Caso Hooft, segunda parte: la crudeza del relato kirchnerista

La permanencia de Alejandra Gils Carbó al frente del Ministerio Público Fiscal no es un detalle menor. La verdadera resistencia kirchnerista halla anclaje real en la Procuración. Lejos de los discursos épicos y altisonantes, todo confluye hacia el terreno judicial -bien terrenal y concreto. Un complejo entramado de subrogancias y puestos claves en la Justicia hacen de esta estructura un nudo gordiano casi inédito en la Argentina. Y que el gobierno de Mauricio Macri no se atreve a desarmar.

 

Detrás del caso del Juez Pedro Hooft en la ciudad de Mar del Plata, subyace una buena muestra de este monstruo de mil tentáculos. La causa referida, lejos de terminar, persiste en una absurda vía penal. Hurgando en algunas conductas, nombres propios y pormenores de la actualidad del caso, permite desnudar en toda su crudeza la compleja relación de fuerzas en la Justicia Federal, donde el kirchnerismo sigue exhibiendo una sólida influencia. 

 

Formalmente, la causa contra el Juez Pedro Hooft se inicia con sendas denuncias de las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia en el año 2006, inculpando al Magistrado de haber “cajoneado” un número de habeas corpus y de omitir una ayuda en favor de una detenida ilegal en el año 1977. En 2013, el magistrado fue suspendido provisoriamente de sus funciones, privándolo del 40% de su sueldo. Y finalmente, un año después, el jury de Enjuiciamiento lo absolvió de todos los cargos en su contra con un contundente 8 a 2. Los párrafos de algunos integrantes del jury, cinco de ellos representantes de distintos Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, demolieron todas y cada una de las acusaciones contra el Magistrado Provincial. Pese a ello, el calvario de la familia Hooft continúa.

 

El lunes 11 de marzo del año 2013, seis días después de la suspensión del Juez, a las 19:45 hs, su hijo y abogado, Dr. Federico Hooft, se acercó a la casa del Fiscal Federal Subrogante Claudio Kishimoto, que procuraba la causa. Ambos se conocían de 20 años atrás, cuando trabajaron juntos en el Juzgado Federal Nro 1 de Mar del Plata. A pesar de ello, nunca se reconocieron amigos. Sin embargo, esto no impedía que pudieran mantener diálogos ocasionales y profundos, como el que tuvieron en 2011 donde el Fiscal reconoció el armado de la causa contra el Juez. Dos años después, el hijo y co-defensor del Dr. Hooft fue en busca de la misma confesión. Y la encontró.

 

Con la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los Juicios por la Verdad, que venían realizándose desde finales de la década del noventa, tomaron otro cáriz. De la simple búsqueda de la verdad, pasaron a ser procesos jurídicos formales. Sobre este andamiaje se subieron personas honestas y probas. Pero también lo hicieron oportunistas y mercaderes. 

 

El Dr. Daniel Adler se desempeña como Fiscal General Federal ante la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata desde el año 2006, cuando fuera promovido por el desaparecido ex presidente Néstor Kirchner dos meses después de presentadas las denuncias contra el Dr. Hooft. Su nombre cobró estado público por haber sido designado titular del fallido Jury contra el Fiscal José María Campagnoli. Cabecilla de Justicia Legítima en la ciudad balnearia, se excusó de actuar en la causa contra Hooft, aduciendo razones personales que le impedían ejercer con objetividad su función. En su excusación, argumenta que ha suplantado al Juez en su juzgado en algunas oportunidades, que se deben recíproca estima, que siempre lo ha tenido como un ser humano preocupado por los más débiles, plural en sus pensamientos, y activo en la situación de las personas privadas de libertad. Con todo, continuó ejerciendo en las sombras, y no precisamente a favor de su estimado ex colega. Así lo cuenta Kishimoto en su confesión: “Me pusieron el pedido de indagatoria en el escritorio y me dijeron “Firmalo así”. Adler me puso una pistola en la cabeza. Si no pedía el procesamiento, me iban a cortar la cabeza”. Y cuando el Fiscal Subrogante fue a pedir explicaciones a la Procuración, se encontró con una respuesta tajante: “Adler es funcional, y a nosotros nos sirve”. 

 

En los pasillos judiciales marplatenses afirman que el kirchnerismo miraba a Adler con desconfianza. No lo catalogaban como un hombre del proyecto, y lo definían como un abogado de derecha. Quizá por ello, en una clásica jugada kirchnerista, enviaron desde la Procuración, por entonces a cargo del Dr. Esteban Righi, a la Dra. Eugenia Montero como virtual “segunda” de Adler. Su cargo formal es el de Coordinadora de las causas de Derechos Humanos. A tal efecto, se crea la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los DDHH (desde 2013 llamada Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad), a cargo del Fiscal General ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia, Dr. Jorge Auat. Pero al parecer, llegaron a las manos de Adler una serie de informes negativos contra su persona que Montero había preparado para ser elevados a la Procuración. El Fiscal habría utilizado dichos informes para “negociar” su permanencia en el cargo.  A este hecho hace una referencia Kishimoto en su diálogo con Federico Hooft, cuando dice: “la Unidad que acá se creó para separar la presión que tenía Adler en las causas de derechos humanos, porque era evidente que el tipo interfería porque no sabía que teléfono atendía, si el de Demarchi o del otro, y entonces fue por eso y dice: “No, pará, lo corremos. Que venga Montero”; Viene directamente de la Procuración. Fue así el tema, fue así. Yo estoy adentro. Yo sé cómo vino todo. Y después el otro se aprovechó por una pelotudez de Montero para meterle presión a la Unidad. Porque bueno, ahí hay todo un montón de cosas que contar. Cómo Adler después fue presionando a la Unidad porque se dio cuenta que lo estaban investigando a él desde la Unidad”.

 

La defensa del Dr. Hooft no duda en afirmar que el autor intelectual de las denuncias contra el Juez es el Dr. César Sivo. Según se cree, Sivo, como representante de la agrupación H.I.J.O.S. y en su carácter de abogado ante la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, logró que tales Organismos no impugnen la nominación de Adler como Fiscal. Además, fue defensor del Dr. Marcelo García Berro, ex Fiscal ante el Tribunal Oral Federal, quien fuera procesado por el Juez Hooft en la causa popularmente conocida como “El loco de la ruta”, donde se investigó la muerte de varias prostitutas y la desaparición de tres de ellas, ocurridas entre fines de los años noventa y comienzos de 2000. El Procurador de entonces, Dr. Nicolás Becerra, apartó a García Berro de sus funciones en el año 2002. Por último, la defensa cuenta que en causas que tramitaban en el Juzgado de Hooft, se comprobaron diversas y graves irregularidades cometidas por el propio Sivo, que le costó el cargo de Secretario Penal de un Juzgado, viendo interrumpida su anhelada carrera judicial. Si bien la presencia física de Sivo en la causa no está expresamente acreditada, llama la atención que haya sido autorizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia a realizar diligencias propias de la causa, y que en varias ocasiones la misma Secretaría haya fijado domicilio procesal en su estudio jurídico.

 

Lo que nadie se logra explicar es cómo llegó este abogado a ser Representante Legal de la Asamblea de DD.HH. y de H.I.J.O.S., habiendo estado envuelto no sólo en las irregularidades antes mencionadas, que involucró la sustracción de automóviles, sino también en causas vinculadas al narcotráfico. Tal vez la explicación a aquella cuestión esté más cerca de lo que parece. Si bien ha bajado mucho el perfil en los últimos meses, suele apersonarse en oportunidad de las audiencias del Caso CNU, sentado junto a Adler y Montero.

 

El Juez actual de la causa es el Dr. Martín Bava. Es el sexto Magistrado que interviene en el proceso. Bava es un gran ejemplo que desmiente que en la Argentina de hoy haya despidos masivos. Más bien lo contrario, hay mucha oferta y poca demanda. Además de ser Titular del Juzgado Civil y Comercial Nro. 2 de Azul, subroga a su vez el Juzgado Nro. 1 de la misma ciudad, y está designado como subrogante en el Juzgado Federal 3 a cargo de la causa Hooft. No conforme con ello, interviene también en varias causas como subrogante en la Cámara Federal de Mar del Plata y los Tribunales Orales Federales de la misma ciudad y de Bahía Blanca. Pero en una clara demostración de que las distancias en la era de la globalización son pura fantasía, hay quienes afirman que Bava vive en el Gran Buenos Aires. 

 

Al día de hoy, se encuentran pendientes de resolución cinco recusaciones contra el Juez. La defensa denuncia persecución y encarnizamiento personal contra Hooft, basándose en que Bava lo llamó seis veces a indagatoria, sabiendo que goza de inmunidad jurisdiccional, es decir, fueros. Previo a la realización del Jury, la Cámara le dice expresamente a Bava que espere a la resolución del mismo para citarlo. Y pese a que el Jury lo absolvió por amplia mayoría, el Juez lo volvió a citar a indagatoria. Como el Dr. Hooft nunca se presentó, Bava lo declaró rebelde, paso previo a pedir la detención de una persona. La declaración de rebeldía en este caso es un engendro jurídico ya que Hooft fue repuesto en su función de Juez, y no puede ser detenido. Además, es localizable. Ante esto, la defensa apela en segunda instancia para que se levante la rebeldía, a lo que la Cámara le ordena a Bava que lo haga. Pese a ello, el Juez si bien concede el efecto suspensivo de la medida, no lo hace para con las fuerzas de seguridad, por lo que en seis ocasiones en que Hooft se dirigió de vacaciones a la ciudad brasilera de Foz de Iguazú, fue privado de su libertad al intentar cruzar la frontera, aunque más no sea por unos minutos. 

 

Y hay más de parte de Martín Bava, el hombre que en un concurso para Juez de Dolores en el año 2008 apenas obtuvo 23 puntos sobre 100 posibles siendo el puntaje más bajo registrado: amparándose en nada, deniega constantemente medidas de prueba solicitadas por la defensa, además de no notificarle cualquier novedad o movimiento que se produzca en el expediente. En los próximos días, la Cámara Federal de Mar del Plata debe resolver, básicamente, la cuestión de la rebeldía. 

 

Expertos juristas afirman que el Dr. Bava sabe que la causa no tiene futuro, ya que el pronunciamiento del Jury fue muy contundente, e insistir en los mismos cargos expone lo que alega la defensa, un encarnizamiento personal contra el Juez Hooft. A sabiendas de esto, se corre el rumor de que Bava estaría preparando una mega causa, llamando a declarar a cuatro ex funcionarios judiciales que ejercían funciones en 1977, por la tramitación de los mismos habeas corpus por lo que está investigado Hooft. Una fuga hacia adelante típica del kirchnerismo.  

 

Posterior a las confesiones de Kishimoto, el Dr. Federico Hooft presentó una denuncia penal contra el Fiscal, y contra los Dres. Daniel Adler, Jorge Auat y Eugenia Montero. La misma fue desestimada por el Juez subrogante Luciano Bianchi. Ante esto, y ante la confirmación de la Cámara, se presentó un Recurso de Casación, y en las próximas semanas debería haber una resolución por parte de la Cámara de Casación Penal. El argumento formal por el cual se rechazó la denuncia es que la grabación aportada por Hooft fue declarada ilícita. Pese a esto, no se llamó a declarar al Fiscal ante el Tribunal Oral de Mar del Plata, Dr. Juan Manuel Pettigiani, quien ante Escribano Público, confirmó que Kishimoto le había dicho lo mismo a él que a Federico Hooft. En los últimos tiempos, quizá haya habido nueva jurisprudencia al respecto: la grabación del caso Skanska y la filmación en “La Rosadita” del caso Lázaro Báez fueron tomadas por válidas. El Fiscal ante Casación es Javier De Luca, el mismo que desestimó la denuncia de Alberto Nisman contra la ex Presidente Cristina Fernández. Si bien confirmó el archivo de la denuncia, declaró válida la prueba presentada, lo que otorga a la defensa de Hooft algo de esperanza para la resolución de la Cámara Penal. Pero a su vez, tampoco llamó a declarar al Dr. Pettigiani.  Se explica: De Luca es miembro prominente de Justicia Legítima. Todo queda en familia.

 

Quien intervino en primera instancia en la denuncia original fue la Fiscal Laura Mazzaferri, quien depende jerárquicamente de los denunciados Daniel Adler y Jorge Auat. A su vez, también es integrante de Justicia Legítima, cuyo Presidente en Mar del Plata es el mismo Adler. Y en la actualidad, es la Fiscal que procura la causa Hooft. Luciano Bianchi, quien desestimó en primera instancia la denuncia de Hooft contra parte de la Justicia Federal marplatense a instancias de Mazzaferri, es Secretario de Juzgado contratado, es decir sin estabilidad en el cargo, con funciones en la Cámara Federal de Mar del Plata. En Marzo de 2014 fue designado Juez subrogante al sólo efecto de instruir la denuncia efectuada por Hooft, sin dejar de desempeñar sus funciones en la Secretaría de la Cámara. Lo curioso del caso es que por resolución del Consejo de Magistratura, se designó como Juez subrogante ante la misma Cámara donde reviste Bianchi como Secretario en una importante cantidad de causas penales el Dr. Martín Bava. Es decir, que Bianchi debía decidir sobre acusaciones contra sus superiores en un cargo sin estabilidad. Poco tiempo después de declarar ilegal la grabación de Kishimoto, la entonces Presidenta Cristina Fernández firmó el decreto 323/15 designando a Luciano Bianchi como Conjuez de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. Se hizo justicia.

 

El 18 de junio de 2015 se constituyó formalmente en Mar del Plata la filial local de Justicia Legítima, donde se eligió como Presidente de la misma a Daniel Adler, y se le otorgaron importantes cargos a los miembros del Tribunal Oral local Dres. Roberto Falcone y Mario Portela. Falcone supo defender a policías torturadores en causas que instruía el Juez Pedro Hooft. Y suele recordarse una frase suya: “Esa nefasta muletilla de los derechos humanos, que tanto daño le están haciendo a la institución policial, al poder judicial y a nuestro país”. Claro, eran otros tiempos: corría el año 1979. El mismo Kishimoto también se refiere a eso en sus famosas confesiones: “Acá los organismos de Derechos Humanos los tienen a Falcone y a Portela como los conversos…”.

 

Pese a que la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley que permitía las subrogancias masivas de las que hacía gala el kirchnerismo, no se aplica esta medida al Ministerio Público Fiscal, por lo que la designación de Fiscales continúa siendo tan arbitraria como siempre. De hecho, el Dr. Kishimoto acaba de ser designado Fiscal General en la ciudad de Santa Fé. A propósito de Kishimoto, dos meses después de que sus confesiones hayan tomado estado público, le otorgó una entrevista al diario kirchnerista Página 12, donde se defendió diciendo que Federico Hooft lo encaró como un energúmeno y que por eso le dijo lo que le dijo para sacárselo de encima. Pero la grabación lo desmiente, ya que se puede escuchar perfectamente que se saludan en forma cálida y amistosa. De la misma manera también se despiden.

 

La batalla política actual se libra, en parte, en el campo de la justicia. Como dijo un importante funcionario judicial marplatense: “El 70% de la Justicia Federal local esta cooptado por Justicia Legítima”. El kirchnerismo supo armar una compleja estructura, con las subrogancias en el corazón de ese armado. El caso Hooft expone crudamente la persistencia del relato. Ya lo diría Kishimoto: “Esto es un verso. Un gran verso”.

 

“Esto es una canallada”, fue otro aporte de valor sobre la causa. La frase pertenece al extinto Julio César Strassera.