España: deslealtad institucional

Hablábamos, hace poco, del derecho a decidir, así en global, que todo español tiene en nuestro país. Un derecho que, como cualquier otro, en todo estado democrático que se precie, debe venir tasado reglamentariamente por la Constitución y las leyes que conforman su ordenamiento jurídico. Un derecho a decidir que, tal como se propone, tiene normas que lo regulan, como pudimos ver en la columna mencionada, y que tienen que ser respetadas por todos los ciudadanos. Pues, el respeto a las normas -por parte de todos- es el principio básico de toda democracia y Estado de Derecho. Sin ese respeto y, sin que la obligatoriedad de ese respeto sea igual para todos los ciudadanos, se pone en entredicho el valor democracia. Estaríamos viciando el Estado de Derecho y retorciendo la igualdad para todos sus ciudadanos dimanante del Título Preliminar de nuestra Constitución.

 

Todos los ciudadanos tenemos la obligación de cumplir las normas. Esta premisa tan sencilla y de cajón, parece que se nos olvida. Olvido que se demuestra al estar continuamente, y a todos los niveles, hablando de nuestros derechos y obviando nuestras obligaciones. Pero la cuestión va más allá; puesto que dicen las leyes que el desconocimiento de las normas no nos exime a nadie de su cumplimiento. De hecho, todos los ciudadanos debemos andar con pies de plomo para no transgredir las normas. Porque, en caso de hacerlo con cualquier norma, tendremos que pagar las consecuencias. Si vamos a una velocidad mayor con nuestros vehículos y nos toman una foto, tendremos que pagar la correspondiente multa; si dejamos de pagar determinado impuesto, se nos gravará con un recargo y así sucesivamente.

 

Pero esto no siempre es así. Porque, por poner un ejemplo, cuando se tratan temas tan peliagudos como pudiera ser el famoso caso Urdangarín, parece que se ponen trabas de toda índole a la justicia para que no sea efectivamente igual para todos los ciudadanos. Si en lugar de la infanta, a la que hubiera de imputar el juez, fuese a mi mujer, llevaría imputada mi esposa varios meses. Sin embargo, en España, la justicia no es igual para todos los ciudadanos. Como tampoco lo es en el caso de que un político saque los pies del tiesto. No lo fue cuando en la época del plan Ibarretxe, el señor que da nombre a dicho plan sacó sus pies del tiesto, y no lo es ahora con el asunto del tan cacareado derecho a decidir catalán.

 

Si un ciudadano de a pie incumple una norma, paga con una multa, con un recargo o con la cárcel como hemos dicho. Empero, si esa misma norma la incumple alguien de la casta política o sindical, como podemos ver a lo largo de éstos últimos años, no hay ni recargo, ni multa, ni mucho menos cárcel. Y si la hubiere, sería cinco estrellas. Demostrando, ya no sólo que la igualdad en la justicia es una quimera en España, sino que dejaría más que patente que aquí hay ciudadanos de primera y de segunda. Para ser de primera, tienes que hacerte afiliado a algún sindicato, a algún partido político mayoritario, jugar al fútbol en algún equipo de primera división o ser independentista. El resto, es decir, la inmensa mayoría, seremos siempre de segunda. Honestos, honrados y cumplidores pero de segunda.

 

Es éste uno de los mayores problemas que tiene España. Porque, al no haber castigo, éste inmune legalmente se arroga una serie de beneficios de toda índole que lo elevan a los altares sobre los pobres ciudadanos de a pie. Al no haber castigo, es absurdo pedir responsabilidades. Si el castigo a determinados actos es minúsculo o inexistente ¿para qué pedir que se depuren responsabilidades? ¿De qué sirve? ¿Acaso sirve de algo que nos diga: “Sí, he sido yo” si luego no hay castigo? Pidamos mejor que se establezca un ordenamiento jurídico más serio y eficaz. Que se conforme un Consejo General del Poder Judicial efectivamente independiente de toda injerencia política y hagamos que los jueces, ahora sí independientes, juzguen igual a un ciudadano que a otro. Y que, en caso de incumplir esa máxima que nos dice la Constitución, ese juez sea inhabilitado. Eso sí sería verdaderamente un estado democrático de Derecho. Eso, consecuentemente, sería lo primero que habría que cambiar de este país. Pero eso no sucederá. Mientras que los que tengan que diseñar este Estado sean los mismos a los que, con esas medidas, vamos a quitarles poder y atribuciones; reducirles beneficios y hacerles menos de primera. Es decir, vamos a humanizar a todo demiurgo que pululan por nuestro país.

 

Pero volvamos al derecho a decidir. Hablemos de los que están solicitando que nos saltemos las normas y que se haga un referéndum sin cumplir las condiciones establecidas por la Constitución para ello. De los que, en definitiva, están transgrediendo la ley. Se mire como se mire, esto es un delito, y además flagrante, contra la Constitución. Como ya hemos dicho, si cualquier ciudadano transgrede cualquier norma, lógicamente tendrá que pagar su delito. Salvo que esa transgresión sea quemar una fotografía del rey o una bandera de España, en cuyo caso no pasará nada en absoluto.

 

Entendemos pues que, por no cumplir con la Constitución o intentar esquivar su cumplimiento (puenteándola para ir a una instancia ajena a España, como es la justicia Europea, aunque ya haya manifestado que éste es un problema interno de España y, por lo tanto, corresponde a nuestro país su solución); por no cumplir con las normas tasadas en la Constitución y el ordenamiento jurídico referentes a la celebración de un referéndum y por instigar a la secesión de su región, e incluso llamar a la rebeldía del electorado que él representa, el señor Mas, bajo nuestro punto de vista, debería pagar las consecuencias. Si hubiera un tribunal constitucional serio. En cuyo caso, debería actuar de oficio sin más dilación y llamarlo a declarar mañana mismo. A él y a todos sus cómplices. Como, por otro lado, debieron hacer hace años con el antedicho plan Ibarretxe y tampoco hicieron. Por lo que no creo que esta institución defienda a España en absoluto. No la defendió en el mencionado caso vasco, ni la va a defender ahora. Eso sí, no sabemos, aunque nos da la ligera impresión, de que se debe a que estas instituciones tienen miedo a hacer cumplir las normas a quienes no las respetan.

 

Si bien, cada vez son más las voces que se alzan en contra de tan abyecta transgresión. No en vano, son varias las voces que hemos podido escuchar últimamente. De hecho, el otro día, en su discurso de fin de año, el presidente del principado de Asturias dijo en el periódico ABC que hay que respetar las reglas del juego democrático en cuanto a diálogo y a la búsqueda de acuerdos entre todos “con pleno respeto a las reglas democráticas que nos hemos otorgado”. Donde también dijo que: “Nuestra fortísima conciencia de identidad no se construye contra otras realidades culturales”. Abundó también en la idea de que Asturias no puede desentenderse de los problemas suscitados por el desafío independentista porque “ésta sería una omisión inaceptable respecto a nosotros mismos”. Por otro lado, en el mismo medio se destaca el discurso de José Antonio Monago, presidente de Extremadura, quien dijo que: “Cataluña no tiene que preguntar si es Estado, porque ya es Estado pues las comunidades autónomas, al formar parte de España, ya son Estado”.

 

No tenemos constancia de que España vaya a ser defendida por sus instituciones como hemos mencionado. Ni siquiera esperamos que defiendan nuestro país. Entendiendo, eso sí, por España no un ideal de determinada tendencia política, sino el conjunto de ciudadanos, culturas y singularidades que conforman un Estado libre e independiente, que se llama España. Un Estado que debería proteger a cada uno de sus ciudadanos, porque éstos a su vez, son los garantes de lo que se da en llamar la nación española. Una nación que paga, y muy bien, a los miembros de dichas instituciones.
 

Foto de portada. MADRID, 06/12/2011.- Varios militares despliegan la bandera nacional durante el acto solemne de izado de la enseña en los Jardines del Descubrimiento en la Plaza de Colón de Madrid con motivo de la celebración del 33 aniversario de la Constitución española. EFE/ Archivo/Javier Lizón