Mar del Plata: juicio a los años setenta

En diciembre de 1971, el país era gobernado por el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse, tercer mandatario de la llamada Revolución Argentina. La violencia comenzaba a emerger en incontables formatos: en 1969 , era asesinado el sindicalista Augusto Timoteo Vandor, y estallaba el 'Cordobazo'. Un año más tarde, era secuestrado y posteriormente ejecutado Pedro Eugenio Aramburu por una organización por entonces ignota, autoreferenciada como Montoneros. Y una noche de aquel política y socialmente tórrido fin de año, un disparo y una muerte terminarían por a conmover a la apacible Mar del Plata.

Desde luego que la ciudad balnearia argentina por excelencia no era lo que es hoy, asemejándose entonces más a un pueblo que a una ciudad. La ebullición política que se respiraba en Buenos Aires no repercutía en la población local. Fue así que los marplatenses se despertaron una mañana con la novedad de que una joven de diecisiete años -su identidad era Silvia Filler- había sido asesinada en una asamblea universitaria, más precisamente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Provincial, sede actual del Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Los autores del cruento episodio eran miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), nucleamiento de derecha peronista fundada en 1967 por el docente de Humanidades Carlos Disandro en la Ciudad de La Plata; el grupo ampliaría sus operaciones hacia Mar del Plata apenas dos años después. En una entrevista concedida a una revista en ese entonces, los fundadores proclamaban: 'La CNU es parte integrante del Movimiento Nacional Justicialista y, en tal carácter, responde verticalmente a la conducción de Perón (...) La actual situación política reviste el carácter de una tragedia nacional'. El surgimiento de organizaciones variopintas era un dato que no revistaba mayor importancia en aquel entonces, y muchas de ellas vinculaban su alumbramiento a los claustros universitarios. Las había de izquierda y de derecha: Tacuara, Montoneros, ERP, CNU. El factor común al discurso promocional de sus integrantes era el llamamiento a la violencia -y difícilmente alguien cuestionaba semejante arenga. A la luz de esa tumultuosa realidad, sobresale un dato no menor: la proliferación de organizaciones de origen universitario de objetivización política violenta tuvo lugar mayormente bajo el gobierno militar de Juan Carlos Onganía, lo cual se mostraba como un antecedente directo de las actuaciones que, a posteriori, encarnaría el Proceso.

La Plata supo caracterizarse siempre por una agitada vida política; influencias que no tardaron en llegar a la Costa, dada la cercanía geográfica y el hecho de que muchos jóvenes marplatenses marchaban a la Ciudad de las Diagonales para cumplimentar con su formación universitaria y terciaria. Este intercambio allanó el camino para el enriquecimiento de la discusión política en Mar del Plata, enrareciéndose su clima y tranquilidad, hasta entonces bucólica.

El crimen de Silvia Filler hizo su ingreso en el contexto de referencia. La versión inicial -la más compartida en relación a los hechos- versaba que se había tratado de un ataque en formato de emboscada de parte de elementos de la CNU, contra estudiantes nucleados en asamblea (la mayoría, militantes confesos de la izquierda peronista). No obstante ello, otros abonan la tesis de que ambas organizaciones portaban armamento y que, al considerarse el intercambio de fuego, más personas pudieron haber perdido la vida.

Pero nada volvió a ser igual desde entonces. La CNU cosechó un ruidoso repudio ciudadano, y su accionar político se diluyó hasta desarticularse en 1973 -instancia en la que el presidente Héctor Cámpora dictara la amnistía general, liberando de culpa y cargo a parte de sus integrantes; éstos retornaron a la ciudad. Y a la acción.

En simultáneo y ya en el concierto nacional, se suceden los fusilamientos de Trelew en 1972, la masacre de Ezeiza, y el asesinato de José Ignacio Rucci -un año después. En la Ciudad Feliz, el 20 de Marzo de 1975 es asesinado en plena calle y en horas del mediodía el abogado Ernesto Piantoni, sindicado como líder de la CNU. Su tercera hija estaba por nacer. En ocasión del velatorio, la organización jura venganza: esa misma noche, sus elementos se lanzan a la cacería. Es entonces cuando tiene lugar el tristemente célebre '5 x 1': son asesinadas cinco personas vinculadas a la izquierda peronista. El juicio oral y público que se lleva adelante hoy día pretende echar luz sobre esos hechos, sentando en el banquillo de los acusados a los supuestos ejecutores de la venganza, y en particular al Dr. Gustavo Demarchi (sospechado de integrar la Concentración y Fiscal Federal de Mar del Plata en aquellos años). Demarchi, que se defiende a sí mismo en el juicio, alegó ser un prisionero político del kirchnerismo y jamás haber pertenecido a la CNU.

En cualquier caso, la discusión de fondo parece comportar un norte diferente, éste es, si acaso dichos crímenes pueden ser considerados como de lesa humanidad. El Fiscal original de la causa, Dr. Juan Manuel Pettigiani, no los consideró como tales, al argumentar en su dictamen que los hechos ocurrieron bajo un gobierno constitucional (N de la R: Isabel Perón). Aunque se trató de una época de 'baja intensidad democrática, los resortes del poder se hallaban a cargo de diferentes manos'. La explicación: los eventos no remitían a una política de Estado, sino que fraternizaban con el accionar de una organización criminal. El dictamen de Pettigiani fue desechado por el entonces Procurador Esteban Righi, y luego dicha resolución fue ratificada por su sucesora, Alejandra Gils Carbó. La Procuradora General de la Nación designó entonces un nuevo fiscal, el Dr. Daniel Adler, miembro integrante del jury que no ahorraría méritos en destituir a su par José María Campagnoli (variable que ciertamente contribuye a ensombrecer el caso). Adler solicitó un requerimiento con miras a elevar la cuestión a juicio oral, lo cual finalmente ocurrió. Al cierre, los crímenes bajo mención son considerados como de lesa humanidad y, como tales, no prescriben. En la óptica de la jurisprudencia, no interesa que hayan tenido lugar cuarenta años atrás.

Se conoce de una extensa bibliografía relativa a la llamada noche del '5x1', pero demasiado poco se menciona sobre el crimen de Ernesto Piantoni. Más aún, ha circulado la versión que adjudica los eventos a un ajuste de cuentas en la interna del sindicato UOM (Unión Obrera Metalúrgica), algo este aspecto jamás pudo probarse. No existe tribunal ni fiscal que, en la actualidad, esté invirtiendo el debido esfuerzo en el homicidio de Piantoni, amén de que cualquier pesquisa abriría las puertas hacia un debate por demás interesante: si acaso los crímenes acometidos por elementos de la CNU pueden evaluarse como de lesa humanidad, ¿no debería caberles idéntica calificación a aquellos perpetrados por organizaciones de izquierda? Sobran prolegómenos al respecto (que recurrieron a un modus operandi igualmente violento): los casos de los asesinatos de Aramburu, el ataque de Montoneros contra el Regimiento de Monte de la Provincia de Formosa (que dejara un saldo de numerosos conscriptos ejecutados), el emprendido por fuerzas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Monte Chingolo, o el propio crimen de Piantoni.

Un ensayo de respuesta fue compartido por la Cámara Federal de Mar del Plata, en una sentencia de octubre de 2011: 'La CNU formó parte de un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población civil en el contexto del Terrorismo de Estado (...) No funcionó como una banda aislada, sino como parte de un accionar represivo a nivel nacional, articulando su actuación con la Triple A y otras organizaciones similares (...)'. Pero un reconocido abogado marplatense entiende que la CNU 'fue, originalmente, creada para luchar contra el gobierno militar'. Y agrega: 'En tal caso, la Triple A fue organizada por un Ministro (López Rega), pero no se trató de una política de Estado'.

La discusión se permite abrir interrogantes al respecto de qué posición asumirán frente a los juicios sobre la violencia setentista en el país los eventuales gobiernos de Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Massa. ¿Se ampliará el alcance de la mirada judicial hasta alcanzar a las organizaciones de izquierda, y a sus miembros que aún hoy se encuentran vivos? En tanto la cuestión no parece figurar en la agenda pública de los aspirantes a la Presidencia, la sensibilidad que hace a los hechos -según se afirma- irá in crescendo, hasta alcanzar a la próxima Administración.


* Foto: Silvia Ana Filler | Crédito: Urgente24.com