Regular el tráfico de drogas, para monopolizar el negocio

A comienzos de 2007, el ciudadano colombiano y por entonces líder del Cártel del Norte del Valle, Juan Carlos Ramírez Abadía (alias "Chupeta") fue detenido en San Pablo por las autoridades brasileñas. Recién cinco años después, los medios internacionales accederían a los contenidos del libro contable del capo -quien había fugado de su país natal-, en donde apuntaba de puño y letra: "Por mi dinero, he tenido la ventaja de reunirme con políticos, actrices, no sólo de Colombia, ministros, alcaldes, gobernadores, militares, 'paracos' [paramilitares], guerrilleros [FARC], civiles, con todo tipo de gente; y aprendí que con quienes debo ser más desconfiado es con los personajes de la política". A la postre, el libro del traficante revelaría las identidades de dieciséis generales del ejército y la Policía Nacional, tres almirantes, siete coroneles y dos capitanes de fragata a los que "Chupeta" abonaba sumas de entre 16 mil y 135 mil dólares estadounidenses con rigor mensual.

Hace precisamente un año, en enero de 2013, la realidad de la nación cafetera también se vería atormentada por un episodio que tuvo por protagonistas a un teniente y un soldado raso del ejército, sorprendidos mientras transportaban algo más de cuatrocientos kilos de cocaína en un camión del arma. El prestigioso matutino El Tiempo resumiría en pocas líneas otra serie de grotescos prolegómenos que involucraron en su oportunidad a elementos de las fuerzas armadas locales:

1. Tolemaida: por transportar 20 kilos de marihuana desde Cauca hasta la base de Tolemaida, fueron capturados en diciembre 6 soldados. 27 más fueron retirados.
2. Mayor en Valle: también en diciembre, la Policía capturó al mayor del Ejército Edinson García, quien llevaba 79 kilos de marihuana en un carro.
3. Camión en Urabá: Contrainteligencia del Ejército detectó en junio que 6 militares, entre ellos un oficial, llevaban 600 kilos de coca, al parecer perteneciente a bandas, en un camión en Mututá (Antioquia).

Mientras tanto, en los albores de agosto de 2012, México registró un interesante relato de connivencia entre cuatro generales del Ejército y el crimen organizado. El magistrado interviniente acusó a los uniformados de facilitar información y colaboración al violento cártel de los hermanos Beltrán-Leyva. Organización que había sido declarada de interés por el gobierno federal mexicano y por el gobierno estadounidense, en virtud de que no solo exhibía un grado de violencia inusual para aquellos tiempos, sino que incluso había logrado infiltrarse en altas esferas de la Administración azteca, las fuerzas armadas y la oficina local de Interpol. El evento condujo en esa instancia al entonces precandidato a presidente Enrique Peña Nieto a afirmar que su país carecía de "una estrategia de seguridad nacional".

A pesar de contar con unas fuerzas armadas bien pertrechadas, un cuerpo judicial firmemente comprometido con el sistema republicano y una sólida decisión política -las fuerzas especiales del país han sido entrenadas por Boinas Verdes estadounidenses y elementos del Special Air Service [SAS] británico-, México continúa sin poder hallar salida a la vorágine de violencia compartida por el tráfico de drogas y sus secuaces en el crimen organizado. En Colombia, el escenario cobra dimensiones igualmente preocupantes, aún cuando la nación caribeña también se ve favorecida por el accionar profesional de una Inteligencia dotada de una estrategia clara y un notorio financiamiento, y un ejército con un poderío envidiable, experto en lucha antisubversiva y bien entrenado en maniobras de desplazamiento en teatros de operaciones selváticos -táctica enmarcada en el rastreo y persecución de los narcotraficantes hasta su propias madrigueras.

En lo que remite a uno de los contextos socioeconómicos más delicados de nuestra historia reciente, la Administración Kirchner ha propuesto un reacomodamiento de la doctrina de las Fuerzas Armadas, para que éstas puedan intervenir directamente en el combate del flagelo del tráfico de estupefacientes. A contramano de la legislación que entiende sobre Seguridad Interior, y bajo el auspicio del recientemente ascendido a Teniente General, César Milani -ya bajo la lupa del Departamento del Tesoro de EE.UU.-, la Argentina se prepara para acometer un acto definitivo de suicidio. A sabiendas de que ya la corporación política -para ser justos, desde 1983 hasta la fecha-, el espectro judicial (casi en su totalidad), un cincuentenar de legisladores y ciertos ámbitos de las policías Federal y provinciales y Gendarmería Nacional actúan como personeros y facilitadores de la producción, distribución y comercialización de drogas, solo faltaba comprometer en tales actividades a los militares. Este factor de desaprensivo intervencionismo -que pretende extenderse ahora a la órbita de las FF.AA.- ha cobrado una dinámica particularmente perturbadora, puesto que se han conocido opiniones favorables respecto de la iniciativa por parte de Daniel Osvaldo Scioli y Mauricio Macri, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma, respectivamente. Más preocupantes se vuelven el tono y el contenido de las declaraciones de los citados 'servidores públicos', apenas se atiende al hecho de que ambos se proponen como candidatos a la Presidencia de la Nación.

Scioli y Macri no solo actúan en franco desconocimiento de los nefastos antecedentes que hacen al involucramiento de los militares en el duelo versus el narcotráfico en América Latina: en vistas de esa aparente ignorancia, parecen obrar en conjunto para certificar que, en tanto es cierto que la Argentina no se caracteriza por registrar la existencia de cárteles locales, es la propia función pública (junto al esfuerzo complementario de otros poderes del Estado) la que participa de las utilidades devueltas por el delito. Otra notable coincidencia hace al territorio que ambos administran, esto es, espacios en donde reside el grueso del público consumidor de marihuana, cocaína y su económico subproducto -el Paco-, y drogas sintéticas (cuya producción y comercialización en el país computan hoy un auge sin paralelo). Al cierre, Gobernador y Jefe de Gobierno se entretienen justificando alegremente desde sus respectivos atriles y público abundante en aplaudidores pagos la despreocupada Doctrina Milani. O, para explicitarlo sin vueltas, la proposición del bizarro terceto Macri-Scioli-Milani se orienta a poner el carro delante del caballo, para que el equino sucumba en medio de una sobredosis.

En el quebranto y detrás del telón, la agonía de las políticas de seguridad del macrismo y el sciolismo podrían resumirse en contados capítulos: la desaparición programada de la Policía Metropolitana de la Ciudad en la represión contra la droga, maniobra saludada oportunamente por el derechohumanismo abolicionista (socio predilecto del narco); el ocultamiento explícito de las estadísticas de homicidios en la Provincia de Buenos Aires bajo mandato del Teorema Arslanian, tendiente a que traficantes, cortadores de autos, policías corruptos y delincuentes comunes puedan seguir ultimando a civiles con impunidad y haciéndose de su porción de las ganancias; y la exportación del producto de pureza superior hacia Europa recurriendo al tráfico de influencias y echando mano de terminales portuarias en la Provincia.

Aunque quizás sea certero aquello de que "No hay almuerzos gratis": próximamente, Daniel Scioli no tendrá otro camino que desayunarse con la novedad de que uno de sus funcionarios de primera línea se encuentra profundamente involucrado en el tráfico de efedrina y en extendido trato con el recientemente capturado Juan Ignacio Suris. Dealer farandulero cuyo letrado -para qué obviar detalles jugosos- ha sostenido reiterados encuentros personales con cierto Señor Recaudador que gusta emprenderla contra noteros, mientras reposa en localidades turísticas del extranjero. El problema para el Gobernador es que su candidatura presidencial se encuentra en jaque: son varios de sus acólitos en el Gabinete los que se han decidido a explotar las debilidades del sistema, sacando ventaja, en el proceso, de la neutralización compulsiva del control de precursores químicos desde SEDRONAR.

Y no vaya a ser que ciertos periodistas investigadores de oficio descubran, en el epílogo, que AFIP no solo brinda cobertura a amigotes en comando de negocios obscuros de importación y exportación, sino que también prohíja a traficantes de drogas.

Es que el languideciente modelo, en su fin de ciclo, parece exhibirse en extremo necesitado de fondos.
 

Referencias

- Diario del narco 'Chupeta' revela pagos a militares y políticos (Vanguardia, Colombia; 4 de julio de 2012): http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/163864-diario-de-narco-chupeta-revela-pagos-de-militares-y-politicos
- Procesados cuatro generales mexicanos por narcotráfico (El País, España; 1 de agosto de 2012): http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/01/actualidad/1343788574_792839.html
- Otro escándalo de narcotráfico salpica a uniformados (El Tiempo, Colombia; 17 de enero de 2013): http://www.eltiempo.com/colombia/cali/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12526549.html