De cómo los gobiernos reinterpretan al terrorismo

El Washington Post informa que 'las tendencias en el terrorismo son "peores que cualquier otro punto en la historia". Pero, ¿qué es terrorismo? Se ha señalado con frecuencia que 'terrorismo' corresponde a una táctica, y no a un adversario físico en el escricto sentido del término, pero menos se atiende al hecho de que una simple definición sobre lo que significa terrorismo es difícilmente aceptada universalmente, mientras que la definición en sí misma es, esencialmente, política. La afirmación simplista que reza que un terrorista puede ser un luchador de la libertad -según la óptica- fracasa a la hora de capturar las consecuencias de la distinción, conforme la etiqueta de terrorista en sí misma recurrentemente viene de la mano con un número de responsabilidades legales y prácticas. Describir a una organización como terrorista a criterio de desacreditarla se ha convertido en una táctica, una que comporta solo conexiones limitadas con lo que el grupo bajo análisis cree o hace en realidad.

El núcleo de la discusión al momento de definir al terrorismo pasar por dónde trazar el límite, en términos del empleo de la violencia y con miras a la consecución de un objetivo político. En la práctica, es aceptado generalmente que los actores estatales que recurren a la violencia lo hacen dentro de un marco social que les confiere legitimidad, mientras que los actores no estatales que emplean la violencia política son terroristas ipso facto o, al menos, susceptibles de ser etiquetados como tales, lo cual confiere sobre ellos falta de legitimidad y un comportamiento criminal particularmente aborrecible. Pero algunos en la vereda de los receptores de esta distinción maniquea, notan que las leyes que definen al terrorismo son, en sí mismas, redactadas por gobiernos y organizaciones internacionales, lo cual inevitablemente les otorga una salvaguarda en términos de la propia responsabilidad. Estos argumentarían que los regímenes establecidos inevitablemente conspirarán para etiquetar a sus enemigos como terroristas, para marginalizar tanto a los movimientos de resistencia como a la disidencia interna, de forma tal que logre disminuírse la credibilidad de grupos bajo la lupa. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se ha mostrado haciendo precisamente eso en tiempos recientes, y uno podría, razonablemente, argumentar que el uso de la violencia por parte del gobierno suele ser prácticamente indistinguible de las acciones ejecutadas por actores no estatales.

Algunas definiciones corrientes en los diccionarios citan al terrorismo como 'uso sistemático del terror', lo cual seguramente remite a un indicativo frente a lo inescrutable de un asunto cuando la palabra debe ser empleada para definirse a sí misma. Las Naciones Unidas han fracasado desde 2002 en la negociación sobre la Convención Internacional sobre Terrorismo, que hubiese definido al terrorismo como provocar la muerte, serias lesiones, o la destrucción de propiedad pública y privada 'para intimidar a la población, o para compelir a un gobierno u organización internacional para acometer un acto o para abstenerse de hacerlo'. El Código Criminal/Penal de los Estados Unidos emplea un lenguaje similar, y lo propio sucede con el Acta Patriota (Patriot Act), siendo los elementos clave el uso de la violencia, o la destrucción física para 'intimidar o aplicar coerción' sobre determinada población civil o un gobierno existente.

Los gobiernos tienen claro lo que puede lograrse tras invocar la palabra 'terrorismo'. Los EE.UU., negados a la diplomacia, frecuentemente se ocultan bajo aquella etiqueta, conforme está prohibido por ley negociar con grupos calificados como terroristas, en tanto se impide confrontar la potencial legitimidad de lo que tales grupos representan. Lo cual también justifica una respuesta uniformemente violenta, y esto es caracterizado, invariablemente, como legítima defensa.

Catorce años atrás, la 'guerra contra el terrorismo' fue empleada para justifificar la venta al menudeo de la intervención estadounidense en naciones predominantemente musulmanas. Un número de países europeos, incluyendo a Francia y Gran Bretaña, siguieron el ejemplo de dos Actas Patriotas, introduciendo legislación antiterrorista que proporcionan autorización a policías especiales y servicios de inteligencia que limitan el marco de protección legal en casos relacionados con terrorismo. Las leyes -desarrolladas con criterios amplios- han convertido mayormente a las autoridades en inmunes ya fuera ante regulación o persecución judicial, y los gobiernos en Occidente se han mostrado, en general, reacios a permitir requerimientos de terceras partes en lo que respecta al comportamiento de fuerzas militares y de policía. En los Estados Unidos, el privilegio del secreto de Estado, originalmente pensado para prohibir la exposición de información clasificada en los tribunales, ha sido empleado para desvirtuar completamente los procedimientos judiciales relativos a ofensas supuestamente cometidas por el gobierno en casos de terrorismo.

Y los críticos del esencialmente hipócrita doble estándar empleado en la definición de terrorismo ciertamente tienen razón. Uno podría, razonablemente, argumentar que el uso de drones (aeronaves no tripuladas), en cuyo caso los objetivos 'clásicos' son eliminados porque coinciden con determinado perfil, encaja confortablemente con la definición de terrorismo. A lo largo de 2003 y 2004, el ejército estadounidense y las fuerzas de los Marines (USMC) en Falujah bombardearon ocasionalmente a objetivos urbanos de manera indiscriminada, y fueron ciertamente responsables por la muerte de centenares de civiles. Las Fuerzas de Defensa de Israel ultimaron a miles de civiles en dos incursiones en Gaza, así como también en muchos ataques en el Líbano. No hubo declaración de guerra para justificar el empleo de fuerza armada en ambos casos, en tanto observadores independientes notaron que muchas de las bajas civiles pudieron haber sido evitadas, factor normalmente decisivo que convierte a un incidente en terrorista. Tanto Israel como Estados Unidos dieron vuelta el partido al referirse a sus oponentes y víctimas como 'terroristas'. No se registró responsabilidad por las muertes, porque fueron dos gobiernos los que acometieron los homicidios.

En un mundo aparentemente obsesionado con el terrorismo, era inevitable que algo como la industria antiterrorista creciera dramáticamente. Aún las redes de radio y televisión cuentan con un staff permanente que pontifica cada incidente violento, e incluso se conoce de cuentapropistas bien pagos -que se describen a sí mismos como expertos, tales como Evan Kohlmann y Steve Emerson-. Recientemente, Emerson debió disculparse luego de declarmar que Birmingham (Inglaterra) contenía un número de areas disfuncionales bajo control de musulmanes extremistas.

No debería representar sorpresa que los abogados se hayan metido en el juego. En 1996, el congreso estadounidense aprobó el Acta sobre Terrorismo y Pena de Muerte Efectiva, que permite a víctimas de terrorismo interponer demandas civiles en cortes federales y estatales contra patrocinadores o partidarios de terrorismo. Una vez que Usted cuenta con un grupo o un individuo etiquetado como terrorista, o bien proporcionando asistencia a terroristas, existe un número de opciones que puede considerar. La floreciente industria antiterrorista parece mostrarse de algún modo relacionada con el empleo recurrente de Lawfare, que utiliza el sistema legal para arengar a la guerra a través de medios alternativos, volviendo posible la obtención de un juicio favorable y de daños confiscando activos de cualquier organización terrorista reconocida. Estos beneficios, surgidos de litigar por intermedio de una legislación favorable en los EE.UU., convierten al terrorismo en un crimen mundial, sujeto a revisión judicial por parte de tribunales estadounidenses.

Casos recientes en la justicia han involucrado a Estados que, según se declara, patrocinan al terrorismo o a organizaciones reales que hoy son parte de gobiernos que, o bien ahora o en el pasado, fueron percibidos como terroristas. Muchos de los grupos puestos bajo la lupa son enemigos del Estado de Israel, y el centro israelí Shurat HaDin se muestra particularmente activo en la persecución de esta legislación. En un caso reciente, llevado adelante en la Ciudad de Nueva York, la Autoridad Palestina fue exitosamente demandada por un grupo de ciudadanos israelíes y estadounidenses en relación a ataques terroristas que tuvieron lugar en Israel entre 2002 y 2004. Si el reclamo tuviera éxito, la Autoridad Palestina deberá abonar mil millones de dólares en daños y caería en la bancarrota, con consecuencias negativas para los Estados Unidos, que ha buscado conformar un gobierno viable en la Ribera Occidental.

El Departamento de Estado americano identifica a cuatro naciones como patrocinadoras del terrorismo, convirtiéndolas en blancos primarios para sanciones y cualquier otra suerte de acción legal. Esos países son Cuba, Sudán, Siria e Irán. Cuba representa una anomalía, conforme no ha amenazado a nadie en décadas, pero continúa en la lista debido a las profundas pasiones encarnadas en el seno de los EE.UU., bajo el políticamente poderoso lobby cubano. De igual forma, Sudán no debería comportar tal denominación, siendo que incluso el gobierno de Estados Unidos admite su nivel de cooperación en asuntos relacionados con el terrorismo.

Lo cual nos lleva a Siria e Irán, los cuales son considerados como patrocinadores estatales de terrorismo, aún cuando ambos son, en rigor, víctimas de ataques terroristas perpetrados por grupos respaldados por EE.UU. Estas dos naciones permanecen en la lista porque, o bien brindan asilo o cooperan con Hezbolá, Hamás y la Yihad Islámica Palestina. La totalidad de estos grupos se consideran movimientos de resistencia contra la ocupación ilegal de Israel en Palestina, pero Israel percibe a los tres como terroristas, en una visión que es compartida por Estados Unidos y su lista de Organizaciones Terroristas del Extranjero (FTO list). Este punto de vista no necesariamente es compartido por numerosos gobiernos europeos, que consideran a aquellas organizaciones como protagonistas de una evolución hacia partidos políticos legítimos. Hay incluso miles de individuos y grupos considerados como terroristas o criminales, compilados por el Departamento de Justicia estadounidense en su Lista Especial de Ciudadanos Designados. Individuos y organizaciones incluídos en esta lista han visto bloquearse sus activos, en tanto están sujetos a otro tipo de acciones punitivas por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Ser designado por el Departamento del Tesoro o por el Departamento de Estado no significa necesariamente que un individuo u organización estuvieran involucrados realmente en terrorismo. La fundación tejana Holy Land, de origen islámico y sin fines de lucro, fue declarada como organización terrorista en 2001. Sus representantes fueron sentenciados y puestos en prisión tras un juicio de 2008, en virtud de que el Departamento del Tesoro determinó ex post facto que había proporcionado dinero a Hamás, previo a que el grupo fuera designado como organización terrorista.

La inclusión en las listas de ambos Departamentos, Estado o Tesoro, puede implicar que existe evidencia sólida de actuaciones impropias, pero también puede remitir a meras insinuaciones o a un fuerte deseo de señalar con el dedo a un grupo para que éste sea castigado. En cualquier caso, una vez que un grupo o individuo son designados para ser listados, es difícil zafarse. Las organizaciones que no se hayan visto involucradas en actividades terroristas continuarán presentes en los listados, mientras que otros grupos que hoy se muestran activos escapan a la censura. Recientemente, Mujaheddin e Khalq (MEK), un grupo terrorista iraní que asesinó a seis ciudadanos estadounidenses en los años setenta, fue removido del listado, a raíz de registrarse presión política del congreso y los medios estadounidenses. Nuevamente, Israel estuvo involucrado. MEK es un enemigo del actual gobierno de Teherán y, en sí mismo, es un componente importante del esfuerzo israelí de inteligencia contra Irán, habiéndose visto implicado en la fabricación de información que sugería que Irán exhibe un programa activo de armas nucleares, así como también de haber participado en los asesinatos de científicos iraníes.

De tal suerte que aquellos elementos que hacen al terrorismo en realidad dependen, y en gran medida, de la propia perspectiva, quitándole sentido al concepto. Pero aquellos que son listados como terroristas experimentan consecuencias reales, aún aceptándose que la designación es implementada de modo selectivo y politizado. Estados Unidos e Israel en particular emplean el mote de terrorismo para demonizar a sus oponentes, para incrementar el miedo, y para generar apoyo popular para políticas de seguridad que podrían, de otra manera, ser desagradables. También justifican su propio comportamiento, afirmando que ocupan el terreno alto en lo que hace a moralidad y la defensa mundial contra el terror, declamación que ciertamente debería ser considerada con considerable escepticismo.


Traducción al español: Matías E. Ruiz | Artículo original en inglés, en http://www.theamericanconservative.com/articles/how-governments-twist-terrorism/ | Traducido y republicado con permiso de The American Conservative (Estados Unidos)