Allí donde muere la libertad de expresión

La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América tipifica la libertad de expresión. Aún cuando puede haber instancias en las que la libertad de expresión no puede verdaderamente dejar de prohibirse, dadas sus posibles consecuencias (ejemplo: gritar 'fuego' en un teatro poblado de personas), el derecho a expresarse libremente ha sido entronizado en las costumbres y la legislación americanas. A la postre, sin embargo, la libre expresión se ha visto bajo ataque incluso en los EE.UU., por parte de grupos que afirman que determinadas palabras y expresiones pueden representar algún tipo de incitación a la violencia, o bien pueden infundir incomodidad o temor. Esta interpretación de la libre expresión como privilegio antes que como un derecho, es más común en el mundo de lo que se piensa.

Numerosas naciones con constituciones -y muchas sin ellas- han adoptado el principio de libertad de expresión pero, qué tan libres son los individuos en la práctica, varía de un sitio a otro. En rigor, aún cuando muchos países en donde la libertad de expresión se vea protegida, no obstante existen leyes que definen fronteras que no deben cruzarse. Por ejemplo, la constitución de Turquía promete libertad de expresión, pero también existe una ley que califica de acto criminal a la crítica contra un jefe de Estado, excepción cuya implementación está ahora siendo reforzada bajo el presidente Erdogan. En Europa Occidental, un número de países tienen leyes para definir a los 'delitos de odio' -leyes instauradas para establecer un nivel de civilidad entre los distintos escalafones que componen la ciudadanía. En general, definen como ilegal a cualquier intento de criticar a ridiculizar a alguien basándose en raza o religión. En Francia y Alemani es, por ejemplo, ilegal, negar públicamente que el Holocausto haya existido.

El grueso de las jurisdicciones en Europa considera a aquel discurso de naturaleza 'racista' o 'hereje' como ilegal en su naturaleza, y un reciente fallo de una corte en Bruselas sugiere que las instituciones supranacionales como la Unión Europea son igualmente sensibles ante lo que algunos podrían catalogar de libertad de expresión que se muestre apenas un poco libre. La Corte Europea de Justicia -el tribunal supremo de la UE- resolvió que la Unión Europea tenía razón a la hora de despedir a un economista allá por 1995, por haber escrito un libro que condenaba la integración económica del bloque. De acuerdo al juzgado, el trabajo provocó daño efectivo a la 'imagen y reputación' de la Unión Europea, y fue 'agresivo, peyorativo e insultante'. Se concedió desde la defensa que el economista de referencia, Bernard Connolly, tuvo éxito con su publicación y que el libro había sido preparado durante su tiempo libre y con él corriendo con los costos por propia cuenta. Con todo, el tribunal mantuvo la decisión del despido.

Aquella sentencia fue dada a conocer en 2001, pero retornó a los medios británicos este año como parte de la campaña por el Brexit -siendo parte de un ejemplo para ilustrar que, bajo las actuales reglas, la Unión Europea ni siquiera podía ser criticada sin que de ello surgieran consecuencias. Connolly, quien argumentó en su oportunidad que la unión monetaria era una amenaza para la democracia, ciertamente podría recibir el crédito por tener la razón, más hoy día que en 1995, dados los eventos registrados recientemente en Grecia y en la pobre performance de otras economías de Estados miembro de la UE. Tras el fallo de 2001, Connolly se refirió a la operación de la Corte Europea de Justicia, habiendo reafirmado el concepto de 'libelo sedicioso', principio de jurisprudencia largamente criticado -y que certifica que cualquier intento de crítica sobre una autoridad soberana debería ser evaluado como similar a buscar la caída del gobierno mismo.