Corrupción y 'buitres': ¿qué cambió?

Hasta hace poco, el lema del oficialismo se reducía al eslogan 'patria o buitres'. La épica y el relato que nos mostraba solos, frente al 'resto del mundo' que, en apariencia, se propone derrotar a este 'modelo exitoso', resumía la política de Estado -celosamente custodiada y ejecutada por la Administración. Basta con recordar el paso de Axel Kicillof por Nueva York, con el solo objetivo de descalificar al magistrado estadounidense Thomas Griesa y al propio presidente, Barack Obama. Se invirtió tiempo en ir a la Corte Internacional de La Haya con el objeto de denunciar al gobierno de los Estados Unidos de América como responsable definitivo de la conducta de los referidos 'buitres'. La Presidente de la Nación tampoco se privó de calificar como 'senil' al magistrado neoyorquino, al tiempo que proclamó a los cuatro vientos que jamás su gobierno negociaría con los acreedores. En igual sentido, ordenó a sus espadas en el parlamento que sancionaran una legislación que, lisa y llanamente, prohíbe cumplir con las sentencias y resoluciones de Griesa. Aferrándonos a un ángulo más bizarro, sus muchachos de La Cámpora reforzaron esta épica, ingeniando una edición 'trucha' del diario Clarín, desde la cual pretendían descalificar a los posibles aspirantes a la Presidencia; todo con un titular que resumía: 'Pagaron a los fondos buitres'.

Así se dio hasta este viernes. De súbito, todo pareciera tomar un rumbo diametralmente opuesto. Cada vez cobra más cuerpo la versión de que los buitres ya no lo serían tanto y que, a partir del mes de enero, la Administración resolvería el problema de los holdouts y arreglaría no sólo con los que tienen sentencia pari passu, sino también con la totalidad del 7% que no ingresara al sistema de canje. A tal efecto, sorprendió la declaración del titular del Banco Provincia, Gustavo Marangoni. El funcionario declaró ayer en un reportaje que, desde el primer mes de 2015, no tenía dudas de que el gobierno arreglaría con los acreedores bajo un formato similar al empleado frente al Club de Paris o a YPF. El gobernador Daniel Scioli también se pronunció en ese sentido, en oportunidad de otra entrevista concedida a la misma emisora radial. Sirve refrescar que Scioli es la cabeza del kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires, y que Marangoni preside el banco más importante de este distrito.

Más contundente aún resultó el dato de que Alejandro Vanoli, flamante titular del Banco Central de la República, habría afirmado en secreto frente a banqueros internacionales -tal como lo reporta Clarín- que el gobierno de Cristina Kirchner estaría dispuesto a resolver el litigio con los holdouts. Según lo informado por el matutino, el titular del BCRA habría admitido ante inversores de Wall Street que el Gobierno Nacional cumpliría con el fallo del juez  Thomas Griesa, aunque se aferraría a modos 'elegantes' para comunicarlo a posteriori al país.

A primera vista, cualquier analista podría adjudicar estos prolegómenos al próximo vencimiento de la cláusula RUFO, durante enero próximo. Sin embargo, a poco de analizarse la cuestión con mayor profundidad, se advertirá que esa cláusula ha perdido virtualidad frente a legislaciones tales como la Ley 26.886, o la recientemente sancionada que versa sobre el cambio de jurisdicción y legislación ('Pago Soberano'), que prohíbe al Estado Nacional negociar con los holdouts en condiciones más favorables a las comportadas por aquellos tenedores de bonos que entraron al proceso de canje. Incluso, la prohibición se extiende a cualquier negociación con los holdouts que hubieren entablado juicios contra la República Argentina. Ergo, 'arreglar' con los acreedores en enero no respondería necesariamente al vencimiento de la cláusula RUFO. Máxime cuando la Administración fustiga a la oposición, que preanuncia la 'derogación' de leyes recientemente sancionadas. Así, pues, cuesta creer que el gobierno esté evaluando, luego, la alternativa de derogar leyes recientemente sancionadas...

Cabe preguntarse, en definitiva, qué es lo que ha cambiado en los últimos días, como para que esa 'política de Estado' instalada con tanta intensidad y virulencia ('patria o buitres') termine cediendo, allanando el camino para versiones que involucran algún tipo de solución integral y/o negociación con el conjunto de los holdouts para comienzos de 2015.

¿Tendrán acaso algo que ver las investigaciones que llevan adelante los fondos de inversión, que profundizan con precisión sobre actos de corrupción que podrían involucrar a funcionarios de la Administración y/o a personas vinculadas a él? Subsiste la pregunta, en virtud de que -casualmente-, cuando comenzaron a tomar estado público algunas de estas investigaciones o citaciones de algún funcionario por parte de algún tribunal de los Estados Unidos, comenzó a ganar empuje la posibilidad de cumplir con la sentencia de Griesa, y de arreglar con la totalidad de los holdouts. La sorpresa cobra forma frente al hecho de que un tema tan 'estudiado' por el Ministro Kicillof (quien en todo momento aseguró que lo decidido por Griesa era de cumplimiento 'imposible') de pronto se vuelva algo plausible, allanándose el camino para el cumplimiento de los fallos del magistrado de Nueva York.

Trátese de conjeturas o meras casualidades -y, ciertamente, no serían las primeras, dado que Amado Boudou y el caso Ciccone ya nos tienen acostumbrados-, lo cierto es que habrá que dejar correr estos últimos meses del año, para conocer qué es lo que cambió realmente. En cualquier caso, no será necesario esperar demasiado tiempo. Enero está a la vuelta de la esquina.