Editor, en donde se anticipaba la ocurrencia de saqueos y el protagonismo del narco), en http://www.elojodigital.com/contenido/12744-resurreccion-la-segunda-venida-de-los-pesificadores
* 'Gran Bonete' cordobés (del Editor), en http://www.elojodigital.com/contenido/12786-gran-bonete-cordobes
* El hambre y las ganas de comer: Pablo Portaluppi, en http://www.elojodigital.com/contenido/12791-el-hambre-y-las-ganas-de-comer