OEA, un organismo claramente no intervencionista

La semana pasada, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, hizo un llamado de atención a Venezuela, incitando a la oposición y al oficialismo a sentarse a negociar una salida pacífica a la actual crisis política que sufre este país. El secretario, queriendo ser imparcial, recalcó que la intervención no es necesaria afirmando que “el intervencionismo ya es una cosa del pasado”. Es cierto que el respeto por la soberanía de los Estados Nacionales y la legitimidad de sus actos políticos es importante; es cierto que la intervención militar, además de resultar más perjudicial que benigna, debe ser una herramienta de última instancia; no obstante ello, también es cierto que asumir una posición política clara no es lo mismo que intervenir.
 

Asumir una posición política no necesariamente implica asumir una postura de izquierda o derecha. Una de las principales posiciones políticas del gobierno de los Estados Unidos es no negociar con terroristas, independientemente del talante republicano o demócrata de la Administración de turno; lo propio sucede con la Unión Europea y su posición de solo aceptar países con gobiernos democráticos, sin que la preferencia por un Estado de bienestar o fiscalmente conservador de sus integrantes afecte dicha resolución. Si se analiza la historia de la OEA, se verá que esta institución nunca ha tenido posturas tan claras como los otros dos organismos mencionados en cuestión. 
 

La OEA, desde su fundación en el año de 1948, ha sido un organismo de resultados mixtos, con logros como la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o el BID y, aún así, pusilánime frente a las dictaduras y regímenes liberticidas. La única vez en que la OEA pudo plantarle cara a un régimen dictatorial fue en el año de 1962 con la expulsión de Cuba, recién empezando el régimen castrista, por presión, irónicamente, del presidente venezolano Rómulo Betancur. 
 

De la expulsión de Cuba en adelante, la historia de la OEA se ha visto marcada por una protesta pasiva y posiciones ambiguas frente a los regímenes dictatoriales. A pesar de que estas dictaduras latinoamericanas fueron denunciadas en numerosas ocasiones por la CIDH y otros organismos internacionales, la OEA jamás tuvo la disposición de llevar sus protestas hasta las últimas consecuencias. No expulsó a Nicaragua bajo la dictadura de Anastasio Somoza; toleró el derrocamiento de Salvador Allende por parte de Pinochet; no fue clara con los distintos gobiernos militares en El Salvador, y si lo hubiera hecho tal vez se hubiera evitado una cruenta guerra civil; con Uruguay se comportó igual de cobarde; y la misma historia se repite en el Proceso de Reorganización Nacional en Argentina a principios de los ochenta.
 

La única que vez que la OEA volvió a mostrar su firmeza fue en el año 2009, ocasión en que se opuso al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya en Honduras, un radical cómplice de la dictadura responsable de la actual crisis en Venezuela y con dudosa estabilidad mental para gobernar; su desfachatez llegó a tal punto que hasta el propio partido de Zelaya, el Partido Liberal de Honduras, apoyó el golpe de Estado. Cabe mencionar que, durante ese mismo año, Cuba fue readmitida en la OEA.
 

En la actualidad, el organismo conducido por Insulza continúa tolerando la represión y la violación de las libertades individuales, escudándose bajo el argumento de la 'no intervención'; esta vez, con el alivio de que los gobiernos de Rafael Correa, Daniel Ortega o Nicolás Maduro, no llegan a los niveles de represión de las dictaduras de los años setenta y ochenta. No obstante, muestra de la equivocación de este organismo es Venezuela, un país donde la clase media esta destruida y la oposición, siendo más de la mitad de la población, difícilmente tiene voz y voto. Solo queda señalar que en la Carta Orgánica de la OEA en el Articulo 2, Capítulo I, sección B, se menciona como uno de sus deberes “Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención”, eso sí, otorgándole mayor importancia al principio de no intervención que a la democracia representativa.