Extorsionar [y desestabilizar] al Presidente

No es novedad que Cristina Fernández de Kirchner ha decidido abandonar el poder echando mano de los más funestos renglones de su libreto -con el objetivo declarado de entorpecer la transición democrática y sembrar de obstáculos el inicio de la Administración Macri.

El propio presidente electo fue oportunamente notificado de la maniobra perpetrada por Eduardo 'Wado' de Pedro y Andrés 'Cuervo' Larroque en el Correo Argentino, reacomodando los números oficiales del balotaje próximo-pasado con miras a acortar la brecha registrada entre Cambiemos y el Frente para la Victoria. En simultáneo, un puñado de funcionarios kirchneristas de segunda línea -en franco desacuerdo con el plan camporista- reportaron los prolegómenos del programa (empleando distintos canales) a la jueza federal electoral María Romilda Servini de Cubría, quien terminó por ordenar el traslado de urnas al Primer Cuerpo del Ejército Argentino. La decisión se justificó en que el ultrakirchnerismo planeaba conjuntarse con el espectro radicalizado de Quebracho para destruirlas; con la meta de eliminar las pruebas que eventualmente conducirían a la certificación de los alcances del fraude.

El corolario de la acción destituyente ingeniada por elementos afines al gobierno en retirada sobrevino de la mano del infructuoso encuentro entre Mauricio Macri y la viuda de Kirchner. El intercambio -cuyo contenido hace días ha dejado de ser secreto- fue aprovechado por Cristina para demandar ante el presidente electo las consabidas garantías de impunidad tanto para ella como para los miembros de su familia, involucrados en un incontables actos de corruptela y delitos que lindan con el lavado de dinero en la Argentina y terceros países (solo por nombrar unos pocos ilícitos). La férrea negativa del mandatario electo por Cambiemos (quien ya cargaba con el pesado bagaje de la maniobra fraudulenta de las elecciones santafesinas y, ahora, las ejecutadas a nivel nacional), allanó el camino para la extorsión de Cristina Kirchner: ésta advirtió a Macri sin tapujos que su Administración se tornaría inviable, ya en la primera semana de toma del poder.

Con todo, la jefe de Estado saliente no arrojó luz sobre la metodología que empleará para cargar las tintas sobre el nuevo gobierno. En rigor, el modus operandi ideado para conmover el piso bajo los pies de Mauricio Macri se ha iniciado ya con la promoción de leyes que tienen por objeto comprometer las finanzas del gobierno desde el verano de 2016 en adelante -para ello, el cristinismo más recalcitrante acaba de echar mano de fondos no declarados para garantizarse quórum en el Congreso, que luego se despacharían a legisladores de la izquierda, que los medios masivos de comunicación ya se han ocupado de individualizar. Mientras tanto, el nombramiento a mansalva de miles de nuevos empleados en la función pública remite a otro subcapítulo de este relato; pero estos escollos menores (a la postre, en su mayoría fácilmente salvables a partir de una plausible Ley de Prescindibilidad) desde luego no son los que mayor atención concentran ahora en los circuitos de la política. La problemática de orden fundamental remite a los aspectos operativos de desestabilización que emanan del procedimiento subterráneo para golpear a Macri, desde los albores.

El viernes 27 de noviembre, Claudio Savoia (Diario Clarín, en http://clar.in/1NcKsOF) citó con nombre y apellido a los actores centrales del esquema de inteligencia paralela llamado a promover disturbios callejeros durante las primeras semanas de la Administración Cambiemos: Juan Martín Mena (La Cámpora, segundo de Oscar Parrilli en AFI), Fernando Pocino (Reunión Interior, ex SI), Juan Carlos Ruiz (ex delegado del espionaje civil en el Estado de Israel), y Joaquín Conrado Pereyra (socio comercial del General César Milani, comprometido en serias violaciones a los derechos humanos). A modo complementario, será difícil aislar de esta fraternización golpista al propio Milani (quien jamás permite operar a sus segundos -léase Pereyra- sin instrucciones compartidas previamente), al conglomerado de los trabajadores del Estado nucleados en ATE (que ya organizan plenarios y asambleas para manifestarse en las calles con posterioridad al 10 de diciembre, incluso recurriendo a la violencia), a Estela Barnes de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo -promotoras de una marcha contra el presidente electo el próximo jueves- e H.I.J.O.S.), al grupo suburbano de objetivación terrorista Tupac Amaru de Milagro Sala y al Movimiento Evita de Emilio Pérsico. En tanto los trabajadores estatales y las organizaciones sociales financiadas por el kirchnerismo concentrarían funciones declaradamente operativas, el conglomerado de contrainteligencia montado por el coscoíno Milani, Pocino y Pereyra ya ha comenzado a emular, en la óptica de los entendidos, a la formulación oportunamente bautizada bajo la etiqueta de 'Alem 218', cuyo notable cabecilla fuera el ex espía, saboteador y middleman para blanquear de fondos negros de operaciones encubiertas con armas y drogas, Raúl Guglielminetti. A la luz de la historia, el experimento quedaría frustrado, con Guglielminetti recorriendo penales de máxima seguridad en España y la Argentina. Lo cual permite anticipar que la renovada intentona del kirchnerismo radicalizado compartirá igual remate, con sus estrellas más destacadas debiendo hacer frente al articulado del Código Procesal Penal que versan sobre intimidación y convocatorias a alterar el orden público y delitos contra la Constitución Nacional. Irónicamente, los infortunados serían fácilmente alcanzados por la legislación antiterrorista en su momento fogoneada por el Frente para la Victoria. La responsabilidad penal de la mandataria saliente, Cristina Fernández, tampoco podría descartarse sin la correspondiente evaluación.

A los efectos de contrarrestar las maniobras de referencia -sobre las cuales ya fue informado-, Macri ha dado inicio a encuentros privados y grupales con gobernadores de las Provincias, construyendo una red de alianzas para que éstos trabajen de forma mancomunada con sus fuerzas de policía. Sin embargo, aún está por verse si el sistema de seguridad del nuevo gobierno replicará con eficiencia: ¿cuenta Eugenio Burzaco (designado por el presidente electo como continuador de Sergio Berni) con los pergaminos, el conocimiento y la experiencia para lidiar con mecanismos de la magnitud que el cristinismo ha puesto ahora en marcha? En simultáneo, debe apuntarse que José Torello (propuesto por Macri para reformar al espionaje civil desde la cúpula) en apariencia ha cedido a la extorsión del esquema milanista.

Cuanto menos -que no parece poco-, Mauricio Macri cuenta con un elemento a su favor: el efecto sorpresa del programa de sabotaje montado por el ultrakirchnerismo ya ha sido neutralizado. Lo cual -de acuerdo a informes- ha puesto en alerta a sus actores centrales y de reparto: éstos no tendrán otro camino que huir hacia adelante. Tienen demasiado para perder.