Autoridad moral

En momentos en que, desde el gobierno argentino, se acusa al Juez de Nueva York Thomas Griesa -quien interviene en la demanda iniciada por los holdouts contra el país- de ser 'parcial' y de haber 'abusado de su autoridad', otro magistrado -argentino, en esta oportunidad- Ariel Lijo, acaba de procesar por cohecho y negociaciones incompatibles con su cargo, al Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. No se trata de una causa más ni de un procesamiento menor. Antes bien, se asiste a una gravedad institucional inusitada. Este procesamiento es la resultante de una investigación que involucra al entorno mas íntimo del Vice, a funcionarios del ámbito del Ministerio de Economía, y acaso -por qué no- a funcionarios de todavía más elevada jerarquía. Todo ello, en momentos en que el país está enfrentando una decisión del magistrado neoyorquino, que obliga a la República Argentina a pagar a los bonistas que no ingresaron al canje de deuda.
 

Las carátulas parecen mezclarse y entrecruzarse. Paradójicamente, aquellos que negociaron y entendieron en la causa que ahora pone a la nación contra la pared fueron, precisamente, Amado Boudou y su equipo. Incluso existen funcionarios como Guido Forcieri que se negaron a comparecer ante la justicia, en el proceso que lleva adelante el Juez Lijo,  bajo la excusa de encontrarse extremadamente ocupado, atendiendo a la negociación con los holdouts. Ciertamente, no se trata de la única causa que involucra al segundo integrante del Poder Ejecutivo. Existen otras en pleno trámite: es Boudou es investigado por enriquecimiento ilícito, por utilizar documentación falsa o apócrifa en la compra de un automotor, y por la compra irregular de 19 vehículos para uso oficial en el Ministerio de Economía. Mucho para un Vicepresidente de la Nación en ejercicio...

A todo esto, el actual ministro de Hacienda -quien, dicho sea de paso, no deja pasar oportunidad para fustigar y descalificar a Griesa- avala públicamente y repite que confía plenamente en el Señor Boudou, pese a todo lo actuado por la Justicia al día de la fecha. Curiosamente, pareciera que el Señor Axel Kicillof no confía ni en los jueces argentinos ni en norteamericanos. Lo cual ha podría conducir a algunos a colegir que, sencillamente, no cree en el sistema de Justicia, ni en el mecanismo democrático de la división de poderes.

Y algo similar sucede con la Presidente de la Nación; ésta ha apoyado con recurrencia a su Vice, en tanto se muestra junto a él en cuanto acto público se lleve a cabo -mientras también descalifica al magistrado estadounidense. Cristina Fernández ha ido bastante más allá: no le ha temblado la voz para advertir a los Estados Unidos que podríá demandar a las autoridades de ese país por responsabilidades en la actuado por sus jueces. Dicho de otra forma, nuestra jefe de Estado pareciera sorprenderse de que, en los Estados Unidos, el Poder Ejecutivo no 'maneje' ni 'ponga en caja' al Poder Judicial. Es que el reciente procesamiento dictado por Ariel Lijo contra Amado Boudou parece significar que tampoco ella se encontraría, por estas horas, en capacidad de seguir controlando a los jueces. Por supuesto, amén de tantas otras causas en trámite, que 'descansaban' y que, mañana mismo, podrían 'despertar' (Casos Lázaro Báez, Sergio Schocklender, Hebe Pastor de Bonafini, etcétera).

Lo cierto es que el procesamiento ha puesto las cosas en blanco y negro. Es manifiesto que quienes fustigan a Griesa no se muestran devotos creyentes de la Justicia ni de la división de poderes, ni pareciera importarles las denuncias que pesan sobre sus funcionarios amigos. El interés se orienta a fustigar, descalificar o perseguir a todo aquel que se interponga en su camino. José María Campagnoli es un buen ejemplo de ello; Righi, Rafecas y Rívolo también lo son; y existen otros muchos en el ámbito de la Seguridad Social (René Herrero).

'Tanto va el cántaro a la fuente que, finalmente, se rompe', reza el viejo dicho. Tanto abusaron de su 'control' sobre jueces y funcionarios del Ministerio Público que, ante la sola posibilidad -como se reveló entonces- de que irían también por el Dr. Lijo, forzaron a un magistrado prudente y ordenado a apurar los tiempos y a avanzar en la investigación. El resultado hoy está a la vista; Boudou, socios y amigos, todos resultaron procesados. Con Thomas Griesa podría aplicarse un plan similar. Lejos de aceptar, respetar y acatar su decisión, desde la Casa Rosada se ha optado por agraviar al juez, mientras se desconocía su decisión, conforme tantas veces lo han hecho en nuestro propio país.

Recordemos el modo cómo los funcionarios de la actual Administración han hecho caso omiso de las sentencias que, por ejemplo, ordenan pagarle a nuestros abuelos y clase pasiva (decisión que, ciertamente, no se cumple), o el caso del Procurador de Santa Cruz; pese a lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sosa jamás fue restituído en su cargo. Sucede que, en el mundo, las sentencias se cumplen y los jueces se respetan; de lo contrario, hay que plantarle cara a las consecuencias.

Ahora mismo, el mundo nos mira; asiste a un país cuyas más altas jerarquías, o bien están denunciadas, o están siendo investigadas. O, peor todavía, ya están procesadas. Al momento de denunciar o cuestionar a un magistrado de un país extranjero, el primer paso es tener autoridad moral en el propio proceder. A juzgar por lo que estamos viendo y viviendo, el nuestro no parecería ser el caso.

Cabe desear que, en el futuro, las consecuencias que deba afrontar nuestro país a partir de la conducta exhibida por nuestros gobernantes, no resulten mas gravosas de lo que ya lo son...