En la Argentina, delinquir es gratis

En cualquier otro país -llámese Chile, Uruguay, Brasil, Taiwán o los Estados Unidos-, todo aquel que comete un delito, termina en prisión. Por supuesto, esto no llama la atención de nadie. Es la regla. En nuestro país, no sucede así. La regla es que no vaya preso quien delinque -en todo caso, tal escenario sería una excepción. A tal efecto, no sorprende que, en nuestro sistema judicial, nadie vaya preso.

 

Resulta difícil determinar cuándo dio inicio esta cultura. Seguramente, Raúl Zaffaroni haya sido un abanderado en este tránsito. Sin embargo, su máxima expresión la encontramos con lo que se ha dado en llamar 'justicia militante'. Fiscales como Javier De Luca -integrante de dicha agrupación, Justicia Legítima-, por ejemplo, ha sido explícito al afirmar que el Código Penal debe servir, antes que nada, no para castigar a quien infringe la ley, sino para proteger al ciudadano del poder punitivo del Estado. O basa citar al fiscal Alejandro Alagia, también simpatizante del mencionado sector, quien destacó que lo positivo del otrora proyecto de reforma del Código Penal que impulsara Zaffaroni es que se trataba de 'una declaración de desconfianza, pero hacia las penas'.

 

Para estos fiscales, el delito es un 'conflicto social', es decir, en alguna medida, hasta lo legitiman o lo exculpan. La definición más rotunda al respecto es que, para ellos, 'el castigo es una solución irracional'. Lo que vemos sucede, o mejor dicho no sucede, con quienes cometen un delito, va en línea con la ideología que impera hoy en Tribunales. Lo que no se alcanza a colegir es si esta línea de pensamiento que manda en el ámbito judicial va de la mano con lo que piensa y siente la ciudadanía en general. Cada vez son más las voces que se alzan para reprochar que muchos homicidios o robos que se sufren a diario son cometidos por delincuentes que deberían estar detenidos y, sin embargo, se encuentran en libertad.

 

Desde ya que esta liviandad con que se exculpa a quien delinque encuentra su límite, una vez más, en cuestiones de ideología. No está políticamente bien visto tratar con la misma vara a los ahora ancianos que están involucrados en causas relacionadas con el Proceso de Reorganización Nacional. Para ellos, se ve que el castigo es una solución racional. Tan así resulta, que tampoco son susceptibles del beneficio por razones humanitarias de la prisión domiciliaria por cuestiones de edad avanzada. Lo paradójico es que a la mayoría de estos ancianos se los juzga en causas que tienen que ver con derechos humanos. Está tan desnaturalizado el proceso penal en nuestro país que ni los propios actores del sistema, es decir, abogados, jueces y fiscales, coincidimos o tenemos pautas claras sobre cómo interpretar cuándo una persona debe ir presa y cuándo no.

 

Con tan sólo ver lo que sucede en causas tan notorias como las que está llevando adelante el juez Sebastián Casanello, se advertirá en toda su dimensión lo que vengo describiendo. Así, pues, no resulta fácil explicar por qué algunos imputados en dichas causas se encuentran detenidos con prisión preventiva y otros en libertad; y otros ni siquiera son llamados a declarar. Tal el caso de los Báez, padre e hijo: uno, detenido, el otro, en libertad. A esta altura, cuesta creer que la razón del diferente tratamiento radique en el temor a que uno se profugue y el otro no. Al respecto, si tomamos el caso del abogado Víctor Stinfale, detenido al momento de ir a ponerse a disposición del juez, no se entiende el criterio utilizado entonces para decidir su detención. El argumento de la eventual fuga pareciera no ser suficiente.

 

En síntesis, daría la sensación de que hoy todo queda librado a la total discrecionalidad de los jueces. Las reglas, o ya no se entienden, o en todo caso ya no se conocen. Causas que se encuentran bajo 'secreto de sumario' son comentadas públicamente con lujo de detalle por radio o televisión. Dicho de otra forma, parecería que el secreto de sumario queda limitado a alguna de las partes, mas no así al público en general -escenario declaradamente absurdo.

 

Tampoco encuentra explicación que causas denunciadas hace muchos años no hayan merecido actividad por parte de los mismos jueces que ahora pretenden mostrarse preocupados por su gravedad y entidad. Resulta una obviedad que su falta manifiesta de actividad derivó, una vez más, en un gran beneficio para los imputados. Lo cierto es que, como están dadas las condiciones, hoy, en nuestro país, es difícil que quien incurre en un delito vaya preso. Claro está, dicha postura sólo alienta a más delito. Se llega al absurdo de especular abiertamente con cargos en función de obtener fueros para eludir responsabilidad en el futuro por delitos cometidos en el pasado, cual si fueran prerrogativas personales, haciendo caso omiso de lo que indica al respecto nuestra Carta Magna en sus Artículos 16 y 68.

 

Nuestro país ha suscrito distintos acuerdos internacionales en los que se comprometió a disuadir el delito. Sólo como ejemplo, tómese el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS, por sus siglas en inglés) o el Protocolo Mercosur 8/95. Evitar sanciones o permitir que un delincuente transite todo el proceso penal en libertad, en un país donde los procesos son eternos, o se 'cajonean', o se dilatan hasta el infinito, o sencillamente se los deja prescribir, lejos de disuadir en la comisión del delito, lo alienta. Y eso es lo que sucede en el país. Por eso vemos que, verbigracia, las defraudaciones al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) se repiten sistemáticamente, o que las denuncias por violencia de género terminan inexorablemente en femicidios. O que delincuentes que deberían estar presos y vaya uno a saber por qué se encuentran en libertad o con salidas transitorias no tienen ningún reparo a la hora de volver a reincidir. O que personas que han hecho grandes desfalcos a las arcas públicas gozan de su libertad como si nada hubiera pasado, y otras incluso ocupan cargos públicos de suma entidad.

 

Sencillamente, todo remite al título de la presente nota: en nuestro país, delinquir es gratis.


* Fotografía: juez Sebastián Casanello