EE.UU. y la masiva inmigración centroamericana: por qué ahora
El enorme flujo de inmigrantes ilegales llegados a EE.UU. procedentes de Centroamérica...
19 de Julio de 2014
El enorme flujo de inmigrantes ilegales llegados a EE.UU. procedentes de Centroamérica tiene a todos los responsables políticos a la búsqueda de una solución rápida. Aunque la inadecuada seguridad en la frontera y las percepciones erróneas sobre la legislación migratoria estadounidense han ayudado, sin dudas, a alimentar el problema, éstas son sólo parte de la ecuación. Para entender completamente la cuestión, se requiere una mirada orientada más hacia el sur.
Los mexicanos ya no constituyen la mayoría de los inmigrantes ilegales que se encuentran en Estados Unidos. En la actualidad, se estima que sólo suman alrededor del 25% de quienes cruzan la frontera. Es evidente que el crecimiento económico de México, junto con una mejora de la seguridad, ha reducido los incentivos para emigrar. Pero no puede decirse lo propio de las naciones que componen el triángulo norte de Centroamérica.
Situados justo al sur de México, Guatemala, El Salvador y Honduras están atrapados en el punto de mira de las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas y de las bandas violentas de la región que respaldan a aquellas. La caída de los cárteles colombianos y el consiguiente crecimiento de sus homólogos mexicanos llevaron las rutas del tráfico de drogas hacia el istmo. Y, con ellas, arribaron la violencia y la criminalidad asociadas a estas organizaciones.
En Guatemala, la impunidad es absoluta. El Salvador sigue siendo el hogar de las bandas callejeras más violentas de la región, la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 (M-18). Honduras conserva el dudoso honor de ser la capital mundial del asesinato, con un promedio anual de 91 homicidios por cada 100 mil habitantes. Su ciudad más peligrosa, San Pedro Sula, promedio 169 homicidios por cada 100 mil habitantes. Como comparación, la ratio de asesinatos de Estados Unidos es de 5 por cada 100 mil habitantes, y en Chicago, la urbe estadounidense más peligrosa, el promedio es de 15.
La Casa Blanca se remite a estas estadísticas para explicar la creciente crisis en nuestra frontera. Sin embargo, la Administración Obama omite mencionar su complicidad involuntaria. Al ignorar a nuestros socios tradicionales y lanzarse a los brazos de enemigos emergentes, el gobierno federal ha dejado en el limbo a la totalidad de la región centroamericana.
Considérese la respuesta de la Administración Obama a la crisis institucional de 2009 en Honduras. Durante meses, intentó restituir a Manuel Zelaya, el presidente de Honduras legalmente depuesto, un hombre que había infringido de manera flagrante la Constitución de su país.
En lugar de respaldar las ambiciones democráticas de un socio tradicional, la Administración estadounidense respondió declarando como golpe militar una destitución legal. Suspendió la ayuda básica y las operaciones militares conjuntas, gran parte de ellas en forma ayuda antinarcóticos. Como consecuencia, la costa caribeña del país cayó rápidamente en manos de los traficantes de drogas.
Como era predecible, los índices de homicidios se dispararon. Honduras es ahora el punto de parada para cerca del 80% de los vuelos relacionados con la droga que parten hacia el norte. Y desgraciadamente, siguen en vigor las importantes restricciones sobre la ayuda de Estados Unidos en materia de seguridad.
En cambio, la Administración continúa coqueteando con líderes que socavan los intereses de los Estados Unidos de América. Siguiendo los pasos de Hugo Chávez, el difunto hombre fuerte de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia han clausurado sus iniciativas antinarcóticos, han expulsado a los diplomáticos de Estados Unidos y han obstaculizado las relaciones comerciales. Precisamente este año, Ecuador expulsó súbitamente a todo el personal militar de Estados Unidos y puso fin de manera prematura a los programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Antes de eso, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, clausuró el acceso a la base militar de Manta. Como resultado, las operaciones de vigilancia sobre la Cordillera de Los Andes, el punto de origen exclusivo de la coca, no han vuelto a retomarse. No obstante, la Administración Obama continúa llevando a cabo fútiles intentos de amistad.
La crisis humanitaria y de seguridad en la frontera suroeste debería suponer una advertencia para el congreso de los EE.UU. Los legisladores deben reconocer que garantizar la seguridad en esta región es fundamental para proteger los intereses de Estados Unidos.
Corresponde ampliarse la cooperación en temas de seguridad con las naciones del referido triángulo norte. La Iniciativa de Seguridad Regional de América Central (CARSI) se concibió como un complemento de la Iniciativa de Mérida mexicana. Pero las iniciativas posteriores han demostrado ser insuficientes. Igualmente, se deben levantar las pesadas restricciones impuestas a la cooperación. Desde el ejercicio fiscal de 2012, el Congreso ha retenido al menos el 20% de la financiación prometida para la cooperación en temas de seguridad. En el ejercicio fiscal de 2014, se incrementó hasta el 35%. Estas mismas prohibiciones limitan la capacidad de Washington de ayudar a que Guatemala asegure su permeable frontera con México, de casi mil kilómetros de longitud.
Cuando el Congreso delibere sobre cómo abordar la crisis en la frontera sur de los Estados Unidos, deberá hacer algo más que asegurarla y reparar un sistema de inmigración deshecho. Los legisladores deben reconsiderar también si las restricciones sobre la financiación benefician a los intereses nacionales estadounidenses. Si la situación de la seguridad en estos países continúa deteriorándose, los incentivos para huir hacia Estados Unidos no harán sino crecer.
Los mexicanos ya no constituyen la mayoría de los inmigrantes ilegales que se encuentran en Estados Unidos. En la actualidad, se estima que sólo suman alrededor del 25% de quienes cruzan la frontera. Es evidente que el crecimiento económico de México, junto con una mejora de la seguridad, ha reducido los incentivos para emigrar. Pero no puede decirse lo propio de las naciones que componen el triángulo norte de Centroamérica.
Situados justo al sur de México, Guatemala, El Salvador y Honduras están atrapados en el punto de mira de las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas y de las bandas violentas de la región que respaldan a aquellas. La caída de los cárteles colombianos y el consiguiente crecimiento de sus homólogos mexicanos llevaron las rutas del tráfico de drogas hacia el istmo. Y, con ellas, arribaron la violencia y la criminalidad asociadas a estas organizaciones.
En Guatemala, la impunidad es absoluta. El Salvador sigue siendo el hogar de las bandas callejeras más violentas de la región, la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 (M-18). Honduras conserva el dudoso honor de ser la capital mundial del asesinato, con un promedio anual de 91 homicidios por cada 100 mil habitantes. Su ciudad más peligrosa, San Pedro Sula, promedio 169 homicidios por cada 100 mil habitantes. Como comparación, la ratio de asesinatos de Estados Unidos es de 5 por cada 100 mil habitantes, y en Chicago, la urbe estadounidense más peligrosa, el promedio es de 15.
La Casa Blanca se remite a estas estadísticas para explicar la creciente crisis en nuestra frontera. Sin embargo, la Administración Obama omite mencionar su complicidad involuntaria. Al ignorar a nuestros socios tradicionales y lanzarse a los brazos de enemigos emergentes, el gobierno federal ha dejado en el limbo a la totalidad de la región centroamericana.
Considérese la respuesta de la Administración Obama a la crisis institucional de 2009 en Honduras. Durante meses, intentó restituir a Manuel Zelaya, el presidente de Honduras legalmente depuesto, un hombre que había infringido de manera flagrante la Constitución de su país.
En lugar de respaldar las ambiciones democráticas de un socio tradicional, la Administración estadounidense respondió declarando como golpe militar una destitución legal. Suspendió la ayuda básica y las operaciones militares conjuntas, gran parte de ellas en forma ayuda antinarcóticos. Como consecuencia, la costa caribeña del país cayó rápidamente en manos de los traficantes de drogas.
Como era predecible, los índices de homicidios se dispararon. Honduras es ahora el punto de parada para cerca del 80% de los vuelos relacionados con la droga que parten hacia el norte. Y desgraciadamente, siguen en vigor las importantes restricciones sobre la ayuda de Estados Unidos en materia de seguridad.
En cambio, la Administración continúa coqueteando con líderes que socavan los intereses de los Estados Unidos de América. Siguiendo los pasos de Hugo Chávez, el difunto hombre fuerte de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia han clausurado sus iniciativas antinarcóticos, han expulsado a los diplomáticos de Estados Unidos y han obstaculizado las relaciones comerciales. Precisamente este año, Ecuador expulsó súbitamente a todo el personal militar de Estados Unidos y puso fin de manera prematura a los programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Antes de eso, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, clausuró el acceso a la base militar de Manta. Como resultado, las operaciones de vigilancia sobre la Cordillera de Los Andes, el punto de origen exclusivo de la coca, no han vuelto a retomarse. No obstante, la Administración Obama continúa llevando a cabo fútiles intentos de amistad.
La crisis humanitaria y de seguridad en la frontera suroeste debería suponer una advertencia para el congreso de los EE.UU. Los legisladores deben reconocer que garantizar la seguridad en esta región es fundamental para proteger los intereses de Estados Unidos.
Corresponde ampliarse la cooperación en temas de seguridad con las naciones del referido triángulo norte. La Iniciativa de Seguridad Regional de América Central (CARSI) se concibió como un complemento de la Iniciativa de Mérida mexicana. Pero las iniciativas posteriores han demostrado ser insuficientes. Igualmente, se deben levantar las pesadas restricciones impuestas a la cooperación. Desde el ejercicio fiscal de 2012, el Congreso ha retenido al menos el 20% de la financiación prometida para la cooperación en temas de seguridad. En el ejercicio fiscal de 2014, se incrementó hasta el 35%. Estas mismas prohibiciones limitan la capacidad de Washington de ayudar a que Guatemala asegure su permeable frontera con México, de casi mil kilómetros de longitud.
Cuando el Congreso delibere sobre cómo abordar la crisis en la frontera sur de los Estados Unidos, deberá hacer algo más que asegurarla y reparar un sistema de inmigración deshecho. Los legisladores deben reconsiderar también si las restricciones sobre la financiación benefician a los intereses nacionales estadounidenses. Si la situación de la seguridad en estos países continúa deteriorándose, los incentivos para huir hacia Estados Unidos no harán sino crecer.
Artículo original en inglés, en http://dailysignal.com/2014/07/13/white-house-blame-influx-immigrants/
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@Ana_R_Quintana
Sobre Ana Rosa Quintana
Es Investigadora Asociada sobre Asuntos Hemisféricos y Latinoamérica en la Fundación Heritage, Washington, D.C. Más puntualmente, se desempeña en el Centro Douglas y Sarah Alison para Políticas de Seguridad Nacional y Exterior -división del Instituto Shelby Cullom Davis para Estudios Internacionales.