El Salvador: la burla de la Constitución

El ilegal desafuero de la diputada Ana Vilma de Escobar, y especialmente la manera en la que se llevó a cabo, ha dado un campanazo sobre lo que puede esperarse del FMLN de aquí al 2015 y de allí en adelante. Esta semana, el gobierno ha comenzado a decir que no tendrá que ir a la Asamblea para recibir autorización de endeudarse con Venezuela a través de Petrocaribe, ni para que apruebe los gastos que realice con estos fondos, ni someterse a la fiscalización de la Corte de Cuentas en el uso que el gobierno les quiera dar, irrespetando todos los procesos mandados por la Constitución Política de la República.

El gobierno alega que puede hacer todo esto porque las transacciones con Petrocaribe tomarán la forma de un trueque en el que Venezuela dará petróleo al país y El Salvador pagará con productos, no dinero. Por esta razón, dicen los funcionarios del gobierno con la cara seria, no se pueden poner en el presupuesto los ingresos al gobierno provenientes de la venta de ese petróleo, y tampoco los gastos realizados con ellos. Si no es posible asentarlo en el presupuesto, no es posible presentar a la Asamblea para aprobación, y no pueden ser sujetas a la inspección de la Corte de Cuentas. Dicen que tampoco se genera una deuda, por lo que tampoco sería necesario buscar la aprobación de dos terceras partes de la Asamblea para poder realizar las transacciones.

Es evidente que el propósito de toda esta absurda argumentación es tener un presupuesto paralelo sobre el cual el presidente no tendría que dar ninguna cuenta a nadie, aunque con cada transacción estaría dejando endeudado a los contribuyentes, que tendrían que pagar más impuestos para pagar esas deudas.

Esta violación de la Constitución, por supuesto, no puede justificarse. La calidad de deuda la genera la creación de una obligación de pago, que obviamente se está generando en estas transacciones, no la especie en la que se paga, con frijoles, con leche o con dólares. Obviamente cualquier especie puede convertirse a dólares, y eso es lo que el gobierno va a hacer —vender el petróleo— para poder después gastar el dinero que Venezuela le envíe.

Estos alegatos son tan absurdos que uno se pregunta cómo es que el gobierno se ha atrevido a presentarlos. Una posibilidad es que los crean ellos. Esto es descartable, conforme evidenciaría una falta demasiado grande, incalculable, de instrucción notoria, mostrando no solo ignorancia sino también una grave incapacidad de procesar pensamientos lógicos de gobierno. Otra posibilidad es que crean que el pueblo es tan tonto que se va a tragar esos argumentos. Esto es posible, pero solo con un cierto porcentaje de la ciudadanía. La tercera posibilidad es que solo son pretextos para pretender que respetan la ley cuando en realidad no la respetan en lo absoluto y que no les importa si les creen o no, y quizás les gustaría que no se les crea en lo absoluto.

Estas violaciones del orden constitucional del país son apenas dos manifestaciones de las tácticas que los gobiernos del Socialismo del Siglo XXI han seguido para ir, poco a poco, erosionando la institucionalidad del país con dos propósitos: uno, hacer que la ciudadanía vaya acostumbrándose gradualmente a la violación de nuestras instituciones y a la arbitrariedad de las dictaduras, y dos, abrir el camino para adquirir más poder para que la opinión del pueblo cada vez importe menos.

Si la sociedad acepta que el presidente tenga una chequera sin ningún control, con fondos que los ciudadanos tendrán que pagar, esto evidenciará la poca disposición del público a defender sus derechos. Entonces se atreverán a violar aún más grotescamente la Constitución del país. Por otro lado, si el presidente tiene una chequera a su libre disposición, será más fácil para el FMLN ganar las elecciones de 2015. Una cosa lleva a la otra.

 

Así comenzó en Venezuela, gradual y amablemente. Paso a paso, han ido llevando a ese país a la Edad Media. Así nos están comenzando a llevar a nosotros también en El Salvador.