Desacato y promesas incumplidas

Finalmente, sucedió lo que se preveía. El juez de Nueva York, Thomas Griesa, declaró al país en desacato, por no acatar y cumplir con lo decidido en su sentencia. Nadie puede mostrarse sorprendido tras esta decisión. En algún punto, incluso hasta podría considerarse que el actual es el desenlace final buscado por el gobierno. Funcionarios -hoy, ex funcionarios- de Economía, como ser Francisco Eggers, ex director de Crédito Público de Mecon, había declarado por escrito ante Griesa que la Argentina no evadiría el cumplimiento de la sentencia. De igual suerte, Fabián Dall’O, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía -gestión Lorenzino-, también presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York en el que se comprometió personalmente, bajo pena de perjurio, a garantizar que la República Argentina cumpliría con lo que dictaminare la justicia estadounidense en la causa promovida por NML Capital.

Como puede apreciarse, la Administración Kirchner no solo eligió libremente la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, sino que también se sometió a ellos voluntariamente. En ningún momento el gobierno advirtió que, de recibir una sentencia que hiciera lugar al reclamo de los demandantes, el cumplimiento de la misma sería imposible; antes bien, todo lo contrario. En dos oportunidades diferentes y en dos estadios procesales distintos -en primera y en segunda instancia-, dos funcionarios del gobierno 'ratificaron' que, fuese cual fuese el resultado del proceso, la Argentina iba a cumplir con el fallo.

Pese a las promesas y juramentos, la República Argentina no cumplió. Sus representantes se rasgan hoy las vestiduras gritando al mundo -aunque el mensaje, en rigor, pareciera estar dirigido a sus propios seguidores- que la sentencia es de cumplimiento imposible. Debe tenerse presente que, desde el inicio, el reclamo jamás varió. Párrafo aparte merece el destino personal que pueda aguardar a aquellos funcionarios argentinos que firmaron los affidavits (declaraciones juradas) prometiendo y asegurando el cumplimiento de la sentencia.

Cualquier observador político que analice cómo se conduce este gobierno en relación a la administración de justicia en el extranjero advertirá que el temperamento adoptado en esta oportunidad no difiere del comportamiento oficial a nivel local. Los fallos adversos son inmediatamente calificados como desestabilizadores y/o producto de una conspiración. Los jueces y fiscales que fallan contra el gobierno o investigan causas vinculadas al mismo, son destituídos o, incluso, perseguidos.

Y lo mismo está sucediendo ahora. Se acusa al gobierno estadounidense de ser el responsable de esta declaración de desacato, en una demostración más que elocuente del desprecio que siente esta administración por las instituciones y la división de poderes. En sendas misivas dirigidas al Secretario de Estado de la Unión, John Kerry, y al propio juez Griesa, se manifiesta que el desacato no es un episodio judicial, sino una 'afrenta a la soberanía de la Argentina'. Un ataque del que 'legalmente' es responsable el gobierno de Barack Obama y que 'acarrea consecuencias para las relaciones exteriores'. Dicho en otros términos, no solo hace caso omiso la Administración kirchnerista del simple hecho de que el desacato es consecuencia de no haber cumplido con una sentencia que había prometido cumplir, sino que responsabiliza por su incumplimiento al gobierno de origen del magistrado interviniente. Los escritos remitidos a Washington parecieran hacer responsable al gobierno de Obama, acaso por no haber controlado (¿manipulado?) a 'su juez', en lugar de exhibir un funcionamiento democrático pleno. Los personeros del gobierno argentino deberían comprender, quizás de una vez por todas, que no todas las 'democracias' son ficción. Que las naciones serias -y que se precian de serlo- respetan y preservan la división de poderes, al igual que la independencia de cada uno de ellos.

Dicho sea de paso, sería sano para el país que muchos magistrados comiencen a reaccionar y adviertan que los primeros que deben pelear y velar por la independencia del Poder Judicial son ellos mismos. Si queremos poner término a la 'ficción' de esta democracia y vivir en una democracia de verdad, donde el poder legislativo no represente al gobierno sino a la gente, no habrá otro camino que contar con un Poder Judicial independiente, serio y creíble. Vale desear que esta deformación, que pareciera estar tocando fondo, impulse a nuestros jueces a reaccionar.