Ricardo Lorenzetti y la Corte Suprema: de hombres y ratones

Nota: Artículo recuperado tras error de sistema. Fecha original de publicación: 29 de abril de 2013

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El debate en torno del proyecto de "democratización de la justicia"pergeñado por Carlos Zannini y apuntalado hasta el hartazgo por la Presidente Cristina Kirchner desde el atril ha mutado ya en una suerte de ininteligible galimatías. Se trata -para muchos- de un mecanismo que se perfila como ingeniado adrede con el objetivo de confundir a propios y ajenos.

Por estas horas, la "familia judicial" no habla de otra cosa; abogados constitucionalistas y jueces por igual se encuentran repasando cada detalle de la reforma propuesta porque, si bien existe consenso frente a que el oficialismo motoriza a la misma con la meta de obsequiarse impunidad futura, la declamada solidez jurídica de la iniciativa demanda ser planteada con detenimiento y en profundidad.

A tal efecto, juristas refieren, por ejemplo, que la creación de las famosas Cámaras de Casación no podrían declararse como inconstitucionales, en virtud de que esta decisión pertenece a la órbita de las atribuciones del Poder Legislativo. Area en donde diputados y senadores del reducto opositor difícilmente puedan argüir que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que deba intervenir en lo inmediato para zanjar el asunto y aclarar los tantos. Habida cuenta del entuerto, debe citarse que la porción más cuestionable del paquete que busca someter a los magistrados reposaría sobre la limitación de las medidas cautelares y sobre variables que comprenden a la elección de losmiembros del Consejo de la Magistratura. La dificultad para la Presidente de la Nación estriba, fundamentalmente, en que ella no está en posición de designar a dedo a los integrantes de las Cámaras que se propone crear: si incurriera en tal estratagema, entonces sí podría cobrar solidez y adhesiones la prerrogativa de la inconstitucionalidad.
 
El planteo del atentado contra los principios de la Carta Magna, entonces, no equivaldría a "soplar y hacer botellas". La problemática de la limitación de las cautelares necesita de un caso concreto: los letrados solo pueden echar mano de aquella inconstitucionalidad toda vez que se presente un caso que así lo amerite. En tal escenario, el procedimiento apropiado conduciría a realizar esa presentación ante un juez de Primera Instancia, y sería éste quien cargaría sobre sus hombros la fatigosa responsabilidad de resolver. Las apelaciones respectivas -consideradas desde este enfoque- serían habilitadas de a una por vez, por los primeros juzgados intervinientes, o bien debería echarse mano del instrumento del per saltum, para allanar el camino hacia una intervención del más alto escalón del Poder Judicial.
 
La elección de los componentes del Consejo, asimismo, no quedaría limitada a un marco muy diferente. Cualquiera sea el interés detrás del proyecto, en todos los casos es requerida la intervención de jueces de Primera Instancia quienes, a su debido tiempo y lugar, habilitarían la intervención del Superior Tribunal. Recuérdese el Caso Clarín: en aquella oportunidad, la Corte rechazó -precisamente- la alternativa del per saltuminterpuesta por los representantes del Gobierno Nacional, puesto que aún restaba conocerse la opinión fundamentada del magistrado de Primera Instancia interviniente.
 
No obstante, considerándose las urgencias políticas y la proximidad de las Elecciones Generales de octubre, podría suceder que la Corte Suprema se dispusiera a urgir a los jueces de tribunales inferiores para que se pronuncien sobre las cuestiones de fondo y, en lo particular, sobre aquellas que rocen a las cautelares. La razón: los juzgados en ningún caso dispondrían del tiempo suficiente como para expedirse con anterioridad a los comicios legislativos.

La controversia jurídica, finalmente, comienza incluso a dirimirse en la frontera de consideraciones bastante más terrenales. Los interrogantes sobre las declaraciones de inconstitucionalidad confluyen en cómo tal decisión influiría en la persona de sus protagonistas, muchos de ellos pertenecientes a ámbitos académicos nacionales e internacionales de alto vuelo. ¿Cómo reaccionarían los círculos íntimos de ciertos magistrados, enfrentados a la alternativa de defender un proyecto que heriría de muerte al sistema republicano? ¿De qué manera podría defenderse esa postura frente a una ciudadanía movilizada y a su inconciente colectivo, la opinión pública?

Quizás, la discusión haya aterrizado de bruces en la dialéctica subterránea que mejor conocen la Presidente Cristina Fernández Wilhelm y sus comisionistas, esto es, la de la presión corporativa. Los conceptos en apariencia desmesurados de Elisa Carrió han puesto contra las cuerdas a Ricardo Lorenzetti: el titular del máximo tribunal está recibiendo gruesos cuestionamientos de parte de reconocidos camaristas federales, a raíz de su cuestionable decisión de ocultar tramos de la famosa carta (conforme lo revelara la legisladora chaqueña).

Los inconvenientes para Lorenzetti no son escasos; acaso sea hora de que el hombre de Rafaela proceda a brindar explicaciones frente a los poco elegantes métodos empleados para monopolizar el negocio de la prestación médica en su ciudad natal y localidades circundantes, ya desde los tiempos en que oficiaba como abogado y accionista de la firma APREME. Todo ello, en irónica consonancia y connivencia con la jefatura de la sucursal santafesina de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), conducida por Carlos Vaudagna; esquema diabólico en donde el ex intendente rafaelino Ricardo Peirone también desempeñaba un rol de interés. Y, ¿por qué no rememorar el procedimiento llevado a cabo en el Congreso para aprobar su pliego? El hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia había admitido poseer cuentas en el extranjero, y su cercanía con el matrimonio Kirchner era públicamente conocido. Sin embargo, las impugnaciones interpuestas por un grupo de ONGs no fueron tomadas en cuenta. El operador cristinista Javier Fernández y el entonces también Senador Jorge Yoma (hoy, un supuesto renegado) -entre otros- determinaron el visto bueno para la postulación del magistrado. Sin mayores preguntas. Sorpresa: algún tiempo después, sería la propia Graciela Ocaña quien denunciaría el accionar de la prestadora APREME y otras firmas, en virtud de que la compañía de Lorenzetti (una vez que ésta concentró la atención médica de jubilados en el distrito) acopió numerosas denuncias por el pésimo servicio brindado a los usuarios de la misma, vía PAMI. Ocaña se refería entonces al "accionar de empresas gerenciadoras como intermediarias parásitas en el sistema de salud, atribuyéndoles a su desmanejo en la década del noventa, la crisis financiera que afrontó el Instituto".

Acaso los operadores del kirchnerismo en las sombras puedan concluír -con sus propias palabras- que Ricardo Lorenzetti es "apretable"; pero ello no tiene necesariamente relación directa con el supuesto hijo extramatrimonial que le adjudican, sino porque el Supremo contabiliza demasiadas cosas que ocultar. No solamente incongruencias con su rol de funcionario público (negocios), sino incluso relatos obscuros sobre cómo destruyó a sus competidores en la justicia santafesina, reemplazándolos con colegas amigos. Consideraciones éticas aparte, la furia de la "familia judicial" contra el citado se justifica en que no pocos se percataron de su doble jugada: por un lado, negociar con el oficialismo una mejora substancial de la "caja" que administra la Corte, para luego aguardar a que la reforma judicial se empantanase en el tiempo, comprometiendo el futuro de la Presidente. Al mediano plazo, su candidatura presidencial ganaría empuje en la ciudadanía, gracias a la imagen de Mesías de la República que -él así lo creía- se construiría sin ayuda, con el correr de los meses. Sencillo: los partidos políticos de oposición hubiesen venido corriendo a su encuentro. Todo acabó en un abrir y cerrar de ojos, puesto que ya se sabe que negoció con Balcarce 50 y no tuvo empacho en ocultar los términos de esa negociación. De cara a la "democratización de la justicia" propuesta por el Frente Para la Victoria y su jefa, existe consenso entre sus pares: Lorenzetti -si acaso la cuestión debiera zanjarse en la Corte Suprema que preside- debería declarar la inconstitucionalidad sin más, y luego presentar su dimisión.

Desgraciadamente, al resto de los integrantes del máximo tribunal no les va mejor. Convalesciente o no, Carmen Argibay aún no se ha tomado el tiempo de explicar las causas de la importante indemnización que percibió (más de US$ 400 mil) por figurar -equivocadamente- en una lista de desaparecidos. Y, al día de la fecha, nadie entiende por qué abandonó el tribunal de La Haya (Holanda) y sus múltiples beneficios, convocada por el matrimonio Kirchner para ser parte de la Corte Suprema de la Nación. Por su parte, Eugenio Raúl Zaffaroni difícilmente pueda desligarse de su involucramiento en el uso de sus propiedades para explotación de prostitutas, y a Su Señoríatambién le cabe un particular cuestionamiento: ¿qué función cumple en el tribunal, fuera de organigrama, su amigo Jacobo Grossman? ¿Tiene en mente que el citado fue detenido durante los denominados "años de plomo" por gravísimos cargos de secuestro extorsivo? Finalmente, la Casa Rosada también cuenta con material para suavizar a Elena Highton de Nolasco y -conviene no equivocarse- se valdrá de esos subterfugios a su debido tiempo.

Tal vez el ciudadano de a pie aún no tenga claro que los legisladores de la oposición protegen a Ricardo Lorenzetti, mientras se deshacen en elogios para con sus pares en el Superior Tribunal. Ni la política ni la justicia como hoy se las conoce se encuentran a la altura de las circunstancias: no cuentan con el criterio, los elementos ni la voluntad para proteger a la República de la voracidad del subsistema cristinista.

La gente -será hora de notificarse- está sola.