Megacausa Operativo Independencia: juicio a la Historia

El 5 de mayo de 2016, dieron inicio en el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Tucumán las audiencias de un juicio faraónico por delitos de lesa humanidad, conocido como 'Megacausa Operativo Independencia'. Los números explican por sí solos la magnitud del proceso: 271 víctimas y 19 imputados, y, de acuerdo a los Fiscales intervinientes, se esperan al menos veinte acusados más que pueden ir sumándose, en el desarrollo. Los delitos que se investigan datan del año 1975, en plena vigencia del gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. El Tribunal lo integran los Doctores Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla, y Juan Carlos Reynaga. 

 

Sin embargo, hace pocos días, un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal de la ciudad de Catamarca le asestó un ruidoso golpe a las audiencias realizadas en Tucumán. La Sala III de la máxima instancia penal de la Nación dispuso la anulación de las condenas que sufrieran tres imputados en la llamada 'Masacre del Capilla del Rosario', donde se investigaba el deceso de 14 miembros del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), en lo que fuera el frustrado copamiento por parte de la guerrilla erpiana del Regimiento 17 de Infantería de Catamarca (agosto de 1974). El argumento principal del fallo se respalda en que los hechos ocurrieron antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976 y que, por ende, los crímenes no pueden ser calificados como de lesa humanidad, al darse en un contexto de 'violencia política en el país'. Este fallo impacta de lleno en el proceso actual, porque en éste también se investigan delitos registrados en democracia. Y por otra razón no menos importante: los magistrados que dispusieron aquellas penas, son los mismos que integran hoy el TOF de Tucumán, Casas, Jiménez Montilla y Reynaga.

 

A su vez, el Tribunal de Casación refiere que 'la existencia de un plan sistemático de aniquilamiento previo al golpe militar no existe más que en la exclusiva subjetividad de los magistrados', y que 'no existe en todo el pronunciamiento un solo elemento o dato objetivo que permita afirmar que el Gobierno constitucional del año 1974, indebidamente influido por las Fuerzas Armadas, implementara un plan contra un sector de la población'. La presentación parece discutible, pero al menos permite ampliar un debate más que necesario.

 

Por ello, y más allá de consideraciones jurídicas, la megacausa Operativo Independencia reabre la discusión acerca del abordaje que le ha dado la Historia a la violencia imperante en la Argentina desde fines de la década del sesenta, depositando en el centro de la escena, quizá sin proponérselo, el verdadero rol desempeñado por las organizaciones terroristas en la República Argentina, principalmente Montoneros y el ERP. Este proceso, en definitiva, termina siendo casi un emblema de una época del país que continúa bajo un cono de sombra. Y -por qué no- casi extiende sus alcance hacia el período actual, cuya esencia se halla bajo la lupa de la Justicia y de la sociedad -toda vez que ya se registra una fuerte discusión sobre los aspectos más oscuros de la Argentina kirchnerista. Si acaso se asistió o no a un Estado corrupto que se las ingenió para cobijarse en banderas políticamente correctas, como la inclusión social y los derechos humanos. La posible existencia de este plan permite dudar acerca de todas y cada una de las acciones oficiales de los últimos años, aún de las más nobles.

    

Génesis de los hechos

 

El 5 de febrero de 1975, la presidente Isabel Perón firmó el Decreto 261 que decía textual: 'El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las acciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en Tucumán”. Nace de ese modo el Operativo Independencia. Salvo excepciones, no se ha analizado en su justa medida la importancia medular que ha tenido dicha decisión del Gobierno peronista en la historia reciente argentina. A tal punto lo fue, que el 28 de abril del mismo año la primera mandataria visitó el Comando de Operaciones en Tucumán y brindó un fuerte discurso de apoyo a las acciones del Ejército, acentuando el término 'aniquilar' a la guerrilla actuante. Y debe mencionarse que el Decreto en cuestión contó con el decidido respaldo de todo el espectro político argentino.   

 

En mayo de 1965, durante el mandato democrático del Presidente Arturo Humberto Illia, se crea el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), producto de la fusión del Frente Revolucionario Indoamericanista Popular y Palabra Obrera. El contexto mundial era propicio: eran tiempos de la Revolución Cubana, del Che Guevara, de Vietnam. Y apenas faltaban tres años para el Mayo Francés, la revuelta obrero-estudiantil que puso en vilo al régimen de Charles De Gaulle, y se estaba a sólo cuatro años del Cordobazo en la Argentina. Pero antes de esto, se registró en el país un pequeño acontecimiento, merecedor, tal vez, de un análisis más exhaustivo por parte de los historiadores.

 

'Cada día que te agachás sobre el surco ajeno, es un día más que doblás el lomo ante el que te explota. Cada día que sigas volteando árboles, será para hacer más lujosa la casa del que te debe meses de tu mísero sueldo. Ha llegado el momento de rebelarse', rezaba la proclama en un panfleto hallado entre la maleza de un paraje de la provincia de Salta llamado Orán, a 40 km de la frontera con Bolivia. Muchas proclamas como esta fueron esparcidas en la selva salteña entre fines de 1963 y comienzos de 1964. Durante 200 días, un grupo de universitarios intentó convertir el lugar en una Sierra Maestra argentina, pero el sueño revolucionario concluyó en la cárcel. El por entonces Director de Gendarmería, General Julio Alsogaray, afirmó sin titubear que, si la población hubiese apoyado a los guerrilleros, Salta se hubiese convertido en un foco de lucha armada. Nadie podía presagiar en ese momento que lo que no se pudo hacer en tierra salteña, se iba a hacer años más tarde en una provincia vecina. 

 

En 1970, durante la realización del V Congreso del PRT, se funda el ERP, que, como su nombre lo indica, estaba destinado a ser el brazo armado del Partido liderado por Mario Roberto Santucho. En dicho Congreso se afirma: “La situación geográfica de Tucumán hace que el eje estratégico de la lucha armada pase por allí en sus formas iniciales de la guerrilla rural”. Luego de varios años de estudiar el terreno, para mediados de 1974 ya estaba creada la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. En su libro llamado “El Vietnam argentino”, el periodista Nicolás Márquez asegura que “el intento del ERP de llevar la guerra a la selva de Tucumán tuvo el propósito de dominar la provincia, expandir su imperio a las provincias del Norte, segregar una porción del territorio argentino, y desde allí bajar a Buenos Aires y hacer un golpe de estado de filiación castro-comunista”. A este respecto, Juan Arnol Kremer, alias “Luis Mattini”, uno de los líderes del ERP, no parece desmentirlo cuando afirmó: “Nosotros nunca pensamos en la democracia, sino como un paso, un instrumento para el Socialismo”. En estas afirmaciones subyace un hecho esencial: los ataques más tristemente célebres del ERP ocurrieron en democracia, bajo el Gobierno de Juan Domingo Perón y su esposa Isabel. 

 

El 6 de septiembre de 1973 se produce el ataque al Comando de Sanidad del Ejército en Capital Federal, donde muere el Teniente Coronel Raúl Juan Duarte Ardoy. El 19 de enero de 1974 el ERP intenta copar el Regimiento 10 de Caballería Blindada en la localidad bonaerense de Azul, donde es acribillado el Coronel Camilo Arturo Gay y secuestrado Jorge Roberto Ibarzábal, mantenido cautivo durante 10 meses bajo tortura para luego ser asesinado. Este ataque produjo un gran impacto a nivel nacional, al punto que días después cayó el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Oscar Bidegaín, acusado por el Presidente Perón de apoyar logísticamente a la guerrilla. El 11 de agosto se produce el salvaje copamiento de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María en la provincia de Córdoba, y un día después, fracasa el ya citado ataque al Regimiento de Infantería 17 en Catamarca. En el primero, pierde la vida el policía Marcelino Cuello y es secuestrado el Coronel Argentino del Valle Larrabure, quien corrió la misma suerte que Ibarzábal: luego de 372 días de cautiverio y torturas en una cárcel del pueblo, es finalmente asesinado. Su hijo, Arturo, aún lucha día tras día por la memoria de su padre, a quien dejó de ver para siempre a los 15 años. 

 

Lo que se cree hoy, es que todos estos ataques se hicieron con el único propósito de reforzar a la Compañía de Monte en Tucumán. La provincia donde se declaró la independencia argentina fue elegida por la guerrilla debido a varios motivos, entre los que destacaban su situación socio-económica propicia para sus fines, ya que se habían instalado numerosos ingenios azucareros y eso favorecía la aparición de casos de explotación. A eso se sumaba una gran densidad demográfica y la cercanía entre selva, cañaveral y ciudad, lo que permitía un fácil desplazamiento para el guerrillero. Tucumán era, a todas luces, el escenario principal de la contienda. El ERP, desde allí, planeaba llevar a la práctica las palabras volcadas en un Documento elaborado en Cuba en ocasión de una reunión de dirigentes de izquierda de todo el mundo llevada a cabo en 1967: “El primer objetivo de la revolución popular es la toma del poder mediante la destrucción del aparato burocrático-militar del Estado y su reemplazo por el pueblo armado. Dicho objetivo es sólo alcanzable a través de la lucha armada”. Santucho le confesó a su hermano que para llegar al poder tendrían que morir no menos de un millón de personas. En este contexto, María Estela Martínez de Perón firma el Decreto 261 que da origen al “Operativo Independencia”. 

 

La causa

 

La causa se inicia mediante una denuncia particular el 2 de agosto del año 2004, siendo remitida al Ministerio Público Fiscal para que asuma la investigación. En un primer momento, se requiere imputación para ocho personas, entre ellos, el primer Jefe del Operativo Independencia, el ya fallecido General Acdel Edgardo Vilas, y Luciano Benjamín Menéndez. Ya para mayo de 2005, el MPF presenta un listado con 311 presuntos imputados. Finalmente, se llega a 19 acusados y 271 víctimas. Por citar sólo algunos casos, a Roberto Albornoz, ex Comisario de Tucumán, se lo acusa como autor mediato de 129 casos de homicidio triplemente calificado, a Ricardo Sánchez, también ex policía, de 37 casos de homicidio, y a Luis Armando De Cándido, de 47 crímenes. 

 

La acusación fiscal posee casi 500 páginas, y existen detallados en él numerosos casos de torturas, violaciones, secuestros, además de homicidios, por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad. El sostén fundamental del dictamen acusatorio es la calificación de dichos delitos como de lesa humanidad, al tratarse, según éste, de un ataque planificado y sistemático por parte del Estado contra una población civil. 

 

Sangre versus Sangre

 

Tal vez la discusión no sea sobre el carácter aberrante de muchas acciones cometidas por el Ejército o la Policía, sino sobre la violencia ejercida por el ERP no sólo en Tucumán, sino también en el resto del país. Y lo que cabría determinar, al menos para generar un debate que permita abordar la historia con todas sus aristas, es saber qué tipo de acciones llevaban a cabo los guerrilleros en aquella época, cuáles eran sus verdaderos propósitos, y de qué medios se valían para lograr sus fines. En otras palabras, enriquecer la discusión determinando si el accionar terrorista no se trató, también, de un ataque sistemático contra una población civil. El propio Enrique Gorriarán Merlo admitió que tanto el ERP como Montoneros tuvieron apoyo del Estado cubano, por lo que podría aplicarse la figura de lesa humanidad para investigar sus crímenes. Y en recientes revelaciones, comienza a sospecharse que algunos Gobernadores de Provincia en los años 1973 y 1974 brindaron respaldo logístico a los guerrilleros, como son los casos de Oscar Bidegaín (Buenos Aires) y el recientemente fallecido Ricardo Obregón Cano (Córdoba). Como se pregunta el abogado Javier Vigo Leguizamón: “¿Cómo hacía la guerrilla para moverse por todo el país transportando armas pesadas si no era con apoyo estatal?”. 

 

El 29 de mayo de 1975, el prestigioso diario “Buenos Aires Herald”, que fue el único que se animó en plena dictadura a denunciar casos de desaparecidos, informaba desde sus páginas estadísticas escalofriantes: la guerrilla, en menos de un año, había asesinado a 240 personas, entre ellos, cuatro niños. Unos días después, el entonces Ministro del Interior de Isabel, Alberto Rocamora, comunicó que desde el regreso de la democracia, el 25 de mayo de 1973, es decir, apenas dos años atrás, se habían producido 5079 hechos terroristas. Y desde 1974 se registraban más de 400 asesinatos. De acuerdo al CELTYV (Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas), la guerrilla asesinó a 39 niños e hirió a otros 79. 

 

Detrás de estos números fríos, hay víctimas de carne y hueso. Sus familiares sienten mucha indignación e impotencia al ver que el Estado decidió olvidarlos. El periodista Ceferino Reato reveló en su libro “Operación Primicia” que el Gobierno kirchnerista indemnizó a las familias de los montoneros muertos en el demencial ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa el 5 de octubre de 1975, pero no hizo lo mismo con los deudos de los 16 soldados conscriptos asesinados por los terroristas . Lo propio ocurrió con el llamado “Combate de la Escuelita de Manchalá”, casualmente en Tucumán, cuando un numeroso grupo del ERP se propuso atacar en mayo de 1975 el corazón del Operativo Independencia, el Comando Táctico de la Brigada, ubicado en la ciudad de Famaillá. La idea era clara: matar a Acdel Vilas, Jefe del Operativo, y a todos los militares allí presentes. En el camino a su objetivo, se topó con una unidad del Ejército apostado en la Escuelita de Manchalá, lo que generó un fuerte enfrentamiento armado. Allí, un grupo de conscriptos de la Compañía de Montaña 5 oriundo de la provincia de Salta, defendió con uñas y dientes, según sus propias palabras, “al Gobierno democrático de Isabel Perón”. El periodista Juan Bautista “Tata” Yofre denunció en su último libro “1976” que estos soldaditos fueron absolutamente olvidados por el Estado, que indemnizó a los familiares de los guerrilleros muertos en el frustrado ataque al CTB.

 

Ultimo caso

 

Cuando se produjo el frustrado ataque al Regimiento 17 en Catamarca, que ocasionó la muerte de 16 guerrilleros, la cúpula del ERP acusó al Ejército de haberlos fusilado. En consecuencia, prometió responder a cada asesinato con una ejecución de oficiales del Ejército indiscriminadamente.

 

En la ciudad de Tucumán, el domingo 1 de diciembre de 1974, el Capitán Humberto Antonio Viola se dirigía a almorzar a la casa de sus padres junto con su esposa embarazada de cinco meses, Maby Picón, y sus dos hijitas, María Cristina y Fernanda, de 3 y 5 años respectivamente. A las 13:15 de ese domingo caluroso, los Viola llegaron a destino. La mujer bajó a abrir el portón de la casa y el Capitán del Ejército se quedó esperando en el auto junto a las dos nenas. Desde dos coches, “jóvenes idealistas” erpianos abrieron fuego contra el militar mediante el uso de ametralladoras y escopetas. Viola, herido, abrazó a una de las nenas y trató de salir del auto. En ese momento, otra ráfaga de ametralladora le perforó el pulmón izquierdo. Maby, enfrente, veía aterrada la escena de la masacre a su familia y sólo gritaba desesperada. Intentando escapar y salvar a sus hijas, Viola, malherido, caminaba como podía para tratar de alejarse. Pero otro disparo le atravesó la espalda y cayó. Tirado en el piso, lo remataron con un tiro en la cabeza. Luego, los asesinos huyeron. A Fernanda le caía un hilo de sangre de la frente. A María Cristina le faltaba toda la parte posterior de la cabeza, y estaba bañada en sangre. Murió a los pocos minutos. 

 

En una reciente carta enviada al diario “La Gaceta” de Tucumán, Fernanda, quien fuera sometida a ocho cirugías en siete años luego de la masacre, expresó unas sentidas palabras: “ Yo, como tantas víctimas del terrorismo, hemos sido desaparecidos de la historia….Yo sí sé lo que significa que te violen los derechos humanos. Yo sí sé lo que significa el dolor moral, físico y espiritual. Yo sí sé lo que significa haber sido ignorada. Yo sí sé lo que implica ver que a los asesinos de tu familia los elogian e indemnizan como héroes”.

 

En 2007, su madre, Maby Picón, quien jamás fue recibida por organismos de Derechos Humanos, habló en público: “¿Dónde están mis derechos humanos?, ¿Dónde están los derechos humanos de mi hija, que tenía tres años y medio?, ¿Dónde están los derechos humanos de Fernanda, sometida a ocho operaciones?, ¿Dónde están los derechos humanos de Luciana, que nació sin su padre?”.

 

Nueve años después, tal vez sea momento de responder estas preguntas.