Década K: la otra herencia

Tras las atrocidades cometidas por la dictadura que asolara al país entre 1976 y 1983, la ciudadanía argentina se tornó en extremo refractaria ante todo aquello que oliera a nacionalismo de derecha. Y, luego de diez años de la Administración Menem, con una política económica similar a la implementada por el Proceso en la persona de su Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, y los indultos otorgados tanto a las Juntas Militares como a las cúpulas montoneras -condenados ambos durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín-, la sociedad buscó disociarse de postulados que bordearon con la 'derecha'.

Sobre aquel rechazo, se edificaría hábilmente la política de derechos humanos del kirchnerismo, tomando como aliados indispensables a Horacio Verbitsky -otrora militante montonero y actual titular del CELS-, Hebe Pastor de Bonafini y Estela Barnes de Carlotto. La verdadera divisoria de aguas de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández se respaldó en la política DD. HH.. Todo aquel que se opusiera a alguna decisión oficial, era sistemáticamente vinculado con el Proceso de Reorganización Nacional. Servirá recordar, por ejemplo, que Kirchner en su oportunidad calificó como 'grupos de tareas' a sectores del agro que plantearon una sólida oposición a la Resolución 125, en 2008. Cualquier ciudadano que osara siquiera insinuar que los crímenes de la guerrilla -básicamente Montoneros y ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo)- merecían ser investigados, recibía de inmediato el mote de 'fascista'.

Claro está que hacer hincapié también en la violencia ejercida por sectores guerrilleros, ya fuere peronista o cercano a la izquierda radicalizada, poco tiene que ver con la reivindicación de los ilícitos perpetrados por la Triple A o por las Fuerzas Armadas. Con todo, el problema tiende a tornarse más espinoso, ni bien se percibe atisbo de manipulación política en el manejo de algunas causas, y la autoridad moral de los acusadores queda envuelta en un manto de sospecha.

Un ejemplo para ilustrarlo, puede observarse al poner el foco sobre aspectos en apariencia accesorios (aunque no menos importantes) en lo que tiene que ver con el derrotero de la causa CNU en Mar del Plata -audiencias que se llevan a cabo hoy día, en lo que representa el primer proceso judicial contra civiles imputados por crímenes de lesa humanidad. El tramo inicial de la causa estuvo a cargo del Juez Roberto Atilio Falcone, integrante del Tribunal Oral Criminal Federal junto a los Dres. Mario Portela y Néstor Parra desde 1994. En rigor, el tribunal no está exento de polémicas: en la segunda mitad de la década del noventa, un vendedor minorista de estupefacientes fue detenido y, buscando el imputado morigerar su pena, confesó que la droga que comerciaba provenía de un custodio de dicho juzgado. De acuerdo a informes de época, se trataba de sustancias decomisadas en un procedimiento de fines de los años ochenta, encabezado por el entonces magistrado Eduardo Pettigiani, a la postre designado Secretario de Seguridad en la gestión del gobernador de la Provincia, Eduardo Duhalde. Aquella causa se cerró de manera abrupta y, para peor, el expediente desapareció. La droga en cuestión, conforme se denunciara oportunamente, fue almacenada en una caja fuerte bajo tutela del tribunal. Cuando la justicia dispuso el respectivo 'arqueo' de la caja, tras un intento fallido de quemarla, sólo se hallaron 6 kilos de los 21 que figuraban en el acta original de incautación. A posteriori, se supo que, en rigor, la cantidad 'desaparecida' era tres veces superior. Años más tarde, Falcone sería designado miembro prominente de la Comisión Antidrogas del Ministerio de Justicia y DD. HH. en tiempos de Aníbal Domingo Fernández.

Hace pocos años, el sitio web marplatense Noticias & Protagonistas difundió una instantánea en blanco y negro en la que, entre otros, destacaban el magistrado Falcone y el ciudadano Ricardo Oliveros. Oliveros supo desempeñarse como personal civil de Inteligencia del Ejército (PCI). En su oportunidad -en el año 2005-, confesó haber ejecutado a tres personas en la Ciudad de Mar del Plata -el hecho tuvo lugar en 1977. De acuerdo con lo citado por la página web de referencia, este oscuro personaje también relató a la justicia española que asistía periódicamente a Falcone en un número específico de causas, y que fue precisamente él quien informó al juez sobre actividades subterráneas de Marcelo García Berro, ex Fiscal ante el Tribunal Oral que preside Falcone. García Berro sería apartado de sus funciones en 2002 por el entonces Procurador Nicolás Becerra; el motivo: su previo procesamiento en la causa que investigaba la desaparición de tres prostitutas en la ciudad balnearia, a fines de los noventa. El caso llegó al conocimiento del público tras ser bautizado como 'El Loco de la Ruta'. Los cargos coincidieron con falso testimonio y encubrimiento. El Juez que procesó a García Berro fue Pedro Federico Hooft.

El Dr. Hooft fue imputado en un proceso previo, acusado en 2006 por el desaparecido Eduardo Luis Duhalde, por entonces Secretario de Derechos Humanos de la Nación, por comisión de delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar. No bastó que salieran en su defensa nada menos que el ex Juez de la Corte Gustavo Bossert y el fallecido Julio César Strassera. Hooft fue apartado de sus funciones, y el proceso se llevó a cabo. Finalmente, fue absuelto, y pudo retomar sus funciones. Para dicha resolución, fue fundamental la confesión de Claudio Kashimoto, ex Fiscal de la causa, quien aseguró que fue presionado para firmar el pedido a indagatoria del magistrado.

Asimismo, los Dres. Falcone y Portela fueron los abogados defensores de Oscar Poletti y Héctor Antonio respectivamente, vinculados a la quiebra fraudulenta de la firma Estrella de Mar S.A., e involucrados en la famosa 'Operación Langostino', acaso el operativo antinarcóticos que más atención concentrara en el país en las últimas décadas. Tiempo después, la acción penal contra los dos hombres de negocios prescribió, tras registrarse una extraña demora judicial. La exitosa gestión estuvo a cargo del Dr. César Sivo, actual abogado ante la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH). Un comisario retirado de la Policía Bonaerense, muy respetado por sus pares y la dirigencia política de la Provincia, recuerda: 'Tanto Sivo como García Berro parecían odiar a la policía. Daba la sensación de que, en vez de acusar a los delincuentes, nos atacaban a nosotros. Yo, a veces, me sentía más cómodo con el abogado defensor de los reos que con ellos' (...) En la causa CNU, la testigo Mirta Masid dijo sentirse “maltratada” en ocasión de su primera declaración, al ser interrogada por el Dr. César Sivo: 'Me gritaba, quería que diera nombres y me sentí presionada', confesó.

El principal imputado en la causa CNU es Gustavo Demarchi, quien se desempeñaba como Fiscal de Mar del Plata a mediados de los setenta, designado por el gobierno de Isabel Perón. Sobre Demarchi pesa la acusación de ser el cabecilla de la organización, tras el homicidio de Ernesto Piantoni. Por supuesto, Demarchi niega haber pertenecido a la CNU, y afirma que la causa en su contra fue armada debido a su lucha contra el tráfico de drogas. Quienes defienden a Demarchi recuerdan que el ex fiscal fue patrocinador legal del Sindicato de Prensa de la ciudad, evitando la intervención solicitada por el propietario del matutino 'La Capital', el empresario español Florencio Aldrey Iglesias. 'El "Gallego" nunca le perdonó eso a Demarchi', consigna un reputado juez federal de la ciudad. Pero va más allá: 'El Tribunal Oral no tiene buenos antecedentes. Y así como en su momento tuvieron mucha banca del menemismo y del duhaldismo, luego buscaron refugio en el kirchnerismo. Y, ¿qué mejor que llevar adelante una causa de derechos humanos? Nadie discute la violencia de la CNU, pero esta causa fue armada contra Demarchi'. Y agrega: 'La prueba de fe, la hizo el Tribunal para quedar bien con el kirchnerismo; y lo hizo en esta causa y la de Hooft'. En verdad, el ex Fiscal divide aguas en la ciudad: existen aquellos que lo defienden, y quienes dan cuenta de su pertenencia a la CNU y a su violento modus operandi.

Cuatro ex militantes de aquellos años consultados por este medio -tres de la derecha peronista y uno de Montoneros- coinciden en señalar un hecho sumamente delicado y poco investigado: la posible infiltración de la inteligencia militar en las organizaciones armadas: 'Estábamos infiltrados; no hay dudas. Hay muchos crímenes cometidos que se llevaron a cabo con una logística imposible de ejecutar por vía de simples militantes como nosotros', refiere el testimonio de un antiguo miembro de la CNU. Y quien militó en Montoneros tampoco duda: 'Todos los grupos, aún algunos de la derecha, estábamos en contra de los militares. Y a los milicos les convenía el quilombo, que nos caguemos a tiros. No se olviden que el día que asumió Cámpora, casi los linchan. La gran estrategia de las Fuerzas Armadas para volver al poder fue infiltrarnos. Y les salió bárbaro'.

Otro militante de la JPRA ('jotaperra') refiere: 'Algunos éramos muy tiernitos. Llevar un arma nos hacía sentir importantes. Éramos unos boludos. Y nos infiltraron por todos lados'.

En este sentido, fue ciertamente revelador el testimonio que ofreciera, en la audiencia llevada a cabo el pasado 1 de marzo, el reconocido periodista local José Luis Pónsico. En 1975 -año de los hechos ahora bajo investigación-, Pónsico trabajaba en el periódico 'La Capital'. El hombre de prensa simpatizaba con la izquierda peronista; brindó detalles y apreciaciones que no fueron debidamente publicadas en los principales medios de la ciudad. Afirmó que, si bien CNU era una organización claramente identificada con la ultraderecha nacionalista y católica, y que algunos de sus miembros eran reconocidos abogados de algunos sindicatos de Mar del Plata, distinguió dos sectores dentro de aquélla: 'Uno más volcado hacia los aspectos más académicos, y otro a la acción'. Al ser consultado por la noche del '5x1' (núcleo de este juicio), aseguró que, 'debido a la celeridad, el despliegue y la forma en que fueron ejecutadas las muertes, era imposible que los imputados estuvieran en condiciones de llevarlas a cabo'. Para agregar después: 'Más bien, podía concluirse que se estaba en presencia de un grupo extraño al medio local, evidenciando un alto grado de entrenamiento y profesionalidad'.

Al cierre, el periodista echó mano de palabras de elogio para con dos de los imputados, los Dres. Coronel y José Luis Granel: 'Eran buenos profesionales que tenían buena relación con los gremios por sus propias actividades'. Al momento de ser consultado sobre la Triple A, su réplica dio lugar a una sorpresa mayúscula en la sala: aseguró no tener constancia de que alguien de la ciudad hubiera sido parte de ella. La supuesta vinculación entre la CNU y la Triple A es el argumento principal para sostener que los crímenes cometidos exhiben carácter de lesa humanidad. Por último, compartió dos definiciones que generaron un notorio malestar en la sala. Por un lado, negó enfáticamente la posibilidad de que los imputados en la causa hubieran matado a nadie, al tiempo que descartó de plano que Gustavo Demarchi hubiese pertenecido a la CNU, por la sencilla razón de que era un ateo convencido, y hacía de esto un eje fundamental de su vida. Algunas versiones dan cuenta de que, hacia el final de la audiencia, en momentos en que el testigo se retiraba, fue duramente increpado por otros testigos y por un grupo de personas que asiste puntualmente a las audiencias.

De alguna manera, quizás esta causa se proponga como una síntesis casi perfecta de no pocas decisiones tomadas durante la última década. Todas ellas enmarcadas en propósitos aparentemente nobles, que terminarían siendo llevados a la práctica por individuos de reputación y autoridad moral cuestionables.


* Fotografía de portada: magistrado federal Roberto Atilio Falcone | Crédito: 0223.com.ar