Nisman: lo urgente no siempre es lo más importante
La conmocionante noticia de la muerte del fiscal Alberto Nisman remitió...
30 de Enero de 2015
La conmocionante noticia de la muerte del fiscal Alberto Nisman remitió -en especial para aquellos hombres y mujeres que pasaron el medio siglo de vida- a la convulsionada década del setenta. Pero, aunque aquella época se mostró plagada de crímenes políticos, habría que hurgar en la historia a los efectos de encontrar un impacto similar al que causó la muerte de un fiscal de la Nación. Acaso los descarnados asesinatos del militar Pedro Aramburu y del sindicalista José Ignacio Rucci son los que primero vienen a la mente, pero difícilmente se acerquen al calibre del Caso Nisman.
El episodio del fiscal muerto amenaza con convertirse en un caso policial, sembrando claramente el terreno para que aparezca la trituradora de algunos medios y periodistas afines a los oficialismos de turno, con miras a transformar este asunto en un culebrón. Ante esa eventualidad, el asunto se diluirá, inexorablemente, con el tiempo. La muerte de Nisman es un caso impactante por su propia fuerza, aunque desnudó numerosas cuestiones que son tanto o más importantes que el hecho en sí. Se asiste a un país abonado al exceso y a la desmesura, y que luego se estremece ante su propia creación.
La secuencia de los hechos resulta poco menos que espeluznante. En 1994, tiene lugar el atentado contra la AMIA. Veinte años después, aún no se tiene la menor idea de los autores de la masacre, aunque las sospechas siempre se orientaron hacia Irán y elementos de Hezbolá. En 2013, el gobierno de Cristina Fernández rubrica un Memorándum de entendimiento…-precisamente, con la República Islámica. El fiscal de la causa, abocado exclusivamente a dicha investigación, denuncia a la Presidente, al Canciller, a un Diputado y a otros tantos operadores oficialistas por encubrir a los autores del atentado a través de dicho convenio con Teherán. Y, apenas cinco días después, el funcionario judicial aparece muerto de un balazo en su baño, 24 horas antes de ampliar sus denuncias ante una comisión especial del parlamento. Leído tal como sucedió, la reacción da lugar al escozor. La denuncia de Alberto Nisman vino a confirmar la inoperancia y la negligencia de la justicia, de la que el malogrado funcionario era parte, y de la propia política para descubrir a los responsables de la voladura de la mutual judía. Si dicha denuncia hubiese prosperado -o si acaso llegara aún a prosperar-, se hubiese certificado con rigor probatorio que la Administración kirchnerista encubrió a los supuestos autores del ataque. El foco de la cuestión estaría ubicado en la responsabilidad política, pero los perpetradores del atentado contra la mutual -quienesquiera que hayan sido- continúan en libertad. El país continúa siendo francamente permeable a cualquier ataque terrorista, por omisión o por declarada incapacidad para investigar y localizar a ideólogos y ejecutores.
Todo lo cual tiene lugar en medio de un contexto en el que la justicia está siendo cuestionada con dureza por la propia ciudadanía. Al decir de un magistrado de orden federal consultado por este medio: "En la administración de justicia, hoy día conviven tres bandos: Justicia Legítima (fuertemente identificados con el Gobierno Nacional); los integrantes de la lista Bordó (encabezados por Ricardo Recondo, ultraconservadores y feroces opositores al Gobierno); y los del medio, enrolados en la lista Celeste, que van para un lado o para el otro según la dicte la oportunidad. Los jueces podemos ser muy jodidos. Cuando el poder político se mete con nosotros, somos capaces de destruirlos, de tirarles con todo. Mucho más cuando están en retirada". Previo a su deceso, se le cuestionó a Nisman el no haber hecho efectiva su denuncia mucho antes, cuando el también desaparecido periodista José 'Pepe' Eliaschev revelara en Diario Perfil (marzo de 2011) el acuerdo con Irán que se hiciera público dos años más tarde. Entre la revelación del periodista y la denuncia de Nisman, mediaron cuatro largos años. Pero en 2011, la Presidente Cristina Kirchner era reelecta con el 54% de los votos. Idéntico cuestionamiento le cabría a un sinnúmero de jueces que profundizan investigaciones que involucran a la propia Cristina, a menos de un año de su salida del poder. El daño, en todo caso, ya está hecho.
Lo propio sucede con las relaciones entre la dirigencia política y los servicios de información. El uso y abuso que han acometido sobre la SIDE, primero Néstor Kirchner y luego su esposa, es notorio. En rigor, esto siempre fue público, pero jamás se denunció abiertamente. De hecho, fue el propio Kirchner quien puso a trabajar con Nisman al espía Stiusso, y nadie pareció rasgarse las vestiduras en ese entonces. Otros incluso celebraron la Fiscalía Especial -creada por mandato de Kirchner- que tenía por objeto investigar el atentado a la AMIA. Durante aquellos años de esplendor del kirchnerismo, escasearon los periodistas y analistas políticos que se atrevieron a denunciar la enajenación del aparato de seguridad e inteligencia por parte del Estado Nacional para vigilar y poner en línea a hombres de empresa, opositores, sindicalistas, y al periodismo. Los espías mucho parecen tener que ver con el relato 'Frankenstein', de Mary Shelley. Y lo cierto es que jamás el poder político en la República Argentina podrá controlar efectivamente a la inteligencia estatal.
En el circuito político opositor, la confesión por lo bajo remite al miedo. Para la clase dirigente, resulta tentador usar en su favor a la inteligencia. Mucho más cuando se cuenta con apoyo social y encuestas favorables. Pero, ante la ocurrencia de episodios extraordinarios, llega la caída a la realidad: se utilizaron muchos años para alimentar al animal salvaje.
Prácticamente cualquier hipótesis que verse sobre la muerte de Alberto Nisman se presenta temible -incluso el suicidio. Si acaso los responsables operaron por cuenta de Teherán, ello implicaría que el espionaje iraní opera en la Argentina con impunidad. Si el episodio fue un síntoma de una guerra entre elementos del aparato de espionaje -conforme sugiere el matutino británico 'The Telegraph', ello remitiría a un conato de violencia en ciernes con potencialidad para explotar en cualquier ángulo, y en cualquier momento. Finalmente, si existiere algún alto referente del Gobierno Nacional involucrado, ¿quién podría decirse que se ubicaría detrás de esa persona?
Naturalmente, la hipótesis del asesinato extrajudicial invitaría a evaluar a consciencia una triste verdad -corroborada en la sensación y las declaraciones de altas personalidades de Europa y de los Estados Unidos de América-, esto es, que ni el Estado Argentino ni su sistema judicial son capaces de cuidar la integridad física de un Fiscal. Mucho menos de resolver un atentado que ocurrió hace más de dos décadas.
La República no parece haber tomado consciencia de sus propios desvaríos. Y quizás sea ya demasiado tarde.
El episodio del fiscal muerto amenaza con convertirse en un caso policial, sembrando claramente el terreno para que aparezca la trituradora de algunos medios y periodistas afines a los oficialismos de turno, con miras a transformar este asunto en un culebrón. Ante esa eventualidad, el asunto se diluirá, inexorablemente, con el tiempo. La muerte de Nisman es un caso impactante por su propia fuerza, aunque desnudó numerosas cuestiones que son tanto o más importantes que el hecho en sí. Se asiste a un país abonado al exceso y a la desmesura, y que luego se estremece ante su propia creación.
La secuencia de los hechos resulta poco menos que espeluznante. En 1994, tiene lugar el atentado contra la AMIA. Veinte años después, aún no se tiene la menor idea de los autores de la masacre, aunque las sospechas siempre se orientaron hacia Irán y elementos de Hezbolá. En 2013, el gobierno de Cristina Fernández rubrica un Memorándum de entendimiento…-precisamente, con la República Islámica. El fiscal de la causa, abocado exclusivamente a dicha investigación, denuncia a la Presidente, al Canciller, a un Diputado y a otros tantos operadores oficialistas por encubrir a los autores del atentado a través de dicho convenio con Teherán. Y, apenas cinco días después, el funcionario judicial aparece muerto de un balazo en su baño, 24 horas antes de ampliar sus denuncias ante una comisión especial del parlamento. Leído tal como sucedió, la reacción da lugar al escozor. La denuncia de Alberto Nisman vino a confirmar la inoperancia y la negligencia de la justicia, de la que el malogrado funcionario era parte, y de la propia política para descubrir a los responsables de la voladura de la mutual judía. Si dicha denuncia hubiese prosperado -o si acaso llegara aún a prosperar-, se hubiese certificado con rigor probatorio que la Administración kirchnerista encubrió a los supuestos autores del ataque. El foco de la cuestión estaría ubicado en la responsabilidad política, pero los perpetradores del atentado contra la mutual -quienesquiera que hayan sido- continúan en libertad. El país continúa siendo francamente permeable a cualquier ataque terrorista, por omisión o por declarada incapacidad para investigar y localizar a ideólogos y ejecutores.
Todo lo cual tiene lugar en medio de un contexto en el que la justicia está siendo cuestionada con dureza por la propia ciudadanía. Al decir de un magistrado de orden federal consultado por este medio: "En la administración de justicia, hoy día conviven tres bandos: Justicia Legítima (fuertemente identificados con el Gobierno Nacional); los integrantes de la lista Bordó (encabezados por Ricardo Recondo, ultraconservadores y feroces opositores al Gobierno); y los del medio, enrolados en la lista Celeste, que van para un lado o para el otro según la dicte la oportunidad. Los jueces podemos ser muy jodidos. Cuando el poder político se mete con nosotros, somos capaces de destruirlos, de tirarles con todo. Mucho más cuando están en retirada". Previo a su deceso, se le cuestionó a Nisman el no haber hecho efectiva su denuncia mucho antes, cuando el también desaparecido periodista José 'Pepe' Eliaschev revelara en Diario Perfil (marzo de 2011) el acuerdo con Irán que se hiciera público dos años más tarde. Entre la revelación del periodista y la denuncia de Nisman, mediaron cuatro largos años. Pero en 2011, la Presidente Cristina Kirchner era reelecta con el 54% de los votos. Idéntico cuestionamiento le cabría a un sinnúmero de jueces que profundizan investigaciones que involucran a la propia Cristina, a menos de un año de su salida del poder. El daño, en todo caso, ya está hecho.
Lo propio sucede con las relaciones entre la dirigencia política y los servicios de información. El uso y abuso que han acometido sobre la SIDE, primero Néstor Kirchner y luego su esposa, es notorio. En rigor, esto siempre fue público, pero jamás se denunció abiertamente. De hecho, fue el propio Kirchner quien puso a trabajar con Nisman al espía Stiusso, y nadie pareció rasgarse las vestiduras en ese entonces. Otros incluso celebraron la Fiscalía Especial -creada por mandato de Kirchner- que tenía por objeto investigar el atentado a la AMIA. Durante aquellos años de esplendor del kirchnerismo, escasearon los periodistas y analistas políticos que se atrevieron a denunciar la enajenación del aparato de seguridad e inteligencia por parte del Estado Nacional para vigilar y poner en línea a hombres de empresa, opositores, sindicalistas, y al periodismo. Los espías mucho parecen tener que ver con el relato 'Frankenstein', de Mary Shelley. Y lo cierto es que jamás el poder político en la República Argentina podrá controlar efectivamente a la inteligencia estatal.
En el circuito político opositor, la confesión por lo bajo remite al miedo. Para la clase dirigente, resulta tentador usar en su favor a la inteligencia. Mucho más cuando se cuenta con apoyo social y encuestas favorables. Pero, ante la ocurrencia de episodios extraordinarios, llega la caída a la realidad: se utilizaron muchos años para alimentar al animal salvaje.
Prácticamente cualquier hipótesis que verse sobre la muerte de Alberto Nisman se presenta temible -incluso el suicidio. Si acaso los responsables operaron por cuenta de Teherán, ello implicaría que el espionaje iraní opera en la Argentina con impunidad. Si el episodio fue un síntoma de una guerra entre elementos del aparato de espionaje -conforme sugiere el matutino británico 'The Telegraph', ello remitiría a un conato de violencia en ciernes con potencialidad para explotar en cualquier ángulo, y en cualquier momento. Finalmente, si existiere algún alto referente del Gobierno Nacional involucrado, ¿quién podría decirse que se ubicaría detrás de esa persona?
Naturalmente, la hipótesis del asesinato extrajudicial invitaría a evaluar a consciencia una triste verdad -corroborada en la sensación y las declaraciones de altas personalidades de Europa y de los Estados Unidos de América-, esto es, que ni el Estado Argentino ni su sistema judicial son capaces de cuidar la integridad física de un Fiscal. Mucho menos de resolver un atentado que ocurrió hace más de dos décadas.
La República no parece haber tomado consciencia de sus propios desvaríos. Y quizás sea ya demasiado tarde.
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@PortaluppiPablo
Sobre Pablo Portaluppi
Es Analista en Medios de Comunicación Social y Licenciado en Periodismo. Columnista político en El Ojo Digital, reside en la ciudad de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires, Argentina). Su correo electrónico: pabloportaluppi01@gmail.com. Todos los artículos del autor, agrupados en éste link.