Washington debe poner remedio al fallido acuerdo entre Colombia y las FARC

Durante cincuenta años, el gobierno colombiano se ha enfrentado en conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -conocidas como FARC. Asimismo, en los últimos cuatro años, Bogotá y su némesis -un grupo narcoterrorista internacionalmente conocido- se han involucrado en conversaciones de paz.

Con las fechas límite cada vez más cercanas, ambas partes han acordado sellar un convenio de paz el próximo 23 de marzo. Pero, previo a que ello suceda, el presidente estadounidense Barack Obama acaba de hacer de anfitrión en una 'visita oficial de trabajo', junto a su par colombiano Juan Manuel Santos, en la Casa Blanca (el encuentro tuvo lugar este 4 de febrero).

Para los Estados Unidos de América, tanto los términos del acuerdo de paz como el modo en que éste es implementado, son extremadamente importantes. Colombia es un aliado de los EE.UU. Es también el mayor receptor de ayuda extranjera emitida desde Estados Unidos en el hemisferio occidental. Durante las dos últimas décadas, EE.UU. respaldó el desarrollo y la seguridad colombianas por vía de un paquete de US$ 10 mil millones conocido como 'Plan Colombia'. En aquella época, Colombia pasó de encontrarse a la vera de convertirse en un 'Estado fallido', a ser una democracia estable y líder regional en entrenamiento militar y policial, una nación sólida desde lo económico y miembro del bloque comercial más importante en materia de libremercado, la Alianza del Pacífico.

Pero un exitoso plan de paz es todavía más importante para Colombia. Cincuenta años de conflicto han dejado un saldo de 260 mil muertos, y desplazado a un adicional de seis millones de ciudadanos colombianos. Solo el conflicto en marcha en Siria ha dejado más personas desplazadas. Por otro lado, los campos minados han asesinado o bien cercenado miembros a un aproximado de once mil personas solo durante los últimos quince años, y aún se conoce de campos minados activos en zonas rurales.

Inicialmente, las FARC comenzaron como un grupo marxista de objetivación insurgente, en los años sesenta. Financiado mayormente por el cultivo de coca y el tráfico de cocaína, el comercio con estupefacientes ha respaldado la brutal guerra ejecutada por el grupo contra el gobierno colombiano. En 2014, la revista americana Forbes rankeó a las FARC en el tercer puesto de la lista de los más ricos grupos terroristas, solo detrás del Estado Islámico y Hamás. El gobierno de Colombia estima que los ingresos de las FARC derivados del comercio de drogas asciende a una cifra que oscila entre los US$ 2.4 mil millones y los US$ 3.5 mil millones anuales.

Los presidentes Barack Obama y Juan Manuel Santos bien podrían celebrar la conclusión de las conversaciones de paz. Pero antes deberían examinar los aspectos oscuros del convenio.

Por principio, el acuerdo hecho sobre 'justicia transicional' está evolucionando hacia una amnistía de facto para los terroristas de las FARC. Estipula que cualquier individuo que confiese crímenes 'políticos' obtendrá un indulto. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ya ha expresado que los actos vinculados con el tráfico de drogas caerán bajo aquella categoría. Las confesiones para otros delitos más serios -como ser homicidio, reclutamiento de niños soldados o secuestros- conducirán a una menor privación de la libertad, pero no a condenas a prisión efectiva.

Pareciera ser que esta extraordinariamente benévola política también se hará extensiva a miembros de FARC que exhiban el mote de 'Buscado' en los Estados Unidos de América. En una iniciativa sin precedentes durante diciembre pasado, el presidente Santos rechazó extraditar a un rebelde de las FARC, que era buscado por las autoridades del Estado de Nueva York -bajo cargos de tráfico de estupefacientes. En la actualidad, el Departamento de Justicia de EE.UU. tiene órdenes pendientes de extradición para sesenta miembros de FARC. Habida cuenta de la violenta oposición del grupo terrorista ante la eventualidad de la extradición, pudiera suceder que los rebeldes jamás hagan frente a la Justicia en tribunales estadounidenses.

La serie de ofensivas lideradas por EE.UU. contra las operaciones de narcóticos de las FARC han declinado en el tiempo que duró el proceso de negociación. Colombia ha puesto término a la fumigación de cultivos de coca desde el aire, nodo crítico en el programa para erradicación de cultivos ilegales. La erradicación de los cultivos de coca se convierten ahora en un proceso voluntario, que quedará en manos de las comunidades locales. Si se tiene en cuenta que Colombia ha recuperado su primer productor de coca a nivel mundial, ambos jefes de Estado debieran evaluar este problema con presteza.

El presidente Santos ha declarado que también le exigirá a Washington que remueva la designación de las FARC como Organización Terrorista del Extranjero (Foreign Terrorist Organization, FTO). Tal maniobra sería en extremo prematura. Con todo, el hecho de que Santos anunciara públicamente esta intención, eleva preocupaciones ante la posibilidad de que la Casa Blanca ya acordara tomar esa medida. Acaso la idea coincida con acelerar un desvío de la ayuda extranjera, con miras a asistir en la desmovilización de las FARC. De ser así, no habría necesidad de prisas. Al gobierno de los Estados Unidos le llevó más de ocho años remover a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tras la desmovilización de este grupo -y, claramente, era una organización sustancialmente menor a las FARC.

Colombia ha ingresado en las conversaciones de paz bajo la premisa de que las FARC habían sido derrotadas militarmente. Provisto que, en términos convencionales, las FARC no exhiben la capacidad de perturbar al gobierno colombiano, como alguna vez supo hacerlo en el pasado. Pero muchos argumentan que los intereses de las FARC en lo que hace a tráfico de estupefacientes han superado en mucho a sus objetivos políticos. Más aún, las FARC son ahora un entidad en proceso de fractura, con una mínima autoridad de comando. El ex Embajador Roger Noriega -del think tank estadounidense American Enterprise Institute- apunta: 'La inteligencia militar colombiana halló que, de los 67 frentes con que cuentan las FARC en el país, solo 15 de ellos estaban siguiendo órdenes estrictas del comando central'. A pesar de lo que el comando central de las FARC pueda declamar, convencer a la totalidad de los miembros de la organización que procedan a desmovilizarse y entregar su lucrativo negocio de las drogas, no será tarea sencilla.

Encuestas realizadas a nivel nacional prueban de manera efectiva que la ciudadanía colombiana apoya el proceso de paz pero, tras haber experimentado negociaciones fallidas en 1984, 1991 y 1998, se muestran naturalmente cautelosos a la hora de contemplar la posibilidad de las FARC entregando sus armas, en esta nueva oportunidad.

La naturaleza conciliadora de la Administración Santos no ha proporcionado mayor seguridad. Evaluadas desde fuera, las conversaciones de paz han destacado por un número de problemas. Tal como sucedió en previos procesos de negociación, las FARC han violado ceses del fuego de manera recurrente, han continuado sembrando minas antipersonales, y jamás han interrumpido su negocio de tráfico de estupefacientes. En abril pasado, llegó al extremo de masacrar a once soldados del ejército colombiano mientras dormían. Con todo, y a pesar de estos dstos, Santos ha criticado a los opositores al proceso, llamándolos opositores a la paz.

En este punto, el actual convenio exhibe profundos fallos. Pero aún queda tiempo para enmendarlo. Al considerarse el generoso e inquebrantable apoyo que EE.UU. ha demostrado a Colombia en el transcurso de dos décadas, el presidente estadounidense Barack Obama debería mostrarse con capacidad como para ejercer algo de influencia en el convenio de paz. Debería encomendar al presidente Santos que revise las evidentes debilidades del acuerdo. Una paz duradera jamás podrá lograrse a través de un convenio que promueva la impunidad, dejando las puertas abiertas para la continuidad del tráfico de drogas.