La culpa no es del chancho

Reiteradas veces, en estas columna,s hemos recurrido a la crítica a la sociedad, a veces con riesgo de hartar. Pero es inevitable recaer en lo mismo, a la luz del caso Ciccone y la presunta participación de Amado Boudou. Dicho episodio está convirtiéndose, con el correr de las horas, ena suerte de culebrón, que es el recurso al que siempre se apela a la hora de embarrar la cancha. Mediatizando el caso, pasándolo por el tamiz de los siempre dispuestos periodistas militantes, convirtiendo al Vicepresidente en una especie de rockstar cuando, en rigor, de lo que versa el relato es de un hombre extremadamente ambicioso, tan inescrupuloso como trepador. El riesgo de convertir un caso gravísimo de corrupción en una réplica del 'Caso Coppola' es evidente; y corresponde advertirlo.

A la hora del análisis, es factible husmear en el pasado del Vice -conforme ya se hecho desde estas páginas-, o recalar en los modos empleados por el protagonista para alcanzar el Poder Ejecutivo. Para el caso, por qué no poner el foco en la propia Presidente de la Nación, responsable de designarlo como su compañero de fórmula. Finalmente, Boudou es lo que es, porque el 54% del electorado le confió su voto en octubre de 2011. En esto, todos somos cómplices: la oposición, por no haber sabido construir una alternativa al kirchnerismo; los grandes medios, por no prevenir frente a lo que se venía; los empresarios, porque la corruptela les importaba poco, en la medida en que pudieran cosechar ventajas o anotarse utilidades. Fundamentalmente, vale destacar que la ciudadanía -especialmente cuando el bolsillo no flaquea-, deja de atender a razones y se muestra irracionalmente tolerante de cara a la corrupción y al desmanejo del Estado. Se tolera que nadie cumpla prisión efectiva, que la Justicia deje contaminarse por el poder de turno, de la mano de acuerdos espurios y trasnochados. Asimismo, resulta atendible el temor que puede experimentar un magistrado al recibir amenazas, o cuando ve peligrar su fuente de trabajo. No obstante, ese miedo termina siendo el resultado directo del voto popular: cuando a una Administración se le obsequia la posibilidad de conservar su mandato por tercera vez consecutiva, y cuando los referentes de ese mismo gobierno no se han esforzado por ocultar su autoritario modus operandi desde el inicio, el poder se transforma en algo peligroso. El abuso queda a la vuelta de la esquina. Ni más ni menos, esto es lo que viene sucediendo desde octubre de 2011. Amado Boudou es sólo un ejemplo; el destino ha querido que su figura se transformase en un emblema de esta era, como en su oportunidad lo fue María Julia Alsogaray. 

Y corresponde no caer víctimas del autoengaño: el Frente Para la Victoria aún goza de buena salud. Todavía conserva importantes cuotas de poder, con decisión y posibilidades de presionar y extorsionar a jueces, periodistas, políticos, empresarios, sindicalistas; muy probablemente, el empeño del oficialismo en proteger a Amado Boudou tenga éxito -la estrategia volvería a coincidir con la remoción del Juez Ariel Lijo, y la exterminación de todo lo actuado por su juzgado hasta el día de la fecha. A tal efecto, el Consejo de la Magistratura aún exhibe mayoría de miembros del FPV gracias -nuevamente- a los votos cosechados durante las Presidenciales de 2011. Quizás, el Vicepresidente remate su carrera como un cadáver político, aún salvándose de terminar procesado y condenado a cumplir prisión efectiva. Tal escenario podría resultar devastador; en criollo, el mensaje sería: si arriba roban y nadie va preso, entonces, robemos todos.

Podría trazarse un paralelo notable con la debacle de finales de 2001: agobiada por las penurias económicas, y con el tiro final del corralito, la sociedad se hartó y decidió salir a protestar en las calles y avenidas del país. Si la Casa Rosada -a través de sus personeros- lograra remover a Lijo de la ecuación, muchos analistas coinciden en la eventualidad de instantáneas de agitación social. Con todo, habría que esperar y ver: los eventos de 2001 se vieron casi exclusivamente motorizados por el desastre económico aliancista, y además, el peronismo no revistaba en el gobierno. En la actualidad, es certero afirmar que el contexto macro y microeconómico dista de ser favorable; previsión que invita a examinar otras causas que podrían empujar al ciudadano de a pie a movilizarse.

La esperanza que aún se conserva es lo que ocurrió la semana pasada: cuando los rumores corrían fuerte sobre la remoción de Ariel Lijo de la causa Ciccone, dos legisladoras de la oposición, Laura Alonso y Patricia Bullrich, hicieron pública la información de que disponían y que ilustraba sobre los intentos de quitar a Ariel Lijo de la causa Ciccone. Desde el periodismo, Jorge Lanata y Omar Lavieri amplificaron el asunto; la Cámara regresó sobre sus pasos y nada hizo. A las pocas horas, el magistrado federal llamó a Boudou a indagatoria. En paralelo, Cristina Kirchner transformóse en la Abogada de su compañero en el Ejecutivo, y pidió avanzar contra el juez. En medio de sugerentes contradicciones, los letrados de Boudou -comandados por el ex Señor 8, Richarte- preparan un pedido de nulidad, o en su defecto, una apelación ante las Cámaras Federal y de Casación. 

El intento de embarrar la cancha y de “frivolizar” el caso por parte de Balcarce 50 conlleva un riesgo enorme: que gran parte de la sociedad, habitualmente ajena a estos menesteres, reaccione ante las presiones oficialistas y que, al decir de Perón, “haga tronar el escarmiento”. En este caso, la economía “ayuda”: si el consumo fuera récord (como sucedió durante años anteriores), la ciudadanía seguiría adormecida. Los acontecimientos se verán determinados por los pasos que la Casa Rosada decida tomar frente al polémico Vicepresidente.