España: por qué la renta básica no es financiable

Podemos vuelve a la carga en España. O, al menos, un sector dentro de Podemos. Después de haber renunciado a su fantasiosa promesa electoral de implantar una renta básica universal, el Círculo Podemos Renta Básica, con el ilustre apoyo de Juan Carlos Monedero, presiona para que el partido no abandone una de sus señas de identidad.

 

En mi último libro, Contra la renta básica: por qué la redistribución de la restringe nuestras libertades y nos empobrece a todos, explico por qué esta política redistributiva, consistente en una transferencia de renta incondicional a todos los españoles, es profundamente injusta y viola las libertades básicas de las personas. Dado que la práctica totalidad del libro está orientada a demostrar este extremo —esto es, a demostrar que todos los argumentos filosóficos que se han dado a favor de la renta básica desde corrientes tan variopintas como la socialdemocracia, el republicanismo, el comunismo, el feminismo, el comunitarismo o el georgismo están radicalmente equivocados— permítaseme centrar ahora mi atención en un asunto bastante más simple: por qué la renta básica no es financiable.

 

Sus impulsores dentro de Podemos aseguran, en cambio, que no existe ninguna dificultad al respecto: que para establecer una renta básica de 7.500 euros por adulto apenas se necesitaría sustituir el actual IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) por uno con un tipo único del 49,5% y sin ningún tipo de exención ni deducción. Por ejemplo, un trabajador que cobrara 10.000 euros pagaría 4.950 en IRPF pero recibiría 7.500 por renta básica, de modo que saldría beneficiado con una transferencia neta de 2.550 euros (esto es, pasaría a cobrar 12.250 euros después de impuestos y transferencia); en cambio, un trabajador que ingresara 20.000 euros antes de impuestos abonaría por IRPF 9.900 euros y acto seguido recibiría la asignación de 7.500, de manera que los impuestos netos a pagar se reducirían a 2.400 euros (esto es, pasaría a cobrar 17.600 euros después de impuestos y transferencias).

 

Como digo, el Círculo de Podemos Renta Básica estima que, con esta reforma tributaria, se obtendrían fondos suficientes como para financiar su programa redistributivo. Aunque no lo citen, sus cálculos se basan en el exhaustivo estudio de Jordi Arcarons, Daniel Raventós, Antoni Domènech y Lluís Torrens donde efectúan una simulación de financiación sobre una base estadística de dos millones de declaraciones de la renta del año 2010. Y, sobre esa muy representativa base, sus cálculos parece que cuadran: con un IRPF del 49,5%, la renta básica podría sufragarse. ¿Acaso entonces el círculo de Podemos no tiene razón cuando señala que es perfectamente factible implantar una renta básica universal en España?

 

No: los cálculos de Arcarons y compañía —sobre los que se basa el Círculo de Podemos— adolecen de numerosos problemas (ampliamente tratados en Contra la Renta Básica), si bien dos de ellos son lo suficientemente graves como para invalidar todo su estudio. En concreto, su simulación sobre dos millones de declaraciones de la renta que concluye que con un tipo del 49,5% podría financiarse una renta básica universal de 7.500 euros falla porque, por un lado, no estima cuánto se reduciría la recaudación como consecuencia del alza tributaria y, por otro, porque no estima cuánto aumentaría el gasto como consecuencia de la implantación de la renta básica.


Caída de recaudación: la elasticidad de la base imponible

 

Como decimos, el primer fallo metodológico serio de Arcarons y compañía es que no estiman (ni pretenden estimar) cuál sería el efecto sobre la recaudación de la subida de impuestos que proponen. En economía, suele hablarse de la elasticidad de la base imponible para referirse a cuánto se reduce la renta gravable ante un incremento del tipo tributario efectivo. La cifra más extendida sobre la elasticidad de la recaudación es 0,4, esto es, que un aumento del tipo impositivo del 10% hace caer la base imponible en un 4%. Sin embargo, todos los estudios suelen coincidir en que la elasticidad es especialmente elevada entre las rentas más altas (por ser las que con mayor facilidad pueden escapar del Fisco): en el caso de España, por ejemplo, se ha llegado a estimar que para el 25% de los contribuyentes con mayor renta (aquellos que, según Arcarons y compañía pagarían netamente la renta básica) es de 2,7; es decir, que una suba del tipo impositivo del 10% reduce la base imponible un 27%.

 

En este último caso, tengamos presente que la financiación de la renta básica sería imposible, ya que la subida de impuestos se autoderrotaría. Por ejemplo, si el tipo efectivo de una persona que gana 40.000 euros pasa del 20% al 22% (un incremento del 10%), la elasticidad de 2,7 pronostica que su renta antes de impuestos se reducirá a 29.200 euros: esto es, que la recaudación tributaria caerá de 8.000 euros (el 20% de 40.000) a 6.424 (el 22% de 29.200 euros).

 

Quede claro que mi crítica no depende de que la elasticidad de las rentas más altas sea realmente de 2,7: sólo constato que el no haber incluido ninguna estimación de elasticidad de las bases imponibles vuelve estériles todos los ulteriores cálculos. Aunque la elasticidad fuera solo de 0,4, la renta básica ya no podría financiarse con un tipo nominal del 49,5%, sino que requeriría uno sustancialmente superior, multiplicando el número de perdedores con la misma.


Aumento del gasto: la reducción de horas de trabajo

 

El otro error metodológico serio de la simulación de Arcarons y compañía es la imagen estática que ofrecen sobre el coste de la renta básica. En esencia, los autores toman la distribución de ingresos antes de impuestos y transferencias en 2010 para averiguar cuánto costaría la renta básica. Por ejemplo, si una persona cobra un salario de 10.000 euros, el coste neto de abonarle la renta básica sería de 2.550 euros (recibiría 7.500 euros pero pagaría 4.950 euros en impuestos).

 

Ahora bien, ¿acaso el establecimiento de una renta básica no modificaría la distribución de ingresos antes de impuestos y transferencias? Parece bastante obvio que muchos empleados escogerían reducir sus horas de trabajo y, con ellas, sus ingresos antes de impuestos. Por ejemplo, si el anterior trabajador con un salario de 10.000 euros optara por minorar su jornada laboral un 20% (de 40 a 32 horas semanales) y, en consecuencia, su remuneración también cayera a 8.000 euros, la renta básica que debería transferírsele pasaría de 2.550 euros a 3.540 (recibiría 7.500 euros en renta básica, pero pagaría 3.960 euros en impuestos). Dicho de otro modo, sus ingresos después de transferencias apenas caerían un 6% (se reducirían de 12.250 euros a 11.540) mientras que su carga de trabajo lo haría en un 20%.

 

Acaso este incremento del coste de la renta básica en 990 euros parezca peccata minuta, pero fijémonos que equivale a un encarecimiento del 38,8%. Es decir, pequeñas variaciones en el comportamiento de los agentes a resultas del establecimiento de una renta básica multiplican el coste del programa. Por tanto, nuevamente resulta estéril efectuar una simulación del coste de financiación de la renta básica sin analizar cómo responderán los agentes ante su establecimiento.

 

A este respecto, la evidencia de la que disponemos en aquellas zonas de EE.UU. en las cuales se experimentó con la renta básica durante los años setenta ilustra que la reducción media en las horas de trabajo oscila entre el 5% y el 20%, y ello a pesar de que todos los que se acogieron a la misma eran conscientes de que la renta básica era un experimento temporal (por tanto, no había incentivos a abandonar permanentemente sus empleos indefinidos). Si tomamos un valor intermedio de la reducción de las horas trabajadas del 10%, resultará que el tipo nominal del IRPF no debería ser del 49,5% sino del 56,5% (lo que agravaría la reducción de las bases imponibles de los contribuyentes netos, tal como hemos visto en el epígrafe anterior).


Conclusión

 

El estudio más serio de financiación de la renta básica en España adolece de un fallo fundamental: supone que ese programa de redistribución masiva de la renta no alterará el comportamiento de contribuyentes y beneficiarios, esto es, supone que los contribuyentes no reducirán sus ingresos antes de impuestos y que los beneficios no minorarán sus ingresos antes de transferencias. Se trata de una foto estática y no de una simulación de los costes dinámicos de la renta básica.

 

Tras tomar en consideración estas reacciones de los ciudadanos, podríamos pensar que, en el supuesto más generoso imaginable, la renta básica podría financiarse con un tipo nominal en el IRPF del 65% (bajo supuestos más realistas, la renta básica no sería financiable a ningún tipo). Pero un tipo nominal del 65% constituye un pauperizador e inmoral expolio: un trabajador cualificado que cobrara 60.000 euros, pagaría 31.500 euros en impuestos (incluso después de recibir la renta básica), esto es, apenas retendría una renta disponible de 28.500 de dónde todavía debería abonar cotizaciones sociales, IVA y especiales. Pero es que, bajo estas condiciones, un trabajador que ganara 10.000 euros apenas recibiría una transferencia neta de 1.000 euros (cobraría 7.500 euros en renta básica y pagaría 6.500 euros por IRPF).

 

En suma, la renta básica no sólo es profundamente injusta (robar no es ético), sino también un completo despropósito fiscal. Tan es así que incluso Podemos la ha terminado considerando un unicornio. Esperemos que siga siendo así.