Costa Rica: ¿cambiando mandatos o cambiando mentalidades?

El pasado 8 de mayo fue un día histórico para la política costarricense: por primera vez en décadas, un partido denominado 'no tradicional' tomará las riendas del Poder Ejecutivo, poniéndole fin al 'bipartidismo'. Tras casi ocho meses de campaña, el candidato del Partido Acción Ciudadana (de izquierda progresista), Luis Guillermo Solís Rivera, pasó de ser un político desconocido apenas fuera del margen de error en las encuestas, a Presidente de la República. Los reiterados escándalos de corrupción y el endeble desempeño del país le pasaron la factura al oficialismo: Luis Guillermo Solís ganó con votos de cerca del 45% del padrón electoral, en lo que podría describirse como una apuesta política hacia algo “nuevo”, o al menos “no tradicional”. 
 

Más allá de las promesas y “realidades” citadas en campaña por los diversos candidatos, el nuevo mandatario recibirá una economía estancada, con retrasos en infraestructura que alcanzan los 40 años, un déficit fiscal galopante que amenaza con llegar al 7% del PIB, y una moneda devaluada hasta en un 17% en el primer trimestre, así como el cierre de importantes empresas -que se tradujo en el despido más de 5 mil personas en los últimos meses. 
 

Echando mano de un discurso centrado en la ética en la gestión pública, el nuevo oficialismo basa su “cambio de rumbo” en una apuesta partidaria: poner a las personas indicadas en los puestos correctos mejorará el rendimiento. El nuevo oficialismo achaca el estancamiento de Costa Rica a los gobernantes, afirmando que basta con una renovación de jerarquías para enrumbar de nuevo al país. Sin embargo, esto relega a un segundo plano la necesidad de enmendar la institucionalidad costarricense: podemos cambiar a los jerarcas pero, mientras las reglas del juego se mantengan, no habrá cambio.
 

Durante las últimas décadas, la creación de leyes en Costa Rica se ha disparado, llegando a tener prácticamente una legislación para cada aspecto de la nación. El resultado, ha sido una legislación cada vez más “formalizada”: el congreso costarricense se ha encargado de convertir las leyes en reglamentos, incrementando exponencialmente el tiempo de debate parlamentario por divergencias que deberían ser reglamentarias, y creando legislación que resulta, en ocasiones, inaplicable. Para cualquier gobernante, sin importar su color político, hablar de cambios integrales a la legislación costarricense con miras a llevar a cabo una ínfima parte de su plan de gobierno, es prácticamente un imposible. Con una vida media antes de dos años en debate, es complejo aprobar un proyecto de ley, y aún aquellos que logran ser aprobados, deben pasar por el escrutinio de la Sala Constitucional, único órgano de casación en temas constitucionales. Quizás el ejemplo más fatídico ha sido la reforma a la Ley de Tránsito local, la cual lleva ya dos administraciones presidenciales en largos procesos de aprobación, rechazo, consulta y reglamentación.  
 

Un principio básico de la economía es que las personas responden a incentivos, los resultados dependiendo de la forma en que estos se aplican. Para beneficio de algunos, y detrimento del bolsillo del contribuyente, las escalas salariales en el Estado han llegado a creer incentivos perversos. La complejidad y arbitrariedad de los llamados “pluses” estatales sobre sus empleados han permitido la aprobación de beneficios que pueden rayar en lo abusivo: ciertas instituciones han pagado a sus empleados por llegar a tiempo al trabajo, así como otras permiten que sus colaboradores obtengan mayores ingresos de acuerdo con la temperatura de los materiales con los que estén en contacto. Quizás lo más preocupante es el acostumbramiento que se ha dado con respecto a las alzas salariales. El régimen salarial vigente incluye lo que se conoce como “anualidades”. Originalmente concebidos como montos pagados a los colaboradores estatales por buen desempeño, actualmente se aplican de manera generalizada sin importar la productividad del funcionario: las evaluaciones anuales de desempeño no son vinculantes para el alza salarial por concepto de “anualidad”. 
 

Adicionalmente, relevar a un funcionario del gobierno de su cargo es uno de los trámites más engorrosos a lo interno del Estado. Los procesos de despido deben seguir un proceso investigativo exhaustivo, durante el cual el funcionario puede ser suspendido de su cargo con goce completo de su salario. Los despidos únicamente se pueden dar en caso que la investigación concluya que el funcionario cometió una falta grave, y aun en tal caso el empleado puede apelar la decisión en un proceso aún más extenso durante el cual continúa recibiendo íntegramente su salario. Para efectos prácticos, un empleado estatal cuenta con un empleo de por vida, con alzas salariales en términos reales aseguradas cada año, y con una probabilidad de despido, aun si tiene bajo rendimiento, nula.  Los incentivos son muy claros: con el mínimo esfuerzo se obtiene el máximo resultado. Bajo esta concepción será difícil cambiar la mentalidad de trabajo en el aparato estatal, en donde las quejas por un pésimo servicio al cliente así como la obstaculización deliberada de trámites se convirtieron en parte del día a día. 
 

Lo más preocupante son las ominosas herencias del paternalismo en la actitud costarricense. Lo que una vez fue un enorme Estado benefactor que incursionaba en actividades que iban desde la vende al detalle de productos con pérdida hasta el monopolio de jure sobre telecomunicaciones, hoy es un estado grande, pero con un poco más de permisibilidad para el accionar privado. Lo que una vez fue un Estado que se quedaba con las pérdidas en tiempos de vacas flacas pero se mantenía al margen en épocas boyantes, quedó en el pasado, y se responsabilizan (un poco más) los individuos por sus decisiones. Estos cambios no han sido bienvenidos. Desde organizaciones agrícolas clamando por el cierre de la economía a mercados internacionales hasta propuestas legislativas para crear fondos de rescate para personas endeudadas, cada día se acercan novedosos grupos de presión a demandar que el Estado costarricense solucione sus problemas y proteja sus actividades. La añoranza por un Estado grande y benefactor es latente en Costa Rica, donde todos la quieren celeste pero nadie quiere que le cueste. ¿Cómo pretender ser una economía desarrollada a base de soluciones radicadas una especie de modernización de la “petición de fabricantes de velas”?
 

En efecto, Costa Rica necesita de ajustes para poder mejorar, algunos de los cuales deben provenir del accionar del mismo aparato estatal. Es inadmisible saber que el 85% de los usuarios del seguro social experimenten dificultades con sus citas médicas y que nadie se haga responsable. Tampoco debemos mantener políticas en donde las poblaciones de menores ingresos paguen subsidios proteccionistas mal aplicados a productores agrícolas. El ahora nuevo presidente de la república don Luis Guillermo Solís se enfrentará a una institucionalidad costarricense endeble, con múltiples grupos de presión clamando por proteccionismo estatal, y un sector público altamente ineficiente. Será una prueba a su capacidad de liderazgo y diálogo llevar a cabo estos tan necesarios ajustes, o de lo contrario caeremos en el viejo adagio de Bastiat en donde “el Estado es la ficción mediante la cual todo el mundo trata de vivir a costa de todos los demás”.