EE.UU.: por qué las reglas del secreto le son aplicables a todos

Desde los tiempos de Hammurabi, los líderes han sabido apreciar con frecuencia que sus súbditos podrían mostrarse más aquiescentes ante la posibilidad de ser gobernados si, al menos, percibieran que se los trata con justicia. Esa comprensión ha conducido al desarrollo de códigos y legislaciones que bordearon los lineamientos de las Doce Tablas durante el Imperio Romano, inscriptas en bronce y luego prominentemente colocadas en el Foro, de tal suerte que todo mundo supiera cuáles eran tales reglas. Las estatuas de la justicia, erigidas en las repúblicas italianas de la Edad Media, solían mostrarse con vendas en los ojos, con una balanza en una mano y una espada en la otra, expresando que la culpabilidad sería evaluada con equidad y el castigo -si ameritaba- sería dirigido de manera inexorable. Para las democracias modernas, el Estado de Derecho supo traducirse con la expresión 'Justicia equitativa, a la luz de la ley'.

Desde luego, todo mundo sabe que no existe la justicia equitativa en los Estados Unidos. Ciertas infracciones rara vez llegan a proceso, mientras que otros delitos son reprimidos con rigor. Los abogados más costosos logran reducir el riesgo de severas consecuencias para los ricos, aún cuando sean sorprendidos en el acto. Los empleados del Estado rara vez son castigados, aún cuando sus delitos le cuesten millones de dólares a los contribuyentes, porque nadie desea mirar demasiado de cerca a la corrupción gubernamental.

Sin embargo, subsiste la impresión de que la ley existe para servir a todos por igual, razón por la cual los comentarios recientes del presidente estadounidense Barack Obama respecto del problema de los correos electrónicos de Hillary Clinton -que incluyó 22 emails clasificados como 'Alto Secreto' [Top Secret]- son inverosímiles. Obama compartió dos comentarios en relación al server de emails privado de Hillary mientras ella se desempeñaba como Secretaria de Estado. Su prirmer comentario fue que él no haría nada para impedir la investigación y la posible presentación de cargos contra H. Clinton, si los hechos dieran lugar para una acción de ese tipo, declarando: 'Esta es la manera institucional con la que siempre hemos funcionado: yo no converso con el fiscal general en relación a investigaciones pendientes. No converso con los directores del FBI sobre investigaciones pendientes. Tenemos un límite estricto'. Luego, prosiguió, diciendo que 'Existe un descuido en términos de cómo se administran los correos electrónicos que ella controlaba, y ella así lo reconoce. Sigo creyendo que ella no ha comprometido la seguridad nacional de los Estados Unidos de América'.

Cualquiera que alguna vez haya tenido en sus manos material clasificado que presumiblemente involucrara al presidente del país, sabe que existe un número de cosas que no pueden hacerse. Usted no se lleva esos documentos a su hogar, no los copia para compartirlos con nadie que no cuente con el nivel de seguridad o un status 'Need to Know' [N. del T.: calificación empleada para definir quién debe ser informado sobre una cuestión, y quién no], y tampoco lo transfiere a otra cuenta de email que no se encuentre protegida por un server gubernamental. Si Usted cuenta con un ordenador oficial protegido, ello significa que aquello que está en ese ordenador, no saldrá de allí. Esto no es tema de debate, ni sujeto a interpretaciones. Se trata del modo cómo uno resguarda información clasificada, aún si uno entiende que el material no debiera exhibir rango de clasificado. La clasificación o no de material no es una decisión que necesariamente Usted pueda tomar.

Desde luego, Obama miente cuando dice que permitirá que la investigación siga su curso sin obstáculos. El fiscal general y el director del FBI trabajan para él, y él mismo se muestra entusiasmado ante lo que está sucediendo. Obama nada tiene que decir, a los efectos de que Loretta Lynch comprenda que ralentizar o aniquilar el proceso está en el interés de la Administración. Conforme Obama tiene una tarea de importancia en los últimos días de su presidencia, esto es, lograr que el Partido Demócrata logre aferrarse a la Casa Blanca, el hecho de torpedear a Hillary Clinton a través de un proceso judicial relativa al manejo inapropiado de información clasificada sería algo impensable para él y para las personas a su alrededor. No tiene necesidad de enviar un memo presidencial, ni tener una conversación en formato off the record para asegurarse de que sus asociados sepan apreciar este punto.

Y, segundo, cuando Obama afirma que no existió un problema de seguridad, su evaluación resulta irrelevante, en parte porque desconoce si eso es cierto o no. El gobierno no estaba controlando el server privado de Chappaqua, y se informa que los numerosos mensajes presentes allí y en Washington han sido eliminados. Por otro lado, la acusación contra Hillary Clinton es que ella manejó inapropiadamente información clasificada, pero no se la entregó a una potencia extranjera. Clinton es, claramente, culpable, dado que los mensajes fueron copiados y pegados, sin las advertencias de clasificación. La pregunta no debería conducir al hecho de si es culpable -que lo es-, sino a qué forma de reprimenda es la adecuada. Pero Obama ha enviado un claro mensaje, al respecto de que ha considerado el asunto, y de que no habrá castigo. 

Luego, está el caso -bastante similar- del General David Petraeus. En oportunidad de ejercer el rol de director de la CIA, Petraeus compartió información clasificada con su amante Paula Broadwell, quien era su biógrafa oficial. El uniformado eventualmente replicó, negociando culpabilidad al extender a Broadwell ocho notebooks que almacenaba sin la menor seguridad en su domicilio, incluyendo información clasificada registrada cuando servía como comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán. Las notebooks contenían algunos de los más sensibles tipos de secretos militares y de inteligencia, incluyendo nombres de oficiales con cobertura, recursos de inteligencia, párrafos que describían encuentros de alto nivel en el Consejo de Seguridad Nacional, e incluso algunos comentarios relativos a discusiones entre Petraeus y el presidente. Se ha dicho que Broadwell contaba con nivel de acceso de seguridad, y que escribía una biografía oficial, pero ella no tenía por qué conocer la información altamente sensible contenida en las notebooks, y nunca debió tener acceso a ellas.

Petraeus fue puesto en probation por dos años, y multado con US$ 100 mil, que fácilmente estaba en condiciones de abonar. Las proposiciones para quitarle rango y reducir su pensión fueron rechazadas. Algunos argumentaron que él se encontraba protegido por su estatus, y que su sanción, de haber sido una persona recientemente reclutada o de haber sido un oficial junior, hubiese casi seguramente sido más amplia. Pero es precisamente debido a su rango y status que el castigo fue más severo de lo que pareció. Petraeus fue de ser un oficial militar altamente respetado y director de la CIA a un hombre caído en desgracia que, más aún, vio su problema extramarital expuesto públicamente a todo el país. Con algo de razón, algunos comentaron que incluso debió pasar algún tiempo en la cárcel, pero no sería poco sensato apuntar que la sanción le hizo mella en el área en que se mostró más vulnerable: su reputación. En rigor, la penalidad pudo ser evaluada como, al menos, proporcional respecto del delito.

Y, cuando llegamos al asunto de Jeffrey Sterling, que actualmente está cumpliendo una pena de prisión de tres años y medio por, según se informa, filtrar información al periodista James Risen, del New York Times. Sterling capturó la atención de los medios cuando, en 2003, filtró información de la CIA bautizada como Operación Merlín, y declaró al Comité de Inteligencia del Senado que, por error, había enviado secretos nucleares a Irán. Así que, con toda probabilidad, fue inevitable que, en 2006, cuando James Risen publicó un libro en el que discutió, inter alia, la fallida Operación Merlín, el Departamento de Justicia pusiera el foco en Sterling como la fuente sospechada. Ya en los tribunales, los fiscales federales se respaldaron casi en su totalidad en el teléfono de Risen y sus logs de correo electrónico que, según se informa, demostraron que los dos hombres habían estado en contacto hasta al menos 2005. Pero los fiscales no proporcionaron el contenido de aquellas comunicaciones, aún cuando el FBI estaba oyendo algunas de ellas. Risen ha afirmado que contaba con múltiples fuentes relativas a Operación Merlín, y Sterling siempre negó haber estado involucrado. Jamás se produjo evidencia concluyente en la corte, que demostrara que compartieron información clasificada entre ellos.

Jeffrey Sterling ni siquiera pudo testificar en el proceso, porque hubiera tenido que discutir la Operación Merlín, que era -y sigue siendo- clasificada, lo cual implica que no podía revelar detalle alguno sobre ella, ni aún cuando hubiese sido publicada en el libro de Risen. En efecto, porciones de la información del libro de Risen, relacionada con Merlín, no podía haber llegado a manos de Sterling, conforme él ya no estaba vinculado con la operación sino hasta después de mediados de 2000, detalle que tampoco pudo presentarse como prueba (dado que también era clasificado). El jurado sentenció a Sterling basándose en 'sospecha', un veredicto que el testigo de la defensa, el Coronel Pat Lang -ex jefe del programa de operaciones clandestinas de la Agencia de Inteligencia de Defensa- describió como 'travestismo'.

Tras ser sentenciado, Sterling fue enviado a prisión en el Estado americano de Colorado -alejado 900 millas de su familia en Saint Louis. De acuerdo a su esposa Holly, los costos legales han aniquilado las finanzas de la pareja, invitando a algunos a creer que el gobierno deliberadamente obró para hacer de Sterling en un ejemplo. John Kiriakou, otro informante de la CIA que también fue a parar a prisión, observó: 'El objetivo no solo era poner a Jeffrey en la cárcel; la meta era arruinarlo -de por vida. Se trataba de demonizarlo, y de asustar a cualquier otro individuo que se atreviera a hacer de informante'.

Y así está la cuestión de la equidad en la justicia. Los enajenadores de información clasificada -políticamente conectados- se salen con la suya; los que les siguen en la escala de importancia política son multados, pero no penalizados; y los individuos con menor protección institucional, van a parar a prisión. La verdadera ironía es que solo los dos primeros manipularon equivocadamente información clasificada (y se ha probado), para su propia conveniencia y beneficio. Nunca se probó lo propio en el caso de Sterling.


Artículo original en inglés, en http://www.theamericanconservative.com/articles/why-secrecy-rules-apply-to-everyone/