El kirchnerismo como ilusión ilegítima

En los últimos años, he dedicado mi atención a estudiar el fenómeno de la falsificación marcaria en numerosos países. Se trata, en rigor, de un delito que se ha explotado extensivamente, y que ha crecido a expensas de la debilidad de la ciudadanía; de esa ambición de pretender hacer creer a los demás que se puede acceder a lo que no se tiene o a aquello que no se puede alcanzar. La falsificación de marcas es un ilícito que se nutre de la 'ilusión', esto es, la ilusión de pertenecer o de ser parte de un grupo, a sabiendas de que ello es solo una ficción, una mentira, un fraude liso y llano. De tal suerte que los argentinos, por ejemplo, consumimos una miríada de productos falsificados -copias ilegítimas-. Pretendemos lucirlas y hacerlas pasar por originales. En el ínterim, no reflexionamos frente a quiénes perjudicamos, en tanto descartamos qué derechos estamos violando. Menos aún, reconocemos que nos engañamos a nosotros mismos. Finalmente, todo vale en función de aparentar lo que no es, y de mantener viva la 'ilusión'. Incluso, el espejismo de saber que no tenemos lo que decimos o aparentamos tener. Falsificadores y consumidores somos partícipes del mismo delito.

Con el kirchnerismo, pareciera suceder algo similar. Aquél nos ha vendido la 'ilusión' de que vivimos en una verdadera democracia y, en nuestro afán por querer contar con un sistema democrático, consumimos mansamente el producto que se nos ofrece, que no es otra cosa que una 'copia ilegítima' de lo que debiera ser una democracia. Un sistema democrático y republicano exige, en esencia, que todos estemos representados -trátese de mayorías y de minorías. No se gobierna tan solo para aquellos que resultan victoriosos en un comicio; es menester hacerlo para todos. La Presidente sabe esto perfectamente; es en este sentido que declama ser 'la presidente de todos los argentinos', en cada Cadena Nacional. Sin embargo, cuando el espectro opositor expresa sus discrepancias, los personeros del Gobierno Nacional replican con el mote de 'desestabilizadores', o bien se los invita a 'presentarse a elecciones'. En síntesis, la oposición -que, como tal, actúa en representación de sus votantes- jamás es tenida en cuenta. Cualquier democracia civilizada requiere una auténtica división de poderes, y cada uno de ellos comporta la responsabilidad de hacer las veces de equlibrio y contralor. A poco que se ande, se advertirá que ello tampoco sucede en nuestro país, lo que confirmaría la sensación de estar en presencia, de una 'copia ilegítima' de una democracia.

Así, pues, la primer respuesta que asoma en boca de la Administración de cara a cualquier atisbo de reclamo ciudadano, es que todos sus actos se encuentran 'legitimados' porque han sido votados 'por el 54% de la población'. Aquel que disienta, debe 'esperar' hasta la próxima elección pues no cuenta, en este gobierno, con representación de ningún tipo. Peor aún y, al decir de Hebe de Bonafini, el que no es parte de ese 54%, es 'enemigo'. Lo que olvida la Administración de la Señora de Kirchner es que el 46% que no la votó también debe ser tenido en cuenta; esta relevante porción debe ser respetada y jamás excluída. Esta realidad resumiría la explicación de una verdadera 'democracia' -una República.

Por cierto, lo arriba descripto no coincide con la realidad que vivimos a diario. Mientras tanto, resulta paradójico que ni siquiera el 54% que votó originalmente a esta Administración continúa vigente, y las encuestas dan buena cuenta de ello. Pero este factor tampoco interesa a quienes detentan el poder: su voto ya fue captado y hoy se preenta como propiedad exclusiva del gobierno. Ese sufragio ha sido utilizado como argamasa para un modelo que tiene por resultado una 'ilusión ilegítima'. Bajo una falsa apariencia de legalidad, se avasallan las instituciones y se viola la división de poderes. Por estas horas, resulta ya una costumbre que el Ejecutivo envíe al Congreso un Proyecto de Ley para que la 'mayoría' cautiva del oficialismo termine votándolo a libro cerrado. Escenario que amerita evaluar a consciencia si esta conducta no pudiera remitir a la figura tipificada en el Artículo 227 del Código Procesal Penal aún vigente. Esta metodología de aprobación automática de leyes han allanado el camino para, por ejemplo, la reforma del Código Civil y Comercial, la Ley de Abastecimiento, o la 'Ley de Pago Soberano' (con la cual se definió cambiar la sede de pago y jurisdicción para acreedores de la deuda externa argentina). Hoy, transitan en esa misma dirección proyectos como los de reforma del Código Procesal Penal o el de la Ley de Telecomunicaciones. Más burda y elocuente se presenta la reciente aprobación de la Ley de Presupuesto, en la que se proyectó un dólar de algo mas de 9 pesos argentinos y una inflación anualizada del orden del 15%. Ni aún en la ficción es plausible deformar tan groseramente la realidad.

La Casa Rosada también ha puesto empeño en avanzar contra el sistema de administración de justicia; de hecho, esa ambición no cede. En estos momentos, vuelve a ganar empuje la fortuna que pudiere caberle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de la nueva integración que resulte ni bien se resuelva sobre su renovación. En simultáneo, desde la Procuración se irá avanzando en la designación de nuevos fiscales que otorgará mayor poder y concentración al propio Ejecutivo. Paradójico es que se hable al mismo tiempo de 'fiscales militantes' y de 'justicia legítima'. Un fiscal que milita y defiende una idea política no puede, en modo alguno, ser imparcial ni independiente; mucho menos para investigar a quién no comparta sus ideas politicas o milite en otras filas. O, a contrario sensu, para investigar a un compañero de militancia.

Este gobierno también se esfuerza en reprimir el diálogo; mucho menos escucha. Solo se ocupa de ejercer su poder y, por cierto, en modos insoslayablemente autoritarios. Los índices se han alejado de lo que puede comprobarse en la realidad cotidiana; lo 'real' es lo que el Gobierno Nacional determina como tal. La inflación no es la que los vapuleados ciudadanos padecen cada mes; es la que la Administración define. Lo propio sucede con la pobreza y con los fallos judiciales adversos a Balcarce 50, que son nominalmente catalogados como 'disparate'; a la postre, estas sentencias y resoluciones tampoco son cumplidas. Las denuncias contra los funcionarios del gobierno son percibidas selectivamente como medidas de corte desestabilizador y, en razón de ello, no merecen ser tenidas en cuenta. Los precandidatos del gobierno de cara a las próximas elecciones, mientras tanto, son los únicos que se niegan a firmar un compromiso para 'debatir' con los demás candidatos. Este gobierno no debate: impone. A las pruebas vale remitirse: el ex Secretario de Industria Guillermo Moreno, al irrumpir en asambleas de empresas privadas, solía grita: 'Aquí no se vota'.

Es una democracia bastante particular la que nos toca vivir. Algún experto en materia de fraude marcario podría argumentar que esta democracia pudiera ser lo que en falsificación de marcas se conoce como 'original copy'. Una 'copia' muy buena, pero ilusión al fin.