Confidencialidad (no) garantizada

En lo que representó una comentada puja judicial en medios de comunicación británicos, Kensington International, Ltd. (subsidiaria de Elliott Associates, LLP, perteneciente al magnate neoyorquino Paul Singer) batalló durante varios meses del año 2007 en los tribunales londinenses contra la República del Congo. Kensington buscaba que el régimen congoleño le reconociera una deuda aproximada de US$ 100 millones (68 millones de libras esterlinas), a partir de una serie de bonos que, a la postre, se precipitaron al default. En tanto la ingeniería del embate judicial comparte similaridades con el caso argentino, en aquella instancia, el fondo Elliott echó mano de una impiadosa estratagema, a los efectos de hacerse del dinero: explotando relaciones indirectas con la ONG Global Witness, el hedge fund de referencia acopió información sensible relacionada con el hijo del presidente del Congo, Denis Christel Sassou-Nguesso. Estados de cuenta, galimatías bancarios y consumos de tarjetas de crédito más tarde, la organización no gubernamental probaría eventualmente que Sassou-Nguesso Junior se respaldaba en la participación accionaria de la familia presidencial congoleña en la petrolera estatal Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC) a los efectos de financiar sus excesos y buen pasar en París y Dubai. A sabiendas de que la disputa sobre los bonos en cesación de pagos estaba perdida, el gobierno en Brazzaville fundamentó su defensa en ardides de corte propagandista, aduciendo que los taimados socios de Paul Singer orientaban sus tácticas en desfinanciar al gobierno, privándolo de los fondos necesarios para combatir un peligroso brote de cólera -derivado éste de la sangrienta guerra civil de cinco años que previamente se había ensañado con el país y que devolviera un sombrío saldo de cinco millones de muertes. Complementariamente, el gobierno congoleño se entregó a una estrategia estrictamente defensiva, centrándose en que el juzgado británico interviniente prohibiera a Global Witness publicar detalles sobre los estados de cuenta del bueno de Denis Christel en su página web, en aras del 'resguardo del derecho a la intimidad'. Pero se impondría, finalmente, el criterio de la libertad de expresión, y los onerosos gastos del hijo del presidente del Congo vieron la luz pública; al cierre, la cuestión del default por US$100 millones se resolvería fuera del Reino Unido -el régimen de Brazzaville terminaría acusando una dolorosa derrota judicial.

Los prolegómenos de la variante Congo Vs. 'Buitres' -explorada en profundidad por Roger Parloff (Editor Senior y entendido en temas legales de Fortune Magazine)- permiten extraer una serie de valiosas conclusiones para la Administración Kirchner, en lo que respecta a su conflicto privado con los protagonistas, a saber: 1) el mundillo de los hedge funds sinergiza su influencia no solamente respaldando operativamente a lobbistas en parlamentos de numerosos países, sino que también se complementa con el accionar de poderosos bufetes de abogados de nutrida experiencia y trayectoria; 2) no disimulan su interés en proyectarse en un plano supranacional cuando las circunstancias así lo exigen; 3) este carácter eminentemente globalizador permite a los fondos de referencia conducirse con una remarcable agresividad en tribunales foráneos -sin ser necesario eludir los marcos legislativos vigentes, y sin importar se sitúen aquéllos juzgados en naciones de la talla del Reino Unido o los Estados Unidos de América; 4) aprendiendo sobre la marcha -y siempre a criterio de perfeccionar su modus operandi-, tercerizan una miríada de operaciones en subdepartamentos lindantes con los derechos humanos (ONGs), según el oponente de oportunidad; 5) su disponibilidad de recursos, estructura flexible y excepcional networking les permiten contar con informes y datos que no son de dominio público, factor que los convierte en verdaderos servicios de inteligencia, a la altura de los que revistan en la órbita de una docena de países desarrollados.

Así las cosas, y por momentos, la estratagema de los hedge funds parece ejercitar una curiosa simbiosis con la retórica de la dirigencia política argentina. Para dar forma a esta hipótesis, el departamento de comunicación institucional de la organización American Task Force Argentina (ATFA, rebautizada circunstancialmente como 'Fast Check Argentina') acaba de liberar un breve informe en relación a las carencias que comparte la libertad de expresión en este país; se repasan cuestiones como el intento de la Administración Kirchner por quedarse con Papel Prensa, y la recurrente andanada de ataques contra La Nación y Diario Clarín. Para colmo, la espinosa relación entre la prensa independiente y el gobierno argentino ha comenzado a atraer la atención de encumbrados think tanks del área de Washington, D.C. -siendo uno de estos casos el del instituto Freedom House, que ya tiene por costumbre elaborar un informe anual relacionado. Conforme lo impone su manual de procedimientos, Paul Singer y su red de contactos flexibiliza su estrategia; situando bajo un paraguas la cuestión de fondo del cobro de los bonos defaulteados para focalizar su interés y promoción en los desbarajustes del sistema político, económico y social que se florean con la República Argentina. ¿Posicionará Singer próximamente su mira sobre la explotación facciosa de la 'causa' de los derechos humanos por parte de Cristina Fernández, en una suerte de réplica de lo hecho con el Congo por intermedio de Global Witness? Solo el tiempo tiene la respuesta. Por lo pronto, el curioso atentado sufrido por Marcelo Longobardi -periodista de Radio Mitre- está siendo sometido a un riguroso escrutinio en el Distrito de Columbia.

En el ínterim, el público especializado del ámbito local -incluso en el seno de los medios de comunicación considerados opositores- coincide en tildar al comportamiento de NML Capital de 'extorsivo' cuando, en rigor, semejante calificativo solo aplica para soluciones dignas del submundo del crimen organizado (nunca para disputas que se dirimen en los tribunales de una nación occidental). ¿Pecan los columnistas dominicales argentinos de ignorantes, coquetean con algún inexplicable sentimiento culposo, o -lisa y llanamente- se inmolan como personeros de la mala fe?

La pregunta indiscreta del párrafo anterior invita a reclasificar la comisión de delitos acometida por dignatarios del Gobierno Nacional en el Norte -cuyos detalles hace ya varios meses descansan en los archivos de Singer y sus franchisers-:

- El torpe transitar de interpósitas personas que ofician de embajadores de Lázaro Báez y Cristóbal López en Nevada y en Florida, respectivamente; la constitución de sociedades offshore para cubrir los rastros;
- Las desprolijidades operativas de parientes del Vicepresidente Amado Boudou y los tropiezos financieros de Guido Forcieri (representante argentino ante el Banco Mundial, recientemente despedido), ambos en suelo estadounidense, y que conducen siempre a la riqueza acumulada por el hoy taciturno segundo de Cristina; 
- Los esfuerzos de blanqueo de activos tendientes a enmarañar inversiones confeccionadas a nombre de Máximo y Florencia, hijos de la primera mandataria y del desaparecido Néstor Carlos Kirchner. Esquema en donde tozudos agentes neoyorquinos destinan recursos adicionales para dilucidar la poco medulosa conexión Boudou-Cirigliano (TBA).

Este afán investigativo -conforme se anticipara desde este medio bastante antes de la reaparición de Paul Singer en escena- se orienta hacia una meta, esto es, consolidar el eje probatorio sobre actuaciones ilícitas de lavado de dinero en bancos e instituciones financieras estadounidenses y evasión de impuestos (cargo este último por el cual ya es escrutado Cristóbal López). Con el agravante ya repasado de que cada comisión individual comporta penas de prisión acumulativas en presidios federales, confiscación de activos y que ameritarían solicitudes de extradición en el futuro (para quienes no pudieren, eventualmente, ser capturados in situ).

El proscenio descripto líneas arriba comporta un hito que vale la pena aquilatar: las actuaciones de los 'fondos buitre' que tienen por premio mayor a Cristina Kirchner y a sus elusivos sosías están poniendo en jaque una rancia subdoctrina del sistema político norteamericano, históricamente indiferente ante el hecho de que no pocos líderes latinoamericanos han venido usufructuando la estructura bancario-financiera de los Estados Unidos para reciclar sus fortunas malhabidas.

Por último, quizás a la Presidente no le faltaren razones para endulzar su sentencia relativa a los 'buitres de adentro'. Es que, a la hora de engrosar los expedientes de los hedge funds, un puñado de analistas malpensados han comenzado a preguntarse si acaso los acreedores no estarían beneficiándose de una suerte de macabro inside-trading; algunos apuntan al Ministerio de Economía. Otros, a la Jefatura de Gabinete. Y un grupo más reducido señala -socarronería mediante- hacia la propia alta gerencia de AFIP. Después de todo, lo de Ricardo Echegaray se pareció mucho a una confesión: Cristina y Lázaro Báez mantienen relaciones comerciales, dijo.

Vaya atrevimiento.