Salta, puerta de entrada

Desde hace tiempo, la Provincia de Salta continúa oficiando el rol de puerta de entrada para casi la totalidad de la cocaína que pasa por la República Argentina, proveniente de Bolivia. Las localidades de Salvador Mazza y Aguas Blancas -junto a sus áreas de influencia- constituyen el paso más importante para el ingreso de droga al territorio nacional. Las rutas 9, 34 y la 50 exhiben un carácter estratégico en tal sentido y, si sus controles son sorteados, los cargamentos comportan enormes posibilidades de llegar a destino.

Si bien es certero afirmar que los grandes volúmenes buscan plataformas de salida hacia Europa, es sabido que el recorrido a través del interior del país es subvencionado con sustancia que se vuelca luego al consumo interno. La venta doméstica y las problemáticas generadas por el consumo no han escapado a las localidades fronterizas, convirtiéndose este factor en pasajero recurrente de su paisaje habitual.

Salta no está ajena al crecimiento de esta actividad, y sus autoridades políticas optaron por adherirse a la propuesta para la 'desfederalización' de la ley de drogas; desde enero de este año, la justicia salteña es la encargada de intervenir en las causas por microtráfico en la provincia.

La producción de coca en Bolivia colocó a nuestra frontera en un lugar preponderante en el comercio ilegal de la droga; crímenes mafiosos delatan el incremento de la actividad, preocupando seriamente a vecinos residentes en Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza.

En tal escenario, los analistas no deben ser ingenuos como para estimar Colombia, Perú o Bolivia producen cocaína para la Argentina. No obstante, nuestra ruta de salida al exterior se caracteriza por ser altamente 'valorada', obsequiando margen para una acción delictual residual de importancia que impactae de norte a sur.

Por otro lado, agréganse otros componentes, como ser la 'colombianización' de la frontera norte, que  inquieta a la administración de justicia con jurisdicción en territorio salteño.

De acuerdo al titular de la Cámara Federal de esa provincia, el Dr. Jorge Luis Villada, 'los datos que en poder del propio Ministerio de Seguridad de la Nación refieren que existe un 'aproximado de cuatro mil ciudadanos colombianos en la zona del NOA, y un estimado de tres mil en el NEA'.

En la ciudad de Orán -que cuenta con más de cien mil habitantes y se encuentra situada a escasos 50 kilómetros de la frontera con Bolivia-, los controles son más exhaustivos que en Salvador Mazza, mientras que la población local se muestra más controlada. Con todo, una remarcable cantidad de habitantes se dedica, de una o de otra manera, al contrabando. Ya se trate de calzado deportivo, indumentaria, juguetes, accesorios, cosméticos, o hebillas, que se exhiben en los mercados de pulgas locales.

Sin que ello signifique una estigmatización en perjuicio de los ciudadanos de esa nacionalidad, sino poniendo énfases en las actividades desplegadas, desde hace dos o tres años comenzaron a afincarse grupos de ciudadanos colombianos en tierra salteña. La gran mayoría de los vecinos los conoció tras comprobar que aquéllos se dedicaban a la comercialización de muebles. Tenían por costumbre recorrer Salvador Mazza con carritos para ofrecer sus productos y, por vía de un adelanto -y cuotas que pasaban a cobrar los días lunes-, se presentaron en sociedad. A posteriori, torcieron el eje de su actividad, para dedicarse al préstamo de dinero -sin garantías, y a cobrar a diario.

Este modus operandi ha sido reportado en Orán, repitiéndose en otras localidades. Estimaciones oficiales refieren a un aproximado de dos mil ciudadanos colombianos residiendo en la ciudad. Los vecinos saben que, de encontrarse en la eventualidad de precisar fondos con urgencia, o de presentarse oportunidades para un negocio o emprendimiento, los ciudadanos extranjeros citados se dirigen a sus domicilios portando el dinero que necesitan. Más aún: se conoce de pequeños traficantes cuyas actividades son financiadas por estos capitales, a los efectos de incrementar sus stocks de drogas.

De tal suerte que, para los locales, recurrir a los colombianos es prácticamente un hecho natural, como única manera de obtener efectivo rápidamente y sin requisitos. El préstamo es sencillo; pero, si los pagos no son efectuados a tiempo, la metodología empleada para hacer cumplir los términos suele ser extremadamente violenta; como sucede con cualquier modalidad de corte mafioso.

Mientras tanto, se conoce de algunos prestamistas sin escrúpulos que han sido detenidos en posesión de visas vencidas, o incluso careciendo de registro de ingreso al país.

La actividad usuraria de referencia demanda un ingente capital. Sin embargo, las autoridades parecen no preguntarse por el origen de ese dinero; la procedencia, de todos modos, se presenta obvia.

Así es que el tráfico de drogas se moviliza de la mano del contrabando, de la inmigración sin control y de la usura. Existe consenso frente a que la seguridad fronteriza merece, de una vez por todas, una política de Estado seria y profunda, despojada de ideologías y protegida de los cambios de humores políticos, porque la ilegalidad se proyecta por todo el país. Analizar al narcotráfico como un delito de orden global y transnacional es indispensable a criterio de erradicar el crimen organizado y la inseguridad que acompaña a éste. No tiene sentido distraer al país de ese objetivo, cayendo en la paradoja de los discursos agradables para las cámaras, provisto que tales expresiones carecen de contenido real y estrategias.

Se exige una respuesta urgente en lo que hace a la implementación de políticas públicas, en virtud de que están en juego miles de vidas y la salud de tantos 'heridos de adicciones'.

Pocos días atrás, un artículo periodístico concluía: 'Llamar Salvador Juárez a Salvador Mazza no es un juego de palabras, sino una preocupante advertencia sobre una realidad de ilegalidad y violencia que se expande desde la frontera hacia el resto del país'.