Tahúres del caos

La ocurrencia de acontecimientos complejos compartidos por un enrevesado 2013 -cortes de energía, detonación del dólar paralelo, vandalismo y la ausencia explícita de la Presidente del sillón de Rivadavia- parece haber ingresado en un compás de espera, a consecuencia del inicio de la temporada estival. Pero el pretendido sosiego que sobreviene con el comienzo del verano se presenta algo efímero.

Visiblemente desbordado por la realidad -en tanto nutre el protagonismo de un flamígero "Rodrigazo" en cuotas-, el Gobierno Nacional ha enfocado su empeño en la poco elegante neutralización de los incrementos salariales reclamados por las distintas policías provinciales y por las fuerzas de seguridad de orden federal. Desde este objetivo frugal -que atiende a la necesidad de congelar a priori la escalada de demandas en el ámbito de paritarias-, la Casa Rosada alimentará su narrativa argumentando que los agentes del interior que exhiben sueldos promedio de $4 mil de bolsillo incurrieron, en rigor, en el grave delito de sedición. Cobra fuerza la formulación esquizoide de parte de pensadores en el seno del extremismo de oportunidad, caso Edgardo Depetris. El presente dato no serviría para ilustrar gran cosa, salvo para concluir que el estado de descabezamiento que caracteriza a la Administración ha cruzado holgadamente la frontera del absurdo. Por cuanto el esfuerzo de provocación y esmerilamiento que toma a policías por pérfidos oponentes solo conducirá a expandir la "sensación" de inseguridad, mientras que también empujará al elemento corrupto de algunas fuerzas a sellar pactos de palabra con la delincuencia para, de esta manera, obsequiarle color a un original método de protesta. Como sustento teórico-práctico desde el cual fundamentar este diagnóstico, cabe remitirse a algunos ejemplos, computados durante la "semana de los saqueos" en los albores de diciembre: el enfrentamiento a tiros entre facciones de la Policía Bonaerense en el cuadrante macrocentro de La Plata; el consenso subterráneo entre la vieja cúpula de la Policía de Córdoba -hoy perseguida por cargos de tráfico de estupefacientes- y miniejércitos de vándalos motorizados bajo modalidad colombiana; y la ruptura registrada entre los uniformados del Chaco y Entre Ríos, con la ciudad de Concordia como epicentro. El gran público fue convenientemente desinformado; a tal efecto, incluso los medios masivos de comunicación enfrentados a la agenda de Balcarce 50 silenciaron premeditadamente la cifra real de decesos en Tucumán -más de cincuenta, a partir de centenares de episodios de ingresos violentos a domicilios particulares y ataques organizados a escala contra hipermercados-. Lo propio se hizo en el territorio gobernado por De la Sota (donde se informó sobre más de dos mil ataques contra hogares) y en el ya citado escenario entrerriano. Recurriendo a la agitación de la "conspiración policial", el gobierno de la desaparecida jefe de Estado terminará por amplificar este problema. Con el agravante de que sus alcances serán bastante más punzantes de lo que se vio un mes atrás.

Mientras que el cristinismo sin Cristina continúa ahogándose en la ciénaga de la debacle autogenerada, la densitometría opositora también reclama su responsabilidad en el regenteo del caos. Como fiel exponente de esta hipótesis, el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, hace oídos sordos a los ya ocho días de interrupción de la Autopista Illia por parte de residentes de la Villa 31; acaso jugueteando con el malhumor social y exasperando la retórica politiquera resumida en la expresión "Mientras peor, mejor". El Señor Intendente no solo ha decidido exeptuar del pago de contribuciones a Cristóbal López -su nuevo amigo en las sombras-; en simultáneo, castiga a sus votantes con un impuestazo que parte de la sobrevaluación de automóviles por encima de los precios de mercado, con tal de recaudar más desde su autoritario "Fondo Subte". Y, próximamente, le sacará punta al lápiz para implementar un funesto revalúo del valor catastral de los inmuebles. Todo ello, con el propósito ya inocultable de deslizar bajo la alfombra lo que todo mundo sabe, esto es, que ha defaulteado inapelablemente las finanzas de la Ciudad Autónoma. "De tal palo, tal astilla", es el refrán que Macri ha hecho propio, como parte de una protoburguesía industrial acostumbrada a delinear su estrategia de supervivencia en base a su adherencia al Estado, para provecho propio. Siguiendo el librillo de su padre, Franco. Que no viene a ser diferente del que portaron los Fortabat, los Pérez Companc, los Bulgheroni, y tantos otros innombrables.

Durante las últimas semanas, el circuito radical-socialista (Hermes Binner, Julio Cobos y compañía) ha llevado a cabo cónclaves de objetivación secreta, conforme solo se ha dejado trascender un compendio de declaraciones inocuas que no hicieron al fondo de la cuestión. Este espectro, al igual que el peronismo massista que confluye con el sciolismo, deduce que la dinámica institucional se agravará con la llegada del mes de marzo, y que es menester confeccionar una agenda de varios puntos que versarán sobre mecanismos a través de los cuales facilitar una "transición ordenada". Aunque la pingüe ganancia del socialismo, entre las sombras, coincida fundamentalmente con la permanencia de la viuda, en orden a que este solo hecho termine licuando las esperanzas electorales del arco peronistoide, en 2015. 

Otros players pejotistas con mayor kilometraje -y portadores de un gen maquiavélico más perfeccionado- se atreven hoy a sugerir que el sistema demanda una suerte de mani pulite regulado. Lo que se propone es el planteo de un boceto paraconstitucional, útil para descomprimir el alborotado ánimo de la opinión pública, y que derive en la persecución judicial no solo de la Presidente sino también de algunos de sus encumbrados próceres de su núcleo duro. "La gente quiere sangre; hay que dársela", dirán los selectos comunicadores underground de la camarilla. Sobra lavado. Abundan negocios ilícitos. Incluso capítulos obscuros de hijos del poder concertando con drogas. En definitiva, hay "con qué". ¿Serán el Teniente General Milani y Sergio Berni los garantes callejeros de la transmisión anticipada del poder?

Así las cosas, los arquitectos del sistema aspiran a un consenso que sacrifique a la Reina... para resguardar al feudo. Analizan aquéllos que Cristina Elisabet Fernández Wilhelm -convalesciente o no, pues eso poco interesa- debe ser puesta como ejemplo. Para que el Estado pueda ser transferido a otro puñado de continuadores en posibilidad de heredar el esquema, reciclados desde un falso "borrón y cuenta nueva". Los problemas del país quedarán -como siempre- para la próxima.

Incendiar Roma, para salvar al Imperio.