Argentina: tres razones para desinflar la burbuja del Estado

Cuando los historiadores se refieren a las grandes crisis económicas del siglo XX -y de lo que va del siglo XXI-, identifican cada caso con una burbuja. En la crisis de los años treinta, por ejemplo, los historiadores observaron burbujas bursátiles e inmobiliarias. La crisis de las punto com de 2001 en los Estados Unidos representó la burbuja bursátil de las acciones relacionadas al Internet. La Gran Recesión de 2008 -también en EE.UU.- signó el desenlace de la burbuja inmobiliaria gestada desde finales de 2001. La crisis europea actual fue la de una burbuja inmobiliaria, seguida de una burbuja del gasto público que se ha pinchado en varios países, aún cuando quede una brecha importante por corregir. Vale aclarar que las economías solo lograron recuperarse de las distintas crisis mencionadas cuando las burbujas terminaron de desinflarse y emprendieron un proceso de formación de capital a través del ahorro y la inversión.

En la Argentina de hoy, la crisis que viene será asociada a la burbuja del gasto público, que fue gestándose desde 2003 y especialmente a partir de los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, con sucesivos planes y programas.

Sin ánimo de ser exhaustivo, aunque presentados cronológicamente, recordamos ya en agosto de 2003 el Plan Manos a la Obra de Néstor Kirchner, seguido por la prolongación del Programa Remediar, la creación del Museo de la Memoria, el Plan Federal de Salud, el Plan Nacer Argentina, el Plan Espacial Nacional, el Programa de Becas del Bicentenario, el Programa de Apoyo de Infraestructura Universitaria, el Programa Argentina Trabaja, Fútbol para Todos, la asignación universal por hijo, el Fondo del Bicentenario para pagar la deuda externa, el Programa Conectar Igualdad, el Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario, Pakapaka, Tecnópolis, la recuperación de YPF, Procrear, el Programa Sumar (que fue presentado como una ampliación del Programa Nacer) o el Plan Raíces, entre otros.

Tres críticas presentamos los economistas a estos programas.

En primer lugar, que varios de estos programas y planes no se presentan como temporarios —mientras duró la crisis de 2002, con más de un 50 % de pobres y más de un 20 % de desempleados—, sino como continuados, garantizando a mucha gente una serie de ingresos que perdurarán en el tiempo. Esto evita que los beneficiarios tengan incentivos para buscar por sí mismos la generación de ingresos que les permitan abandonar esta dependencia del Estado. Más grave aún ha resultado el caso en que muchas personas rechazan posibilidades de trabajo para no perder un plan del Gobierno.

En segundo lugar, preocupa la sustentabilidad del gasto público total, el que no puede mantenerse aun con la mayor presión tributaria de la historia argentina, requiriéndose ahora de emisión monetaria para cubrir la brecha entre ingresos y gastos, y sometiendo a toda la población a niveles elevados de inflación. Axel Kicillof -Ministro de Hacienda- inició un proceso de ajuste por la vía de la inflación, pero el costo político de su sucesor será elevado, lo que puede dar lugar a problemas de gobernabilidad para quien ocupe el sillón de Rivadavia en 2016.

En tercer lugar, desconocer que mucho de lo que estos programas hacen el mercado podría hacerlo por sí solo y de manera mucho más eficiente. Esto se vincula con el primero de los puntos planteados. Basta observar a nuestros países vecinos, con niveles de desempleo y pobreza radicalmente inferiores a los de Argentina, para comprender el daño que estos planes y programas le hacen a la población. Esto se vincula al debate que la Presidente ha querido abrir en distintos discursos —sobre qué Estado queremos—, pero al que nadie de la oposición atendió. Personalmente, pienso que el objetivo final debería ser que los argentinos tengan trabajo, ingresos propios, y a través de ese ingreso y el acceso a crédito puedan adquirir su casa, su auto o incluso pagar por los bienes y los servicios que deseen consumir, sean estos remedios, computadoras o incluso fútbol. En la medida en que esto se vaya logrando, el Estado debería ir reduciendo su tamaño, desmantelándose muchos de los programas y los planes o también los ministerios y las secretarías que este Gobierno ha creado. Que en esta 'década ganada' el proceso haya sido contario a este ideal, es una muestra de que hemos tomado el camino inverso al deseado. Que Daniel Scioli esté pensando hoy en crear nuevos ministerios y secretarías también es un camino opuesto al deseado.

Los economistas no exigimos un cambio hacia la anarquía y la desaparición inmediata de todos los planes sociales y programas, y menos aún en las condiciones de la Argentina en 2002 o 2003, sino un llamado de atención a los excesos de gasto que el kirchnerismo ha iniciado y el costo político y social que puede implicar revertir este proceso.

Tal como ocurrió en sucesivas crisis económicas, la Argentina no podrá retornar al crecimiento hasta que desinfle la burbuja del gasto público. Si la fase de desarrollo requiere inversión, como definió recientemente Miguel Bein —el asesor principal de Daniel Scioli—, y como sostiene también el equipo económico de Mauricio Macri, debemos tomar conciencia de que nadie querrá invertir en un país que mantiene un nivel de gasto público en torno al 50 % del PIB, con una inflación que supera —al menos— el 20 %, cuya presión tributaria es récord de todo el continente y que aún mantiene un déficit fiscal del 7 %-8 % del PIB.