Argentina: colapso con ritmo de tango

Bajo la Administración de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina se ha embarcado en una senda de autodestrucción económica, en tanto el país comienza a convertirse en un nodo cada vez más importante para el tráfico de drogas y el lavado de dinero, conforme lo apuntara recientemente el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

 

Recientemente, tanto funcionarios del gobierno como líderes de la influyente Iglesia Católica han lamentado que gran parte de la actividad criminal tenga lugar con complicidad del gobierno federal.

 

A lo largo del último año, el think tank IASC (International Assessment and Strategy Center) ha liberado tres informes que documentan estas tendencias. Estos trabajos exponen sobre:

 

• Los extendidos escándalos de corrupción en altos niveles del gobierno.

• El enorme crecimiento de la riqueza personal de la presidente del país desde su llegada al poder.

• Los intentos del gobierno por silenciar a la prensa independiente.

• La intromisión del poder en la esfera judicial -incluyendo el despido de un agresivo fiscal federal que investigaba millones de dólares en sospechosos y lucrativos acuerdos entre la familia presidencial y uno de sus principales socios de negocios.

• El fortalecimiento de los lazos de la Administración con la República Islámica de Irán.

• La creciente retórica y políticas antiestadounidenses.

 

Este patrón de comportamiento antidemocrático llevó al senador de EE.UU.  Robert Menéndez (Demócrata por Nueva Jersey, a la sazón presidente y miembro del Comité del Senado sobre Relaciones Exteriores), y al también senador Marco Rubio (Republicano por Florida) a cuestionar públicamente si acaso la Argentina deba seguir siendo considerada como una democracia madura y como un aliado de los Estados Unidos de América.

 

La respuesta a ambas preguntas es negativa: Fernández de Kirchner está siguiendo el modelo bolivariano de criminalización y de autoritarismo político iniciado por Hugo Chávez en Venezuela; no transita un camino de pluralismo democrático y Estado de derecho.

 

Lo cual remite a otra importante pregunta: dada la naturaleza del gobierno de Fernández de Kirchner, ¿cómo logró que Paul Clement -respetado procurador general del gobierno estadounidense- arribara como su representante legal para aconsejarlo en su caso contra los hedge funds de Estados Unidos que ahora pide a la Corte Suprema revisar?

 

Con solidez, los juzgados de primera instancia han fallado contra la Argentina en el caso. En declaraciones orales ante la corte de apelaciones, los representantes legales del gobierno argentino dijeron que su cliente no obedecería orden judicial alguna que le ordenase abonar los US$ 1.300 millones que los hedge funds persiguen como repago de créditos que la Argentina hizo defaultear en 2001.

 

A pesar del desdén público por el sistema legal estadounidense -régimen bajo el cual inicialmente aceptó se arbitrara-, la Argentina tiene derecho a contar con su oportunidad en una corte norteamericana.

 

Pero la Argentina no es un caso ordinario en el que un gobierno persigue una compensación. El gobierno de Fernández de Kirchner ha fallado con reurrencia al momento de respetar sus obligaciones internacionales en muchos otros foros, como ser el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Club de París.

 

A diferencia de la mayoría de los gobiernos, la Administración Fernández de Kirchner no confecciona acuerdos sobre hechos concretos, ni siquiera sobre indicadores económicos básicos. Durante años, el gobierno manufacturó cifras de inflación. Solo detuvo esa práctica -y a regañadientes- el pasado mes, momento en que, presa de la desesperación por fondos frescos de parte de organismos internacionales de crédito (a los que antes había despreciado), prometió reformas. Con la esperanza de calificar para préstamos del FMI. 

 

El atractivo del gobierno de Fernández de Kirchner por contar con un experto legal tan eminente para que lo represente, es obvio. Clement, que se desempeñó como procurador general desde 2005 hasta 2008 -al igual que en otras posiciones del Departamento de Justicia-, ha litigado en más de setenta casos ante la Corte Suprema, y ha cosechado numerosos reconocimientos de prestigio, los cuales dan fe de su perspicacia legal.

 

Lo que resulta desconcertante es por qué alguien de semejante reputación aceptaría como cliente a un gobierno que se encuentra listado entre los más corruptos de América Latina, con tendencias autoritarias en crecimiento, una firme postura antiestadounidense y un igualmente recurrente y permisivo comportamiento frente a grupos del crimen organizado transnacional.

 

Se trata de un gobierno que defiende su propia ineptitud fomentando teorías conspirativas frente a cómo los Estados Unidos de América y Gran Bretaña han venido conspirando (desde un siglo atrás) para removerlo de su gloriosa posición como una de las naciones más ricas.

 

Clement de seguro es un muy buen abogado. Su reputación es estelar y trae consigo el peso que hace a un funcionario senior del Departamento de Justicia que ha servido a su país.

 

¿Por qué arriesgaría todo aquello, defendiendo a un gobierno que ya ha declarado que no tiene intenciones de cumplir con un fallo adverso, y en cuyo país el Estado de derecho queda reducido a las palabras? Acaso Clement considera que los méritos del caso superan la carga que sobreviene con el cliente a representar. Cómo debe ser eso, es difícil de imaginar.

 

 

Traducción al español: Matías E. Ruiz, y reproducido con permiso del autor | Artículo original publicado por The Miami Herald, en http://www.miamiherald.com/2014/03/16/3998925/argentina-tangos-toward-collapse.html