España: Ciudadanos y la derecha

La burbuja Ciudadanos ha sustituído a Podemos como potencial variable desestabilizadora del sistema de partidos que ha dominado el mercado político hasta la fecha. La formación de Pablo Iglesias pierde posibilidades de convertirse en hegemónica dentro de la izquierda y la liderada por Albert Rivera se percibe en numerosos sectores de la opinión pública y de la sociedad como la alternativa a un Partido Popular viejo, corrupto y probablemente cómplice del asesinato de Viriato. Quienes sostienen esta tesis, confunden la realidad con el deseo a través de un místico y acrítico ejercicio de fe. Querer que algo sea no significa que es o será. En su ideario, Ciudadanos se define una síntesis del liberalismo progresista y del socialismo democrático. Ambas corrientes de pensamiento han sido los fundamentos teóricos de la izquierda no marxista desde finales del siglo XIX y el componente central de su reformulación en algunos partidos de la gauche europea y anglosajona después de la caída del Muro de Berlín. Por tanto, sólo cabría situar a C's en el centro-derecha si la opción imperante en la izquierda fuese algo parecido a lo representado por Podemos. En suma, el corpus doctrinal de Ciudadanos sería el propio de un PSOE del siglo XXI, pero no tiene nada que ver el de una derecha moderna al estilo de la representada por Cameron.

 

En la práctica, la identificación y el atractivo de C's para determinados sectores derechistas, los de mayor aroma conservador, procedería de su apelación al espíritu del nacionalismo español frente al de los periféricos rompedores de España. Pero tampoco esa doctrina es un monopolio de la formación de Rivera ni una seña de identidad exclusiva de las formaciones de derechas. Es un fenómeno transversal con adeptos en todos los partidos españoles. Dicho esto, la cuestión básica es cómo se articula una unión más perfecta de las Españas cuando el modelo autonómico vigente está agotado y necesita una urgente reformulación. La solución a este problema no parece que sea la ofrecida por un españolismo cañí empaquetado en una atractiva estética postmoderna.

 

Si por azares de la historia o por la torpeza del Partido Popular, Ciudadanos llegase a ocupar su lugar, la dialéctica política española se reduciría a elegir entre dos versiones de un mismo producto, la socialdemocracia light de la formación dirigida por Rivera y la clásica encarnada por el partido de Pedro Sánchez. Ante este panorama, el centroderecha tiene que reaccionar, y hacerlo con la oferta de un proyecto ilusionante para las Españas del siglo XXI. El recurso al voto del miedo o esgrimir las bondades de la gestión económica no bastan para conseguir un apoyo mayoritario de los españoles. Es imprescindible librar la batalla de las ideas. Los populares han de construir un discurso cuyos ejes básicos son dos y complementarios: la reforma del Estado y la ampliación de la esfera de libertad individual. Ambos principios han de ser la fuente inspiradora de su programa. Por un lado, el papel central del Estado es establecer y hacer cumplir reglas del juego productoras de los incentivos adecuados para que las instituciones, las empresas y los individuos cooperen con eficiencia en un mundo complejo, de intereses y de valores competitivos, y crear un entorno capaz de integrarlos. El sistema político, jurídico y económico español ha degenerado en un engendro estato-corporativista incapaz de dar respuesta a esas exigencias y que, además, presenta signos claros de obsolescencia. En el plano político, corregir esas fallas exige reformar las instituciones para dotarlas de imparcialidad, independencia y transparencia; en el económico, establecer unas condiciones favorables al crecimiento económico y a la participación creativa de los ciudadanos en el mercado. Esto implica por definición reducir la esfera de lo político en la vida española. España tiene un exceso de mal Estado.

 

Por otro, la derecha española ha de ser el paladín de la defensa de los derechos y libertades individuales, y ha de postular la eliminación de todas las barreras que impiden o lastran su despliegue. Este desiderata normativo se ve fortalecido por ser la española una sociedad con valores plurales. Por ello, la misión de los poderes públicos no es imponer un modelo fijado desde arriba, sino proporcionar el marco que permita a los individuos realizar las mejores decisiones posibles dadas sus diferentes finalidades y preferencias. Ahí radica además la legitimidad del Estado, su capacidad de ser inclusivo, de lograr la adhesión de la ciudadanía a las instituciones y minimizar las presiones corporativas de todo signo. Esta es la ley de la igual libertad, que reconoce los mismos derechos a todos los seres humanos y establece como misión básica de los poderes públicos su protección.

 

El Gobierno del Partido Popular ha logrado evitar el colapso económico-financiero de las Españas. Ha conseguido sacar a la economía española de la mayor recesión de su historia contemporánea y sentar las bases de la recuperación. Esto era imprescindible pero ya no es suficiente. La modernización del sector público, la disminución del tamaño del Estado, la modificación del sistema electoral, la reducción del neopaternalismo gubernamental, etcétera, son tareas pendientes y urgentes. La agenda de una derecha liberal no ha de resignarse a ser el taller de reparaciones del colectivismo, sino aspirar a reconstruir un Estado fuerte pero limitado centrado en una gestión eficiente de sus funciones tradicionales que son las fundamentales para recrear una estructura política a la altura de lo exigido por los tiempos. Quien escribe estas líneas no quiere un Estado omnipresente, más eficiente en el caso de Ciudadanos o menos en el del PSOE, sino una sociedad basada en individuos libres y responsables de su destino. Esa es la verdadera elección; el resto es literatura.