Argentina: perpetuación en la función pública versus modernización del Estado

El 20 de enero de 1961, el ex presidente estadounidense John F. Kennedy -en oportunidad de su discurso inaugural-, nos legaba una frase que, con el correr de los años, ganaría impacto: 'No preguntes lo que tu país puede hacer por ti; pregúntate qué puedes hacer tú por tu país'. Infortunadamente aquel sano consejo jamás tuvo eco ni la debida recepción entre los argentinos. Basta con repasar la conducta de muchos de nuestros funcionarios, pronto se advierte que éstos se han preocupado mayormente por cómo beneficiarse a expensas de la nación, antes que en ayudarla. Buena prueba de ello son -y han sido- las reelecciones indefinidas. Perdurar y repetirse en la función convierten al funcionario en dueño del cargo y de lo que ello representa, en detrimento de la función a cumplir. Obsérvese, por ejemplo, lo ocurrido en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), prolegómenos inescindibles de la persona de Julio Grondona. O lo que sucede en no pocas provincias, en las que el apellido del gobernador termina confundiéndose con el de la provincia.

 

En la arena política argentina, y ya desde hace muchísimos años, los apellidos se repiten sin cesar. En todo caso, pareciera cobrar vida aquella célebre expresión del científico francés Antoine Lavoisier: 'Nada se crea, nada se pierde... todo se transforma'. Nos enteramos de gobernadores que luego son senadores; más tarde, ministros; un poco después, intendentes; y así, sucesivamente. Mismos nombres, eternos funcionarios. Aquí reside la explicación, por cierto, de que hayamos sido testigos de situaciones sobradamente bizarras, como la instantánea de legisladores de la Nación aplaudiendo y vitoreando la declaración del default. Años después, el mismo recinto exhibiría a los mismos actores festejando la salida de la cesación de pagos. En simultáneo, los responsables de generar uno de los más destructivos procesos inflacionarios del planeta, hoy en el rol de opositores, critican esa misma inflación que produjeron. Casi podría evaluarse que el Estado les pertenece; de un modo u otro, ellos siempre están. Son los que aplauden con la misma vehemencia el cambio de rumbo, hacia un lado o hacia el otro. Porque les da lo mismo: la consigna es estar. El eslogan ideado para una reconocida tarjeta de crédito parece, en rigor, ser propiedad de funcionarios argentinos: 'Pertenecer tiene sus privilegios'.

 

Al revisarse los grandes nombres de la política argentina, rápidamente se advierte que se trata de los mismos de siempre. ¿Son los cargos públicos parte de una suerte de haber hereditario que se transfiere de padres a hijos, o que deben repartirse entre cónyuges y parientes? Todo queda en el espectro familiar, y este aspecto no es ajeno a prácticamente fuerza política alguna. Desde luego que casi nadie se despide pobre de la función pública; antes bien, sucede exactamente lo opuesto. Toda vez que se desmenuza el patrimonio del grueso de los funcionarios electivos que desde hace años viven de la política, la evolución de sus tenencias resulta más que sorprendente. De no encontrarse tan deteriorada la institución de la Justicia en nuestra República, seguramente, las incontables denuncias por enriquecimiento ilícito que se han ido formulando a lo largo del tiempo hubiesen revelado los motivos por los cuales nadie busca alejarse del cobijo del Estado. El resultado está a la vista: un país cada vez más empobrecido, que convive con dirigentes y funcionarios cada vez más ricos.

 

En tal sentido, la gota que viene a rebasar el vaso remite a los recurrentes pedidos de licencia de funcionarios, variante que éstos explotan a criterio de acumular y preservar cargos e inmunidad. De lo que se trata -para ellos- es de impedir que otros ingresen a la política, y de asegurarse de que el 'conchabo' del Estado jamás llegue a término -pase lo que pase. Si la gestión es fallida, pues no hay problema: otro cargo espera. Y si esa reconversión sobreviene de la mano de fueros, pues mucho mejor. Así las cosas, la premisa consiste en vivir del Estado, y garantizados por el Estado.

 

Hace pocos días, la ciudadanía tomó conocimiento de que Amado Boudou había sido eyectado de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El ex vicepresidente mantenía -aunque parezca increíble- su cargo en ANSES a la sombra y el amparo de una tan injustificada como vergonzosa licencia. Pero no fue el único caso. El ex secretario de Seguridad y, a la postre, representante argentino en INTERPOL, Sergio Berni, tras renunciar a este último organismo, recuperó su banca de Diputado Nacional, también preservada gracias a otra oportuna licencia. Los ejemplos se extienden, casi hasta el infinito. El grotesco se tiñe de una garantía de mala praxis. Si me echan, estoy cubierto, reza la prerrogativa. Y, como ya se dijo, el garante siempre es el Estado.

 

A la hora de modernizar el Estado, la demanda ciudadana coincide con la puesta a término de tales prácticas. Es menester exigir una legislación acorde, que prohíba a funcionarios que acceden a un cargo, mantener un puesto anterior. Más allá del carácter legal de la maniobra, las consecuencias remiten a lo inmoral del asunto, habida cuenta de que no es esa la finalidad -ni mucho menos el objetivo- de la función pública.

Sería de desear que, algún día, nuestros funcionarios, en lugar de enriquecerse a expensas del Estado Nacional o de reclamar indemnizaciones millonarias por cesar en la función pública, pusieran por delante el interés de la república y se preguntaran, con sinceridad, qué pueden hacer por su país, en lugar de aprovecharse permanentemente de él.