Pobreza, inclusión e instituciones: reto para América Latina y la UE

No se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que solo tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Es triste ver cuando, detrás de supuestas obras altruistas, se reduce al otro a la pasividad, se lo niega o peor, se esconden negocios y ambiciones personales: Jesús los llamaría hipócritas. Qué lindo es, en cambio, cuando vemos en movimiento a Pueblos, sobre todo, a sus miembros más pobres y a los jóvenes. Entonces sí se siente el viento de promesa que aviva la ilusión de un mundo mejor. Que ese viento se transforme en vendaval de esperanza. Ese es mi deseo.

Su Santidad Francisco, a los participantes en el encuentro mundial de los movimientos populares, 28 de octubre del 2014

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Si, en lo inmediato alla segunda Posguerra, la economía social de mercado representó el tentativo de implementar los principios teóricos precisados y desarrollados por los autores de “Ordo” de la escuela de Friburgo, nos preguntamos si también hoy el modelo de la economía social de mercado (ESM) sea capaz de enfrentar los retos provenientes de un contexto político y económico inevitablemente cambiado. El proceso de integración europea le debe mucho a aquellos principios y a los tentativos de implementación de los mismos. Mucho, por lo tanto, ha sido hecho, pero aún queda mucho por hacer y, como “cada horizonte llama a otro horizonte”, cada problema remite a la solución de nuevos problemas. Por esta razón, nos hemos interrogado acerca de los nuevos retos que esperan tanto a los teóricos puros, como a los policy-makers que asumen la economía social de mercado como modelo inspirador. Con tal propósito hemos centrado nuestra reflexión sobre un paradigma cuyos términos son: pobreza, inclusión, instituciones.


Introducción

Desde la primera cumbre bienal de Río de Janeiro del 28 y 29 de enero de 1999 hasta hoy, América Latina y la Unión Europea han firmado diferentes acuerdos estratégicos para sostener y mejorar la cooperación económica y la integración regional. En virtud de tales acuerdos están surgiendo nuevas plataformas de colaboración a todos los niveles (supranacional, nacional, sub-nacional). La Fundación Unión Europea - América Latina y el Caribe (EU-LAC), instituida durante el curso de la sexta cumbre, realizada en Madrid en 2010, es un caso interesante, en el cual los entes sub-nacionales de ambos continentes están explorando nuevas formas de cooperación.

El área LAC es hoy considerada cada vez más estratégica para los intereses de la EU y de los países de la misma área, a causa de los flujos comerciales que delinean una fuerte interdependencia entre los dos continentes. Por otra parte, se advierte el interés en la realización de un objetivo común, como por ejemplo, la definición de una idea madura de democracia, de rule of law y de economía de mercado dinámica e inclusiva que, concretamente, puedan aumentar el grado de interdependencia entre las dos áreas. Un objetivo ciertamente delicado en un periodo de la historia en la cual muchos países LAC parecerían haber emprendido un proceso que algunos han definido como “retorno de la ideología”, un trayecto vuelto concreto por el influjo político ejercido por el régimen Chávez-Maduro y por la debilidad de la democracia en Bolivia y en Ecuador.

En este preciso contexto, también como respuesta a la “doctrina Chávez”, ha sido llevada a cabo la Alianza del Pacífico (instituida oficialmente en junio del 2012), una estrategia de integración comercial entre Perú, Chile, Colombia y México. Estos cuatro países han decidido realizar el proceso de integración comercial más innovador y enérgico de toda la región, fundado sobre la consolidación de una visión común respecto a la articulación del orden político – institucional del País (democracia) y de la política económica. Una iniciativa de este tipo está conquistando cada vez más interés en la comunidad internacional a causa de las dimensiones del mercado y de la intensidad de los flujos comerciales involucrados en el proceso.

Al mismo tiempo, las regiones que en los últimos diez años han mostrado una excepcional tasa de crecimiento, actualmente resienten una desaceleración general de la economía, a causa de dos impulsos principales. Un shock exterior a causa del menor valor de sus principales exportaciones, así como la pérdida de competitividad, con respecto a los países asiáticos emergentes (por ejemplo, Vietnam, Malasia, Tailandia, etc.) que en el transcurso de los años han aumentado su porción de mercado en los Estados Unidos, que representa aún hoy el mercado estratégico principal para las exportaciones de los países LAC. La segunda razón de tal desaceleración se debe a la debilidad de las instituciones (corrupción, democracia precaria, ideologías anti-mercado, etc.) y a la presencia de políticas comerciales cerradas, como por ejemplo la ecuatoriana, las dificultades de hacer respetar los derechos de propiedad privada en Bolivia, las barreras comerciales en Brasil y la corrupción creciente en los gobiernos centrales.

De cualquier manera, hoy asistimos a una situación nueva y quizá ni siquiera demasiado esperada hasta hace pocos meses, que podría remodelar el ambiente político de toda la región en la dirección de un escenario que obviamente supone el ocaso de la “doctrina Chávez”. Las buenas noticias reposan sobre la perspectiva del cambio en las relaciones políticas y económicas entre Cuba y los Estados Unidos; un cambio que marcaría el final de una época y que terminaría involucrando también a Países como Venezuela y Bolivia, que con Cuba en los últimos años han establecido relaciones de fuerte cooperación política.

En tal contexto, es necesario que el rol de la EU y sus relaciones con el área LAC sean repensados, para que tales relaciones puedan contribuir a una mayor comprensión recíproca y a una más intensa interdependencia económica, cultural y política de los dos continentes. Mientras que en un tiempo se ponía la esperanza en una única federación de América Latina, según el modelo de la Unión Europea, hoy ese objetivo parece más distante y, de cualquier modo, aunque fuera realizable, lo sería solamente en un largo plazo. Por esta razón, creo que uno de los objetivos fundamentales que se fija nuestra reflexión sea precisamente el de razonar acerca de los posibles pasos intermedios que se deben cumplir para avanzar en el proceso de cooperación entre las dos áreas; acuerdo específicos y coherentes con el diseño general. He aquí, pues, que el modelo de la economía social de mercado puede revestir aún una importancia estratégica no indiferente, desde el momento en que ella puede representar el aglutinante económico, político y cultural, así como institucional, de los países del área LAC – si se considera que Perú, país clave de la Alianza del Pacífico, con la constitución de 1993 ha previsto una constitución económica decididamente conforme con la adopción del modelo de economía social de mercado – y entre estos y la EU.

Con la presente contribución pretendo proponer una exposición sintética de una perspectiva socio-política inspirada en la Doctrina social de la Iglesia y, al mismo tiempo, dialogante con algunas de las expresiones más significativas de la teoría política y económica contemporánea. Me refiero al modelo de Ordo y el de la economía social de mercado, a la teoría sociológica de lo “concreto” de matriz sturziana y a la teoría de las instituciones “inclusivas - extractivas” de Daron Acemoglu y James A. Robinson.

Para realizar la mencionada reflexión, he elegido el concentrar la atención sobre tres elementos que, ante los ojos de quien habla, llegan a representar los términos de un paradigma que me gusta definir con una expresión del Papa Benedicto XVI: “vía institucional de la caridad”.

El primer término de nuestro paradigma remite a la “pobreza”. El tema de la pobreza es el corazón del Evangelio y, por consiguiente, es desde siempre el fulcro de la reflexión cristiana en el ámbito social que, desde la Rerum novarum hasta hoy, ha asumido también la forma de corpus doctrinal que llamamos Doctrina social de la Iglesia.

Si la opción preferencial por los pobres expresa el centro del cuidado que el cristiano tiene por lo social, el tema de la inclusión representa la dinámica mediante la cual el cristiano es llamado a acometer los problemas relativos a la pobreza – entendida como indigencia. Incluir significa compartir, participar, pasar de la condición de extraño y de inadaptado a la de integrado y de sujeto activo; en la práctica, significa pasar de la condición de súbdito a la de ciudadano soberano.

Para que eso suceda, al menos tendencialmente, no es necesaria una varita mágica, así como no son suficientes la benevolencia ni las buenas intenciones. Fatalismo anárquico y paternalismo estatista son las dos expresiones patológicas a través de las cuales se manifiestan, respectivamente, una cierta idea abstracta de libertad desenganchada del dato histórico y de lo concreto de lo contingente, y una idea de solidaridad asistencialista que – más allá de las eventuales buenas intenciones – se resuelve en un régimen neofeudal y servil que ofende a la dignidad de la persona humana: libre y responsable.

En este nivel de la discusión entran en juego las instituciones, su rol y su cualidad. En la práctica, especiales artefactos de la creatividad humana, capaces de exaltar la dignidad de la persona, en la medida en la cual el proceso que aguarda a su génesis no se resuelva en el principio constructivista y centralista, puesto en acto por un bien o mal intencionado “gran planificador”, en lugar de aquellos de subsidiariedad y de poliarquía que prevén el ejercicio de la “vía institucional de la caridad”.

En tal contexto, distinguiremos las instituciones en “inclusivas” y “extractivas”. Estas últimas – extractivas – implican una realidad social fundada sobre la explotación de la población y sobre la creación de monopolios. Actuando así, las instituciones extractivas le reducen los incentivos a la acción, al asumir responsabilidades, comprometiendo la capacidad de iniciativa económica de la mayor parte de la población. Por “inclusivas” se designan en cambio a aquellas que permiten, alientan y favorecen la participación de la mayoría de la población a actividades económicas que aprovechen los talentos y las habilidades, permitiéndoles a las personas el realizar su propio, íntimo proyecto de vida.


Pobreza

Ante todo, debe subrayarse la complejidad del concepto de pobreza. La pobreza, para el cristiano, es un ideal hacia el cual tender y al mismo tiempo una condición que debe ser profundamente combatida. El cristiano se desposa y franciscanamente elige como propia hermana a la pobreza de las bienaventuranzas, “la pobreza de espíritu”: “Beatos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios”. En tal caso, nos encontramos ante una expresión que remite a la noción de “humildad”, de “contingencia”, de “creaturalidad”, al sentido del límite, un límite entendido como baluarte y dique respecto a la pretensión constructivista del “perfeccionismo social”.

La pobreza que el cristiano desposa es in primis una predisposición moral, un hábito cultural que el cristiano porta y con el cual lee e interpreta el dato material y la realidad que lo rodea. Es la pobreza de quien no cede a la tentación de elevar el “dinero”, la “carrera”, el “lujo”, e incluso las propias “competencias” y la “profesionalidad” a ídolos a los cuales inmolar, y en el nombre de los cuales sacrificar, la dignidad propia y la ajena; la dignidad de la imago Dei, que se hace concreta en la asunción de responsabilidades y se manifiesta en fijar un umbral moral, más allá del cual no se está dispuesto a impulsarse. Es la declaración pública de no aceptar las propuestas “cueste lo que cueste” y “a cualquier precio”. Y bien, la firmeza del Papa Francisco nos permite de hacer partir nuestra reflexión de esta predisposición existencial que estamos llamados a volver fecunda en el campo teológico, económico, jurídico y politológico.

Al lado de una noción de pobreza desposada, buscada y elegida según la propia forma de vivir el Evangelio, existe una combatida, respecto de la cual no deberíamos nunca bajar la guardia; porque si es verdad que “los pobres estarán siempre con nosotros”, quiere decir que la obra reformadora, tendiente a la emancipación de los mismos, es una obra que no tendrá nunca fin. La pobreza combatida es la que crea dependencia de los otros, que conduce a la sujeción arrodillada, que no permite el ejercicio de la libre y responsable “subjetividad creativa de la persona humana.

Es la pobreza que inhibe el espíritu de iniciativa, que anestesia el sentido de responsabilidad, que nutre una malsana actitud que delega, que envenena los pozos de la participación en la construcción de una sociedad civil animada por una cultura civil, dique y baluarte crítico a la perenne tentación de quien detenta el poder y pretende ejercerlo de manera absoluta y arbitraria.

Y bien, no tener un trabajo, no poseer una morada propia, no estar en condiciones de garantizar para sí mismo y para los propios seres queridos un presente ni un futuro materialmente dignos, significa exponerse a la dependencia – entendida como sujeción –política, económica y cultural. La pobreza que el Papa Francisco nos invita a combatir es el enemigo mortal, el veneno mortífero, de la noción más avanzada e inclusiva de soberanía popular.


Inclusión

La segunda palabra de orden es inclusión; en definitiva, el hilo conductor que une toda la reflexión del Papa Francisco sobre la cuestión social y que expresa también el puente que une el Magisterio social de al menos tres de los últimos Pontífices. Decíamos hace poco de una noción avanzada e inclusiva de soberanía popular. Pues bien, entendida de tal manera, la soberanía se identifica con la noción de participación (en varios niveles) en el proceso decisional, un tipo de acto de gobierno ascendente que configura a la comunidad local, internacional y global como un tipo de regimiento civil poliárquico y polifónico, marcado por la complementariedad de las nociones de government  y de governance.

La inclusión social puede suceder sólo sobre el terreno del reconocimiento formal de las pares oportunidades para participar en el momento estratégico, en el decisional y en el operativo, momentos distintos pero convergentes que hacen de un agregado social una sociedad civil activa, poliárquica y subsidiaria. Por esta razón es necesario liberar a los pobres de las “cadenas de la pobreza”, es decir de aquella selva de impedimentos de naturaleza jurídica, política, económica y cultural que obliga a una parte de la sociedad (la mayor parte) a ser relegada a los márgenes del contexto civil y terminar jugando un rol tan residual y humillante, como esencial al funcionamiento de un sistema extractivo y excluyente: el de los clientes que juegan ( el rol de electores ocasionales y de impertérritos consumidores.

Al respecto, cómo no pensar en las favelas, en los chabolismos, en los bidonville, pero también en las “loculópolis” de nuestras degradadas periferias urbanas, donde las elecciones perversas de los políticos corruptos y de arquitectos complacientes han certificado la profunda incapacidad a la acción del gobierno de sus señores y, al mismo tiempo, han evidenciado la desagradable indiferencia de una cierta clase dirigente por el destino existencial de cualquiera que no sea directa e inmediatamente reconducible a un más o menos lícito y legítimo interés personal: dinero, carrera, poder, prestigio y multa exempla docent.

Inclusión social significa, en primer lugar, no admitir alguna renta pretendida, mucho menos monopolista, sobre alguna fuente de utilidad y obrar para que ninguna pretendida utilidad pueda encontrar una satisfacción cualquiera. Inclusión social significa educar en la cultura del compartir y predisponer, comenzando por el recurso a las normas de rango constitucional, un riguroso sistema institucional que impida o castigue a los tantos o a los pocos, y de cualquier forma siempre demasiados, perceptores de rentas de monopolio, sea que se trate de rentas políticas, económicas y culturales.


Instituciones

He aquí, pues, que hemos llegado a un tercer y último elemento: la institucionalización, o bien “la vía institucional de la caridad”. Se trata del recorrido indicado, entre los otros, por la Caritas in veritate como vía para el desarrollo, así como uno de los puntos más actuales y debatidos en la reflexión académica en ámbito económico, jurídico y politológico. Una reflexión que hoy sucede en los centros académicos más acreditados a nivel mundial y que está dirigida a analizar los procesos de desarrollo político y económico, mostrando cómo el círculo vicioso de las instituciones extractivas, que produce “castas” y “oligarquías” de manera férrea y cuantitativa y que vuelve pobre a la mayor parte de la población por el bienestar y el poder de pocos, pueda ser roto y sustituido por el círculo virtuoso de las instituciones inclusivas, promoviendo el método schumpeteriano de la “destrucción creativa” y el proceso evolutivo-incremental de autores como Carl Menger, Friedrick von Hayek, Karl Popper, Wilhelm Röpke, pero también de nuestros Luigi Sturzo y Luigi Einaudi.

Las instituciones, desde nuestro punto de vista, dentro de la escuela de la enseñanza de los autores poco antes citados, no son ética ni culturalmente neutras. Las instituciones son reducibles a ideas y a ideales que al final están en individuos, en personas de carne y hueso, con sus culturas, su fe y sus tradiciones. Ideas e ideales sedimentados en la cultura civil de un pueblo o de una comunidad, traducidas en reglas que, una vez abrazadas, implican comportamientos repetidos y que si son transgredidos prevén la sanción; sea moral, administrativa o penal. Por esta razón, las instituciones no son todas iguales y no solo porque presentan funciones diferentes. Ellas difieren también por razones cualitativas y la cualidad es dada por el contenido humano y moral proyectado (para usar una terminología sturziana) por los sujetos que en ellas continuamente operan y que con ellas tienen que ver. Por esta razón creemos que la distinción propuesta por Acemoglu y Robinson entre instituciones inclusivas e instituciones extractivas sea la más adecuada, desde el punto de vista teórico, para expresar la cualidad que vuelve las instituciones adecuadas a acometer la cuestión social.


Instituciones y desarrollo económico

Por lo tanto, en esta perspectiva, con referencia al problema económico, asumido en relación al problema político y cultural (en sentido antropológico), podemos afirmar que, para que la actividad económica esté al servicio de la persona humana, es necesario un cuadro de referencia ético y jurídico, un marco institucional; el mercado y la democracia pueden funcionar sólo en un cuadro ético de confianza: tal cuadro ético-jurídico o marco institucional expresa el límite y el presupuesto mismo del mercado, de la democracia y del orden económico y político que ellos contribuyen a promover.

Por lo demás, si sólo recorriéramos la historia de nuestras instituciones y la evolución de nuestro sistema capitalista, nos daríamos cuenta de cuánto las primeras hayan influido en el segundo y de cuánto, con el paso de los años, el segundo haya contribuido a transformar las primeras a su imagen y semejanza. En este sentido, una larga parte de nuestro sistema empresarial, poco proclive a las dinámicas competitivas, comprometido más en construir sólidas redes relacionales que a apostar en la innovación, ha podido contar con un sistema político y con instituciones cada vez menos inclusivas y, por el contrario, cada vez más invasivas de las prerrogativas de la sociedad civil. Esta convergencia de intereses, sostenida por costosas políticas sociales financiadas en déficit y por una política monetaria fuertemente inflacionista, ha sido capaz de expresar por decenios una clase dirigente que, en todos los niveles, tanto en lo público como en lo privado, ha protegido al empresariado improductivo en detrimento del productivo, del talento y del mérito, promoviendo reglas y difundiendo modelos de comportamiento de los cuales aún hoy pagamos el precio en términos de escasa competitividad, de crisis de la finanza pública, de desempleo, de emergencia social y de crisis moral. Solo el vínculo comunitario y, más recientemente, la pertenencia a la unión monetaria han en parte atenuado las consecuencias de tal espiral extractiva, al menos hasta aquí, evitándonos escenarios de país sudamericano, induciendo al Gobierno y al Parlamento a una adecuación – por lo menos en términos normativos – de nuestra constitución económica a los principios de la libre competencia y a un ejercicio más responsable de nuestra soberanía financiera, al interior de los principios fijados por el pacto de estabilidad y crecimiento.

Si esto es, por lo tanto, el núcleo del problema, en opinión de quien escribe, son precisamente la reforma en clave inclusiva de las instituciones (y, en particular, de la administración pública) y la selección de la clase dirigente el arquitrabe de cualquier política dirigida a promover el crecimiento económico, apostando por el espíritu emprendedor, a la libre iniciativa de las personas y a un renovado compartir del valor de la solidaridad.

La consideración sobre la cual se mueve la presente reflexión es, pues, que la actividad económica, para que pueda ponerse al servicio de la persona humana, debe encuadrarse al interior de un marco institucional hecho de referencias culturales, éticas y jurídicas; cómo ha sido apenas observado, el mercado y la democracia pueden funcionar, de hecho, sólo dentro de un cuadro ético de confianza recíproca.

En cualquier lugar en el que el gobierno de la ley no sea respetado son siempre los más débiles los que pagan el precio más alto. Son estos últimos, de hecho, los que pagan el precio de la corrupción, de la colusión y de los conflictos de interés, de la ineficiencia en los servicios, así como también las consecuencias de malvadas gestiones financieras, tanto en lo público como en lo privado, y de abusos perpetrados en nombre de una tutela de un interés público detrás del cual, demasiado frecuentemente, se ocultan en realidad intereses personales y de grupos que nada tienen que ver con el bien común. Queriendo razonar con metáforas, un sistema capitalista preocupado más por cortarse la rebanada más grande del pastel en vez de comprometerse en el esfuerzo de aumentar sus dimensiones – con la complicidad y el aval de un sistema institucional caracterizado por evidentes degeneraciones extractivas, incapaz de buscar el desarrollo económico promoviendo reglas y comportamientos tales que premien y defiendan el espíritu empresarial productivo y el mérito – no solo roba el futuro a los más pobres, a los excluidos y a todos aquellos que no pueden contar en una sólida red de relaciones sociales sino que, demasiado pronto, se arriesga a volverse contra sí mismo en una espiral de decadencia y empobrecimiento sea material, moral que no puede ser aceptado por los hombres de buena voluntad y, más en general, por cualquiera a quien le importe la suerte del país.


Instituciones extractivas vs. Instituciones inclusivas

A propósito de “instituciones exclusivas” y de “instituciones extractivas”, para utilizar la distinción operada por los científicos sociales Daron Acemoglu y James A. Robinson en su muy afortunado libro Por qué fracasan los países, es la intención de quien escribe el proponer un análisis en la difícil fase que interesa a nuestro país, evidenciando cómo la cualidad inclusiva de las instituciones económicas éste en el origen de la riqueza de una nación y cómo tal cualidad, a su vez dependerá de la calidad de las instituciones políticas. Pretendemos entonces afirmar que la calidad de nuestras instituciones económicas es todo menos que indiferente a la de las instituciones políticas y que su interacción o recíproca interferencia puede generar pobreza o bien riqueza.

La tesis que buscamos ofrecer a la atención del lector es que “El éxito económico de los países difiere debido a las diferencias entre sus instituciones, a las reglas que influyen en cómo funciona la economía y a los incentivos que motivan a las personas”. Por “extractivas” Acemoglu y Robinson comprenden a las instituciones que incluyen una realidad social fundada sobre la explotación de la población y la creación de monopolios. Actuando así, reducen los incentivos y la capacidad de iniciativa económica de la mayor parte de la población. Por “inclusivas” se comprenden en cambio las instituciones que permiten, alientan y favorecen la participación de la mayoría de la población en actividades económicas que aprovechen los talentos y las habilidades, permitiéndoles a las personas el realizar su propio, íntimo proyecto de vida. Los rasgos que definen la cualidad inclusiva de las instituciones son el respeto del derecho a la propiedad privada, un sistema jurídico imparcial y tal cantidad de servicios, que por la cual cada ciudadano pueda gozar de igual oportunidad de acceso a los procesos democráticos y de mercado; Acemoglu y Robinson consideran que la inclusividad de las instituciones deba prever también la posibilidad de abrir nuevas actividades y de elegir libremente la propia ocupación.

De tal manera, las instituciones económicas asumen el carácter inclusivo, desde el momento en que promueven la actividad económica, el crecimiento en términos de productividad y la prosperidad material. El elemento jurídico, por ejemplo la seguridad de los derechos de propiedad, tiene una importancia crucial. ¿Qué emprendedor invertiría su propio talento, sus ideas propias y su patrimonio allí donde no estuviera garantizado el derecho de propiedad y por lo mismo se esperara que su ganancia fuera robada, expropiada o reducida drásticamente por un sistema fiscal inicuo, opresivo e incomprensible? La cualidad institucional puede representar el incentivo o la rémora fundamental a las inversiones, en la medida en la cual el reconocimiento de los derechos a la participación política y económica esté difundida en el interior de una comunidad.

Un presupuesto fundamental para que las instituciones inclusivas emerjan y prevalezcan sobre la tentación neo feudal de emprender el callejón sin salida del desarrollo oligárquico, típico de las instituciones extractivas, es que las instituciones económicas impulsivas necesitan y se sirven del estado: “Las instituciones económicas inclusivas implican la existencia de derechos de propiedad seguros y oportunidades económicas no solamente para la élite, sino también para la mayor parte de la sociedad.”. En la práctica, la garantía de los derechos de propiedad, la legislación, los servicios públicos, la libertad de los intercambios y en la estipulación de los contratos son todas condiciones que dependen del estado, la institución que detenta el poder coercitivo “necesario para imponer el orden, prever los robos y engaños y hacer respetar los acuerdos firmados por privados”. De cualquier manera, no obstante que tales elementos sean necesarios, creemos, con Acemoglu y Robinson, que no sean autosuficientes para explicar la cualidad inclusiva de las instituciones económicas. Para que la comunidad civil pueda prosperar y funcionar el ambiente de la mejor manera, son igualmente necesarios algunos servicios públicos: las carreteras y las más avanzadas redes de comunicación, las infraestructuras y todo lo que le permita a las personas, a las mercancías y a las ideas circular y a las actividades económicas surgir y prosperar.

Un aspecto fundamental de las instituciones exclusivas es que ellas tienden a darle vida a mercados exclusivos. Una medida de la cualidad inclusiva de cualquier mercado es que, más allá de reconocer la libertad de cada uno de perseguir las propias aspiraciones, buscando la realización de las propias capacidades, ofrece también la concreta posibilidad de hacerlo: “Quienes tengan buenas ideas, serán capaces de crear empresas, los trabajadores tenderán a ejercer actividades en las que su productividad sea mayor y las empresas menos eficientes serán sustituidas por las más eficientes”. Lo que puede suceder desde el momento en que las instituciones económicas inclusivas son portadoras de otros dos factores determinantes para el desarrollo económico: la tecnología y la instrucción. Para que se tenga un crecimiento económico dinámico, sólido y prolongado es necesario que los factores de producciones tangibles e intangibles se vuelvan cada vez más productivos y tanto la instrucción como el desarrollo tecnológico van exactamente en esta dirección.


De cómo las instituciones políticas influyen en las económicas y viceversa

Uno de los factores clave que contribuyen al surgimiento de instituciones económicas y exclusivas es el contexto político. Por contexto político entendemos el sistema político institucional al cual le corresponde establecer las reglas del juego que “presidan la estructura de los incentivos en el ámbito político”. En definitiva, son las reglas que determinan cómo registrar la representación política, como articular la distribución del poder y de las competencias al interior del estado; son las reglas que establecen quién detenta el poder, como es detentado, por cuáles fines y dentro de cuáles límites éste pueda ser ejercido. Son las reglas que nos dicen si el poder está concentrado en las manos de pocos, los cuales operan sin límites, o bien si el mismo está distribuido, difundido y ordenadamente puesto dentro de más o menos rígidos límites constitucionales. Cuando el poder está distribuido, no concentrado y sujeto a reglas bien precisas, entonces tenemos que ver con un orden político institucional de tipo pluralista y el ejercicio del poder está gestionado por una pluralidad de facciones y de grupos que detentan intereses contrastantes.

Un orden político institucional es inclusivo en la medida en la cual presenta las características de suficiente centralización y de máxima pluralidad posible, en la medida en la que tuviera que reducirse al menos uno de estos dos elementos, nos enfrentaríamos con instituciones políticas de tipo extractivo. Entre las instituciones políticas y las instituciones económicas existe una relación sinérgica. Se piense por ejemplo en cómo las instituciones políticas de tipo extractivo concentran el poder en las manos de un estrecho círculo de personas, las cuales, desde su perspectiva, consigan la oportunidad económica como una chance de garantizar – de manera tendencialmente exclusiva – a algunas élites, para que puedan “extraer” los recursos, que en cambio podrían y deberían favorecer a todos los demás, para su propio y exclusivo gozo.

Acemoglu y Robinson sostienen que las instituciones económicas extractivas no son otra cosa que el natural complemento de los sistemas políticos extractivos, los cuales se servirán de las instituciones económicas también para la propia supervivencia política. De lo contrario, las instituciones políticas de tipo inclusivo, teniendo como propia razón social la distribución del poder, tienden a volver la vida difícil a las instituciones económicas extractivas, las cuales, por el contrario, se presentan con la única finalidad de expropiarle los recursos a la mayoría de la población, ponerle barreras de entrada en los mercados y distorsionar el funcionamiento de los mismos en ventaja de unos pocos.

En este punto de la discusión, podemos afirmar que la recíproca interferencia entre instituciones políticas extractivas e instituciones económicas extractivas está en el origen de aquel “círculo vicioso”, a causa del cual un determinado sistema político institucional le ofrece a la élite que detenta el poder los instrumentos para modelar según el propio uso y consumo a las instituciones económicas. Una clase política que se nutre de un sistema institucional que no le ponen límites a su voluntad de poder y que, de tal manera, hipoteca el propio futuro, autodefiniéndose necesaria y terminando por ser inamovible. El haber plasmado las instituciones económicas según la propia imagen y semejanza, para el uso propio y consumo, hará que las instituciones económicas extractivas enriquezcan a la oligarquía política que las ha hecho posibles, la cual podrá de esta manera consolidar el propio poder, gracias a los recursos económicos provenientes de aquellas instituciones económicas extractivas.

Así como las instituciones extractivas son el recíproco de las exclusivas, también el “círculo vicioso” apenas descrito no es otra cosa que el recíproco del llamado “círculo virtuoso” de las instituciones inclusivas. Podemos decir con nuestros Autores que las instituciones económicas inclusivas son el resultado de instituciones políticas igualmente inclusivas; de aquellas instituciones que, a causa de la competencia, pudiendo ser escalables, según la lógica schumpeteriana de la “destrucción creadora”, permiten el continuo intercambio de la clase dirigente y la máxima distribución del poder, poniéndolo dentro de límites seguros que impidan el ejercicio arbitrario. Sobre todo, tales instituciones, bajo la continua tensión competitiva, si no impiden de manera absoluta, tienden a reducir el riesgo de que alguien se adueñe del poder para dominar los cimientos del sistema inclusivo. Si es verdad que las instituciones políticas inclusivas favorecen el nacimiento de instituciones económicas de la misma naturaleza, es igualmente probable que estas últimas mal toleren a las primeras, no pudiendo operar en un contexto de tipo absolutista, arbitrario y oligárquico: “las instituciones económicas exclusivas tienden también a reducir los privilegios de los cuales gozan las élites gracias al control del régimen político extractivo, porque las obligan a confrontarse con la existencia de mercados competitivos y a actuar dentro de los límites del sistema de contratos y derechos de propiedad difundido en la sociedad”.


Conclusiones

El papa Benedicto, en su encíclica Caritas in veritate, nos invita a emprender “la vía institucional de la caridad” y, refiriéndose al “bien común”, evoca explícitamente la dimensión “institucional”. La referencia auténtica y no retórica al “bien común”, es un elemento institucional de Benedicto XVI y quien quiera responder positivamente a la invitación del papa Francisco a una economía inclusiva, no puede pues descuidar esta fundamental distinción y no proceder a una seria y despiadada crítica respecto a las demasiadas instituciones extractivas que impiden el desarrollo técnico de nuestras comunidades.

Precisamente la identificación y la denuncia de estas últimas representa el primer paso para implementar aquella perspectiva teórica de la economía social de mercado a la cual hace referencia también la tradición de la Doctrina social de la Iglesia, y así, recoger la invitación de Benedicto XVI y del Papa Francisco: «La perspectiva de un mundo de paz y justicia duraderas nos reclama superar el asistencialismo paternalista, nos exige crear nuevas formas de participación que incluyan (…) y animen las estructuras de gobierno locales, nacionales e internacionales con ese torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común. Y esto con ánimo constructivo, sin resentimiento, con amor».

Para un análisis comparativo entre la constitución económica Europea y la Peruana, ver Flavio Felice, Antonio Magliulo, Johann Spitzer, Latin America and Europe Toward a Mutual Understanding. Economic Culture and Political Constitution in the Experiencia of Peru, en “Global & Local Economic Review”, Vol. 17, No. 2, 2013, pp. 75 – 109. He aquí una interesante declaración que encontramos en la nueva Constitución Peruana del 1993: «La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura».

Bajo el perfil institucional, «El principio de subsidiariedad protege la autonomía de cada institución. Esta autonomía experimenta una crisis cuando alguna institución tiene el poder de arbitrariamente modificar la distribución de los recursos en su propio beneficio, incrementando los recursos disponibles recurriendo al impuesto y la deuda»; Dario Velo – Francesco Velo, A Social Market Economy and European Economic Union, Peter Lang, Bern, 2013. pp. 83-84 [Traducción nuestra].

Para una definición clásica del principio de poliarquía, remitimos a R. A. Dahl, La Poliarquía: participación y oposición, Tecnos, Madrid, 2009. En nuestro caso, por poliarquía entendemos algo más radical que la, no obstante, fundamental identificación de la misma con la democracia, operada por Dahl. Aquí, con poliarquía, se entiende un contexto social dirigido por un orden producido y mantenido por el continuo interferir de múltiples y recíprocamente irreductibles principios regulativos.

«Es verdad que, en Mateo y Lucas, Jesús proclama beatos a “los pobres”, pero estos no son aquellos designados por el término lingüístico “pobres” (una categoría socio-económica: los des-poseídos, sino aquellos designados por el término lingüístico del profetismo bíblico ‘anawim, literalmente “humildes”»; Angelo Tosato, Vangelo e ricchezza. Nuove prospettive esegetiche, editado por D. Antiseri, F. D’Agostino, A. Petroni, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, p. 345. [Traducción nuestra]

«Igual que la solidaridad, también la ética molesta. Se considera contraproducente; demasiado humana, porque relativiza el dinero y el poder; una amenaza, porque condena la manipulación y la degradación de la persona […] ¡El dinero debe ser y no gobernar!» Papa Francisco, A los embajadores de Kirguistán, Antigua y Barbuda, Luxemburgo y Botswana (16 de mayo del 2013). Por lo que corresponde a la relación “hombre-dinero”, el Papa Francisco en el discurso del 16 de mayo a los nuevos embajadores afirma que “El dinero debe servir, no gobernar” y pone en evidencia que la ética molesta, porque relativiza el dinero. El “relativismo” al cual nos remite el Papa Francisco niega el desinterés típico del relativismo indiferente, muchas veces condenado por Juan Pablo II y por Benedicto XVI, en nombre del cual se desvanecen las diferencias y todo aparece absorbido por la oscuridad de la noche en la cual “todas las vacas son negras”; cfr. Dario Antiseri – Flavio Felice, La vita alla luce della fede. Riflessioni filosofiche e socio-politiche sull’enciclica “Lumen fidei”, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013, pp. 53 – 56.

«… entre las opiniones y actitudes opuestas a la voluntad divina y al bien del prójimo y las «estructuras » que conllevan, dos parecen ser las más características: el afán de ganancia exclusiva, por una parte; y por otra, la sed de poder, con el propósito de imponer a los demás la propia voluntad. A cada una de estas actitudes podría añadirse, para caracterizarlas aún mejor, la expresión: « a cualquier precio ». En otras palabras, nos hallamos ante la absolutización de actitudes humanas, con todas sus posibles consecuencias.

Ambas actitudes, aunque sean de por sí separables y cada una pueda darse sin la otra, se encuentran —en el panorama que tenemos ante nuestros ojos— indisolublemente unidas, tanto si predomina la una como la otra», Juan Pablo II, Sollicitudo rei sociales, 30 de septiembre de 1987, n. 37.

«En lugar de la iniciativa creadora nace la pasividad, la dependencia y la sumisión al aparato burocrático que, como único órgano que « dispone » y « decide » —aunque no sea « Poseedor »— de la totalidad de los bienes y medios de producción, pone a todos en una posición de dependencia casi absoluta, similar a la tradicional dependencia del obrero-proletario en el sistema capitalista»; ibid, n. 15.

«Esto provoca un sentido de frustración o desesperación y predispone a la despreocupación de la vida nacional, empujando a muchos a la emigración y favoreciendo, a la vez, una forma de emigración “psicológica”»; ibídem. 

«Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo»; Papa Francisco, Evangelii gaudium, Exhortación apostólica, 24 de noviembre del 2013, n. 187.

El problema se plantea también con referencia a los desarrollos del proceso de integración europea, de la unión monetaria y la económica: «Desde la perspectiva de confirmar el orden fundado en la subsidiariedad, la Unión Económica de manera previsible habrá abordado el problema de la transferencia de poderes y competencias a más cuerpos – Estado, privados y una mezcla de Estado- privados. En consecuencia habrá la necesidad de resolver la compleja ecuación dando como resultado una diferente regulación, simultáneamente garantizando una marco unitario capaz de asegurar una convergencia de las diferentes soluciones aplicadas» D. Velo, Social Market Economy and European Unification, en “The EuroAtlantic Union Review”, Vol. 1, No. 0/2014, p. 44. El tema de la “global polity” se ha vuelto central también en la reflexión más reciente del Magisterio social de la Iglesia. Se piense en la “vía institucional de la caridad” y a los parágrafos 57 y 56 de la encíclica Caritas in veritate (CiV). Aquí Benedicto XVI trata acerca de la global governance (globalizations moderamen), remitiendo a los principios de solidaridad, subsidiariedad y poliarquía, para contribuir a la edificación de un orden global, cuyas instituciones sean de tipo subsidiario y poliárquico, evitando así darle vida a un «peligroso poder universal de tipo monocrático» (CiV, 57). Cfr. Sabino Casse, Chi governa il mondo?, Il Mulino, Bologna, 2013.

«A veces somos duros de corazón y de mente, nos olvidamos, nos entretenemos, nos extasiamos con las inmensas posibilidades de consumo y de distracción que ofrece esta sociedad. Así se produce una especie de alienación que nos afecta a todos, ya que «está alienada una sociedad que, en sus formas de organización social, de producción y de consumo, hace más difícil la realización de esta donación y la formación de esa solidaridad interhumana», Papa Francisco, Evangelii Gaudium, cit., n. 196.

Éste es el núcleo central de la perspectiva económica y política designada como “economía social de mercado”. Cfr. F. Felice, La economía social de mercado, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008.

Al respecto, es necesario mencionar la obra de Walter Eucken, Franz Böhm y Hans-Grossman Dörth, padres del llamado “ordoliberalismo” que estaría en la base de la economía social de mercado. El núcleo teórico de la escuela de Friburgo está expresado en la colección de escritos de Eucken, Böhm y Gossman-Dörth editada en 1936: “Ordnung der Wirtscahft”. En la premisa, titulada “Nuestra tarea”, los autores sacaron a la luz el hecho de que “la constitución económica [debería ser] entendida como una decisión global acerca del orden de la vida económica nacional” y por lo tanto que “el orden jurídico [debería ser] concebido y formado como una constitución económica”. Cfr. Francesco Forte – Flavio Felice (ed.). Il liberalismo delle regole. Genesi ed eredità dell’economia sociale di mercato, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010.

«Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad. Trabajar por el bien común es cuidar, por un lado, y utilizar, por otro, ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política y culturalmente la vida social, que se configura así como pólis, como ciudad. Se ama al prójimo tanto más eficazmente, cuanto más se trabaja por un bien común que responda también a sus necesidades reales. Todo cristiano está llamado a esta caridad, según su vocación y sus posibilidades de incidir en la pólis. Ésta es la vía institucional —también política, podríamos decir— de la caridad, no menos cualificada e incisiva de lo que pueda ser la caridad que encuentra directamente al prójimo fuera de las mediaciones institucionales de la pólis»; Papa Benedicto XVI, Caritas in veritate, cit., n. 7.

Cfr. Daron Acemoglu – James A. Robinson, Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, Deusto, Barcelona, 2012.

«La esencia de la ley férrea de la oligarquía, esta particular faceta del círculo vicioso, es que cuando nuevos líderes deponen a los viejos con la promesa de un cambio radical, no cambia ni siquiera una coma»; ibid, p. 377. Los dos autores hacen una explícita referencia a la teoría de Roberto Michels, según la cual la organización tiende a la oligarquía, al grado de que la formación de oligarquías al interior de las múltiples formas de democracia es un “fenómeno orgánico”. Se trata de una tendencia con la cual tendrá que hacer cuentas cada organización, incluso aquella libertaria. Cfr. Roberto Michels, Los Partidos Políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna, Amorrortu, Buenos Aires, 1983.

«Más adelante, contrastaremos cómo la concepción jurídica postivista que atribuye la ley a la voluntad de un legislador deriva de la falacia intencionalista consustancial a los planteamientos constructivistas. Supone tal aserto una recaída en aquellas teorías de las institucuones humanas que, al considerarlas siempre fruto del designio, contradicen cuanto sabemos acerca de la evolución del derecho y de la mayor parte de las restantes instituciones humanas»; Friedrick August von Hayek, Derecho, legislación y libertad, Unión Editorial, vol. I, Madrid, p. 120.

Para Sturzo, la sociedad es una “proyección múltiple, simultánea y continua de los individuos: «Esencialmente el único verdadero agente de la sociedad es el hombre individuo, en cuanto que asociado con otros hombres por objetivos determinados»; Luigi Sturzo, Del método sociológico, Zanichelli, Bologna, 1970, p. 12 [traducción nuestra]. Además, Sturzo expresa con fuerza un elemento crítico respecto a las tres formas de “colectivismo social” – y por consiguiente del holismo epistemológico –, se trata de una crítica cerrada al marxismo, al positivismo y al idealismo. Escribe a propósito Sturzo: «la base del hecho social debe buscarse solamente en el individuo humano considerado en su concreción y complejidad y en su originario ser irresoluto […] en concreto se dan solo individuos en sociedad»; L. Sturzo, La società, sua ntaura e leggi, Zanichelli, Bologna, 1960, p. 5 [traducción nuestra].

«Las instituciones económicas inclusivas […] posibilitan y fomentan la participación de la gran mayoría de las personas en actividades económicas que aprovechan mejor su talento y sus habilidades y permiten que cada individuo pueda elegir lo que desea. Para ser inclusivas, las instituciones económicas deben ofrecer seguridad de la propiedad privada, un sistema jurídico imparcial y servicios públicos que proporcionen igualdad de condiciones en los que las personas puedan realizar intercambios y firmar contratos; además de permitir la entrada de nuevas empresas y dejar que cada persona elija la profesión a la que se quiere dedicar. […]Denominamos instituciones económicas extractivas a las que tienen propiedades opuestas a las instituciones inclusivas. Son extractivas porque tienen como objetivo extraer rentas y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto »; D. Acemoglu – J. A. Robinson, op. cit., pp 55.

“La integración extraeconómica, espiritual, moral y social es siempre la condición previa de la integración económica, tanto nacional como internacional. Para acentuar aún más este aspecto en lo relativo al campo de la integración económica internacional, añadamos que el fundamento auténtico y definitivo del comercio internacional –y del que menos hablan nuestros manuales de economía– es aquel código no escrito de toda conducta moral normal que se sintetiza en una sola frase: «Pacta sunt servanda.» Ni el mercado, ni la competencia, ni el juego de la oferta y la demanda pueden generar estas reservas morales. Los presuponen y las utilizan. Hay que importarlas de otras esferas situadas más allá del mercado, y no existe ningún tratado de economía política que pueda sustituirlas”.W. Röpke, Mas allá de la oferta y la demanda, Unión Editorial, Madrid, 1996, 155-156.

Cfr. Daron Acemoglu – James A. Robinson, Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, Deusto, Barcelona, 2012, 35 – 51.
Ivi, p. 54.

Ivi, pp. 55 - 56

Ivi, 56.

Cfr. ivi, 58 - 59

Cfr. ivi, 59.

«El método democrático es el instrumento institucional para llegar a decisiones políticas, en base al cual los individuos obtienen el poder de decidir a través de una competencia que tiene como objeto el voto popular […] hemos limitado el tipo del competencia por el mando (leadership), que debe definir a la democracia, a la libre competencia por un voto libre»; Joseph A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democrazia [1942], Etas Libri, Milano, 1994, pp. 257-259 (traducción nuestra).

D. Acemoglu – J. A. Robinson, op. cit., 60

Papa Francisco, A los participantes en el encuentro mundial de los movimientos populares, 28 de octubre del 2014.