¿Quo vadis, Hispania?

Por estos momentos, la atención de los políticos y de muchos españoles se centra en los interrogantes de esta hora: ¿Habrá pactos? ¿De qué tipo? ¿Qué partido logrará constituir gobierno? Las elecciones ofrecen siempre hechos inmediatos, unos titulares de urgencia que, a veces, enmascaran los problemas y sus verdaderas soluciones. Siempre se dramatiza cada cita electoral dotándola de una trascendencia histórica pero, a la vista del panorama, la del próximo 20-D tiene una relevancia extraordinaria. En pocas ocasiones ha estado en juego de manera simultánea la prosperidad económica de España y su integridad territorial y, nunca hasta la fecha, un desafío de esa dimensión se afronta con la expectativa de un gobierno débil tras las elecciones. La erosión del bipartidismo se produce en el peor momento posible.

 

Dicho lo anterior, la velocidad de los acontecimientos y la presión de los sucesos diarios no pueden hacernos olvidar a dónde vamos, qué es lo que cada quien propone como modelo de sociedad y de Estado para el futuro de las Españas. Aquí y ahora existen dos cuestiones inmediatas y urgentes, la consolidación de la recuperación económica y la organización territorial del Estado. Pero darles una respuesta eficaz exige que los ciudadanos elijan entre dos opciones alternativas. O bien se camina hacia un sistema de corte liberal en lo político, en lo económico y en lo social o bien se persiste en retocar para mantener un modelo de tipo colectivista que está en la raíz de la mayoría de los males patrios.

 

El funcionamiento de la economía, de la sociedad y de las instituciones está lastrado por un exceso de Estado, por la atribución a la política de un campo de actuación que no le corresponde. Las administraciones cumplen mal sus funciones básicas y desempeñan otras muchas que no les son propias. En la democracia española, el equilibrio libertad-seguridad se ha roto en favor de la segunda, lo que ha configurado desde 1977 un modelo de corte Estato-corporativista incapaz de dar respuesta a las exigencias de un Estado moderno. La izquierda ha empujado en esa dirección durante sus etapas de gobierno y la derecha no ha querido, no ha sabido o no ha podido invertir esa tendencia. Como mucho ha logrado frenarla y, no siempre.

 

En el plano social y económico, las opciones que se plantean a los electores para el próximo 20-D se traducen o en un aumento del peso del Estado, el PSOE, o en su mantenimiento, eso sí sometido, a una mejora en su gestión, Ciudadanos. La formación liderada por Pedro Sánchez es una oferta clásica socialdemócrata y la de Albert Rivera es una versión modernizada de la vieja socialdemocracia nórdica antes de las profundas reformas liberales que se aplicaron en los países escandinavos, sobre todo en Suecia, desde los años noventa del siglo pasado. En este sentido, los socialistas españoles son más claros y consistentes que sus competidores. Saben que el mantenimiento del vigente Estado Social exige un nivel de gasto público y de impuestos elevados, y sus planteamientos son coherentes con esa restricción. Por su parte, Ciudadanos aspira a mantener la situación actual con una presión fiscal similar a la actual o menor sin explicar de dónde saldrán los ingresos para financiarla. En la práctica, el PSOE y C's destilan un claro aroma conservador, entendido éste, como una resistencia a revisar el modelo estatista que ha dominado la escena española desde la instauración de la democracia.

 

Sin duda alguna, la mayoría de la gente no lee los programas de los partidos y se guía por percepciones de naturaleza subjetiva. Pero, pese a quien pese, los programas importan aunque sólo sea para saber cuál es la visión del mundo, de la economía, de la sociedad de quienes los elaboran. Desde esta perspectiva, la única diferencia de fondo entre los planteamientos económicos de Ciudadanos y del PSOE es de naturaleza cosmética y retórica, los segundos parecen más modernos que los primeros pero su finalidad es similar: mantener una amplia extensa presencia del sector público en España. Quizá ese sea el deseo o el sentimiento de una mayoría de españoles, extremo discutible y discutido, pero es preciso tenerlo en cuenta para no llamarse a engaño.

 

En este escenario, el centroderecha representado por el PP es la única formación con capacidad de articular y desplegar un proceso de cambio. Si la tarea de su primera legislatura fue evitar el colapso de la economía española, la de la segunda ha de ser profundizar su estrategia reformista en la dirección de una economía y una sociedad con mayores cuotas de libertad. Este es además el único camino de reconstruir la coalición social que le permitió obtener una amplia mayoría en las elecciones de 2011. La socialdemocracia de izquierdas y la de derechas están claramente representadas por el PSOE y por Ciudadanos y, al PP, le corresponde liderar y aglutinar a los sectores más progresistas y dinámicos de la sociedad española, un espectro muy amplio de individuos que quieren un Estado eficiente con impuestos bajos y que amplíe la esfera de libertad individual. Gente que rechaza el paternalismo de los poderes públicos y desea ser dueño de su destino.

 

En este contexto, la elección entre el PSOE y Ciudadanos supone optar entre quien ha de aglutinar la corriente de centroizquierda dentro de la política española. Pero en ningún caso se trata de elegir entre dos modelos socioeconómicos diferentes. Sánchez dice: "El Tema es igualdad y bienestar social"; Rivera afirma: "El asunto es igualdad y bienestar social". Yo digo: "El tema es el plagio". El propio referente de Rivera, Adolfo Suárez, fue en materia económica y social un social-estatista, un detractor constante del capitalismo. Su problema es que el espacio político en el que quería situarse lo ocupó el PSOE.