El escándalo Volkswagen

El 'escándalo Volkswagen' se intenta convertir, como suele ser habitual, en un pliego de cargos contra el capitalismo. El fabricante alemán de vehículos -empeñado en maximizar sus beneficios a cualquier precio- ha violado las normas de control de emisiones para obtener una ventaja injusta sobre sus competidores y, obviamente, ha incurrido en fraude al vender a los consumidores un producto que no reunía las características que se le reputaban. Estas imputaciones son ciertas, pero se olvida una cuestión fundamental: Volkswagen no es un símbolo de empresa capitalista en el sentido prístino del término, sino una expresión paradigmática de los vicios derivados de un modelo, el capitalismo germano, un sistema muy 'politizado y burocratizado' en lo referente a la gestión de las grandes corporaciones.

 

De entrada, el gobierno de Baja Sajonia tiene una participación sustancial en el capital de Volkswagen, el 12,7 por 100, que le concede un 20 por 100 de los derechos de voto. Otros accionistas, Qatar Holding -con el 24,3 por 100- o los inversores institucionales extranjeros -con el 15,6 por 100- tienen una mayor proporción en el accionariado que el ejecutivo regional y, sin embargo, sus derechos políticos son menores que los de éste. Ello significa que el sector público tiene una minoría de bloqueo en todas las decisiones estratégicas de la compañía y, por tanto, una responsabilidad directa en su toma de decisiones. Por añadidura, el  free-float de VW supone aproximadamente del 19 por 100 del total, lo que debilita el control de la compañía por el mercado de capitales.

 

Por añadidura, el Consejo de Supervisión de la compañía que elige al Comité de Dirección se compone de veinte miembros. De ellos, 2 corresponde nombrarlos al gobierno de Baja Sajonia y 10 más a los representantes de los trabajadores de acuerdo con la ley alemana de cogestión. Esto supone que la mayoría de quienes forman parte del máximo órgano de administración de VW tienen un origen político, mientras los accionistas privados tienen una presencia minoritaria en él, 8 miembros. Son designados por  la Junta General de Accionistas, entre cuyas atribuciones, está la de elegir a una parte minoritaria de los directores de la corporación, una anomalía en cualquier empresa privada.

 

Una compañía con una elevada participación gubernamental en su accionariado, con un volumen de títulos negociable en bolsa bajo y con instituciones de gobierno corporativo dominadas por los políticos en sentido amplio tiene una tendencia estructural a sortear y burlar los controles internos y externos establecidos para fiscalizar la actuación de los gestores o, al menos, tiene un alto riesgo de que ello suceda. El 'escándalo VW' es un caso de manual del denominado problema de agencia. Este describe el conjunto de situaciones que se crean cuando un actor económico (el principal), depende de la acción o de la naturaleza o de la moral de otro, el agente, sobre el cual no tiene perfecta información. En otras palabras, bajo condiciones de información asimétrica, los administradores de una sociedad tienen una información superior a la de los accionistas y a la de los consumidores y, por tanto, pueden abusar de ella en su propio beneficio o en pro de otros objetivos.

 

Esa es la causa real del 'caso Volkswagen'; una manifestación de la vieja falacia en virtud de la cual tecnócratas sabios y benéficos, desprovistos de cualquier interés personal, administran los asuntos públicos o privados con una pulcritud intachable y sin necesidad de mecanismos de supervisión efectivos. Una visión de esta índole conduce de manera inexorable a la generación de situaciones como la protagonizada por el coloso germano de la automoción. Pero estamos ante un fallo institucional no imputable al mercado o a las fuerzas del capitalismo 'salvaje'. La opacidad y burocratización de una estructura corporativa de este tipo sólo hace detectables los males que provoca cuando éstos adquieren una dimensión fenomenal y así ha sucedido.  

 

La otra parte del drama, la violación de la legislación y el fraude a los millones de compradores de vehículos VW, con ser muy espectacular y llenar las páginas de los medios de comunicación tiene una menor importancia. Aquí se trata tan sólo de aplicar la ley y castigar a los responsables de esos comportamientos delictivos. La compañía será sancionada por el incumplimiento de la normativa sobre emisiones, los compradores habrán de ser resarcidos de los daños y perjuicios que se les han causado y, sobre los responsables de la operación, la alta dirección de VW caerán las sanciones civiles y penales pertinentes.

 

¿El affaire VW pone en cuestión las buenas prácticas de la industria alemana? No, Alemania es un fabricante de productos de una enorme calidad y competitividad. Sin embargo, el marco institucional vigente no permite o, mejor, diluye de manera clara los sistemas que una economía de mercado proporciona para evitar abusos como los cometidos por VW. Ese es el fondo del asunto que exige una reforma sustancial de la legislación alemana de sociedades y la supresión de ese anacronismo clientelar que constituye la Ley de Cogestión. Entre tanto, es lógico y natural, los competidores de VW intentarán sacar el mayor provecho posible del escándalo y pondrán de manifiesto el riesgo de que otras compañías germanas hayan hecho cosas parecidas. Así es la vida...