Paraguay: la justicia como última frontera

El sistema de justicia basado en el postulado de la supremacía de la ley que deviene de los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad, y cuyo correlato práctico se da en el debido proceso, se fue constituyendo a lo largo de la historia, para así ir dando lugar a la civilización, en contraposición a la barbarie.

 

Al respecto, podemos colegir que el sistema de justicia es la última frontera para la consecución de la sociedad libre; caso contrario, retrocederíamos a estadios de manifiesto autoritarismo en el que el más fuerte hace valer por sobre los demás sus propios designios.

 

En todo tiempo y lugar el acecho a aquella última frontera por parte de los autoritarios disfrazados de "ingenieros sociales" y colectivistas de toda laya, se manifiesta cada tanto. Las amenazas a la libertad y la propiedad se inician cuando el sistema de justicia empieza a ser tomada por asalto por aquellos que pretenden dirigir la vida de los demás por medio de la coerción.

 

Lo ocurrido recientemente en mi país con el cambio del fiscal de delitos económicos, Carlos Arregui, en cuya unidad se estaban investigando varios casos de políticos y legisladores involucrados en casos de corrupción, es una muestra de ello.

 

En el caso mencionado todo apunta nuevamente a considerar como ciertas las nefastas influencias de los intereses políticos en el proceso de investigación de posibles delitos. Tiene razón el fiscal Arregui cuando afirma que la decisión del Fiscal General de Estado, Javier Díaz Verón de cambiarlo demuestra un grave debilitamiento institucional.

 

Es de subrayar, en tal sentido, que la democracia lograda en el país se agota en la transparencia del proceso electoral, lo que es muy diferente a la República, presupuesto institucional para la consolidación de los derechos individuales. La República solo puede sustentarse en el tiempo cuando se enfatiza en el respeto a la división de los poderes, motivo por el cual el principio de legalidad ocurre cuando debidamente están establecidos los límites y atribuciones de los órganos del estado.

 

Sin esta división de los poderes, la democracia cae inexorablemente en una corrupción que resulta todavía más peligrosa cuando se vuelve sistémica, esto es, cuando la clase política se percata que la impunidad se convierte en una capa protectora que impide al sistema de justicia investigar y sancionar el enriquecimiento indebido, el tráfico de influencias así como el uso arbitrario del dinero de los contribuyentes en el presupuesto público y tantos otros delitos tipificados en los respectivos códigos.

 

No obstante, y si bien se requiere una profunda modificación de carácter constitucional en lo que se refiere al Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura para terminar con la extrema dependencia del Poder Judicial y del Ministerio Público a los sometimientos y caprichos de los políticos, también en el sistema de justicia se requiere de hombres y mujeres revestidos de aquella necesaria e ineludible impronta moral, a lo que se agrega la valentía y fortaleza que jueces y fiscales deben mostrar a cada instante en sus respectivas funciones.

 

La influencia de la política partidaria en el sistema de justicia está probada y es conocido por todos. Es ineficiente, costosa y corrupta. En todas partes, los políticos no hacen más que defender sus propios intereses, siendo esta conducta todavía más peligrosa en los países de alta debilidad institucional.

 

Por de pronto, resulta lamentable que el Fiscal General del Estado haya firmado el cambio del fiscal Arregui, atendiendo a que su unidad estaba investigando y hasta acusando en su momento a varios políticos involucrados en hechos de corrupción lo que fue concitando la adhesión y simpatía de la ciudadanía. El Fiscal General cedió ante la presión de los intereses creados.

 

Por otro lado, resultará todavía más lamentable que luego de este cambio se produzcan dos hechos. El primero, que el fiscal Arregui renuncie y, segundo, que luego del cambio no sigan las investigaciones porque eso hará que los políticos no tengan ningún límite o miedo por rendir cuentas de sus fechorías, volviéndose todavía más insaciables con la cosa pública.

 

El presidente Cartes no está fuera de estos hechos ni exento de responsabilidades. El primer mandatario debe saber que lo ocurrido con el fiscal Arregui no hace más que espantar las inversiones que tanto desea para el país. Nadie o muy pocos se animan a invertir ahí donde no existen ley ni orden, donde el sistema de justicia ya no es la última frontera de la civilización.


Publicado originalmente en el diario ABC Color, Asunción del Paraguay. Foto de portada: Carlos Arregui (ABC)