Argentina: ¿vale la pena defender el sistema?

Quien esto escribe ha repasado y oído a sendos y reconocidos sociólogos y politólogos en los últimos días, al respecto de lo que está sucediendo en el país, con el consejo de poner el pie en el freno y quitarlo del acelerador. Ello, por cuanto las consecuencias -según su mirada- de continuarse a esta velocidad, podrían ser impredecibles. Preocupados por el desenlace que pudiere tener el periplo de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner por los tribunales de Comodoro Py, aquéllos se muestran más inclinados a aconsejar un pacto entre los grupos dominantes, antes que llegar al hueso en la investigación judicial. Dicho de otra forma, lo que se propone es un pacto entre las élites, aunque ello implique tolerar la corrupción, a criterio de resguardar al sistema.

 

La pregunta que seguiría entonces, es qué sistema se pretende preservar. En efecto, a lo largo de estos últimos doce años (y sobre todo en los últimos ocho), hemos visto el modo en que se ha descompuesto el sistema institucional de nuestra república. En rigor, se ha asistido a una ficción de democracia, en la que todos hemos sido -de una forma u otra- silenciosos cómplices. Tanto nuestra Carta Magna como el Código Procesal Penal prevén expresamente sanciones para quienes alteren el orden constitucional. Sin embargo, hemos ocupado el rol de mudos testigos ante el quiebre de la división de poderes que siempre debió regir, y que, ciertamente, no rigió. Nos hemos cansado de escuchar que, durante la gestión Kirchner, el Congreso de la Nación fue apenas una escribanía del Poder Ejecutivo. No se deliberaba ni elaboraba en el recinto, sino que se aprobaba lo que decidía el Ejecutivo Nacional a libro cerrado.

 

La mejor muestra de ello son las distintas manifestaciones, por ejemplo, del senador Miguel Angel Pichetto. Así, allá por el 2008, Pichetto exclamaba: 'Si Julio Cobos vota en contra, tendrá que irse del Gobierno' o, cuando sostuvo sin el menor pudor, 'Voto el Código Civil por obligación política'. Finalmente, ya hace cuestión de semanas, manifestaría: 'Recuperé la capacidad de pensar' - reconociendo, contrario sensu, que la había perdido. El parlamento carecía de voluntad propia; menos aún concebía un pensamiento autónomo, sino que estaba sometido a lo que el Ejecutivo dispusiera. Escenario que se acercaría a lo que el Artículo 227 del Código Penal prevé y reprime: 'Serán reprimidos con las penas establecidas en el Artículo 215 para los traidores a la patria los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona (artículo 29 de la Constitución Nacional)'.

 

Algo similar ocurrió con el Poder Judicial. En este caso, se asistió a un enfrentamiento visible entre una justicia militante, esto es, al servicio de un poder político y de funcionarios que exigían mantenerse al margen de la actividad política. Corolario de esta disputa: fiscales removidos de sus causas o suspendidos, imposibilitados de continuar con sus investigaciones; jueces que recibían todas las causas que interesaban al Gobierno, y otros que eran objeto de denuncias y quita de sueldo. O sobreseimientos exprés en causas que involucraban a funcionarios de la anterior Administración, etcétera. Como contrapartida, hemos asistido a un sinfín de sentencias y mandas judiciales que el Ejecutivo jamás respetó ni cumplió -y la clase pasiva de este país puede dar buena prueba de ello. Adicionalmente, se conoció de funcionarios que jamás volvieron a ser reincorporados en sus cargos, pese a lo resuelto ni más ni menos que por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. En resumen, la República Argentina había terminado rehén de un Poder Judicial totalmente desvirtuado y controvertido.

 

A posteriori, resulta notorio que la división de poderes y el sistema democrático, a lo largo de estos últimos años, se constituyeron en una parodia de lo que debió ser. Aquella versión del Poder Ejecutivo fue verdaderamente por todo, sin reconocer límite alguno. Interfirió con tal desparpajo en todo ámbito, que hoy resulta imposible olvidar a aquellos funcionarios autoritarios que irrumpían en asambleas privadas al grito de 'Aquí no se vota', al tiempo que exhibían y ofrecían guantes de box a quien osara oponerse: el colmo de lo bizarro.

 

Ya con el diario del lunes y, a la luz de lo que vemos va surgiendo de las distintas causas judiciales que parecerían haber recobrado vida a partir del cambio de gobierno, se observa que lo que cabalmente signó la era kirchnerista fue la gran corrupción reinante, que dejó como saldo un país empobrecido y funcionarios enriquecidos. El conjunto de tales atropellos contra la república, y que atentaron contra la democracia, tuvieron por único objeto ocultar la corrupción que hoy sale a la luz.

 

Cabe retomar la pregunta del inicio, si de lo que se trata es de develar cuál es el sistema que se desea preservar. Si la meta coincide con abandonar el modelo que resultara perdidoso en la última elección, no comparto que pactar con quienes han sido los responsables de esa gran corrupción, sea una buena idea. Toda vez que el sistema implica corrupción, entonces, la mejor opción es comenzar a evaluar un cambio de sistema -jamás preservar los viejos modos. 

Pero, si concluímos en que no es el sistema el que falló, sino sus actores -los mismos que se aprovecharon de él para enriquecerse-, entonces, lo que deberíamos hacer es prescindir de esos actores, y reprender con severidad los actos de corrupción. De lo contrario, no estaremos preservando el sistema, sino coadyuvando a su deformación e, inevitablemente, incentivando la corrupción.