Argentina: los obispos y el Bicentenario; la trampa de la identidad

Tras la celebración de su 111º Asamblea Plenaria, del 11 al 15 de abril de 2016, los obispos argentinos han dado a conocer el documento elaborado con motivo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia, bajo el título: 'Bicentenario. Tiempo para el encuentro fraterno de los argentinos'. Este texto es la culminación de un sexenio dedicado a la conmemoración del proceso de la independencia argentina que comenzó en 1810, tal como fuera anunciado por el mensaje del 2008, 'Hacia un Bicentenario en Justicia y Solidaridad'. Esta conmemoración coincidirá también con el Congreso Eucarístico Nacional, que debía celebrarse en el 2014, pero que los obispos decidieron postergar para celebrarlo en Tucumán del 16 al 19 de junio de este año, a fin de convertirlo en la celebración por la comunidad católica del Bicentenario.

 

El objetivo de la reflexión es “estimular el diálogo desde un hecho histórico que nos dio origen como Nación y que, a su vez, nos interpela a pensar juntos qué país queremos ser” (1). Reflexionando sobre dicho hecho, los obispos proponen recrear el espíritu de la Asamblea de Tucumán de 2016 que “inspiró a los legisladores la virtud de abrir el futuro para una Argentina fraterna y solidaria, pacificada y reconciliada, condiciones capaces de crear una Nación para todos” (2).

 

La metáfora que da estructura a todo el documento, inspirada en la humilde y acogedora Casa de Tucumán, es la patria como la “casa común”, una imagen en la que el documento ve condensadas todas las aspiraciones del pueblo argentino de cara al futuro. A partir de esta idea, la reflexión se organiza en cinco capítulos: “Una justa y esperada reparación de la memoria” (capítulo 1); “Organizar la casa común” (capítulo 2), “Algunos males de la casa común” (capítulo 3), “Independencia y educación” (capítulo 4) y “Casas de encuentro” (capítulo 5).

 

El primer capítulo es un relato de tono exaltado sobre los acontecimientos que rodearon la Declaración de la Independencia, elogiando la valentía y determinación de quienes tomaron parte en ella: “Queremos volver con gratitud a la fuente de la reserva moral, ética y religiosa, que animó a quienes declararon la Independencia y nos legaron una clara identidad cultural” (14), razón por la cual aquella Declaración debe considerarse “el Acta fundante de nuestra argentinidad”. En el corazón de esta identidad se encuentra sobre todo “el ideal de vivir la Argentina como una gran familia, donde la fraternidad, la solidaridad y el bien común incluyan a todos los que peregrinamos en su historia”, objetivo que lamentablemente está todavía lejos de ser alcanzado (12).

 

Otros aspectos del relato histórico son más difíciles de interpretar, como la enigmática afirmación de que, al coincidir los representantes al Congreso “en principios éticos inspirados en el humanismo cristiano”, “no es de extrañar” que no se guiaran al principio por “ideas liberales y republicanas”, sino que se inclinaran por una monarquía atemperada, de linaje incaico. Tampoco es clara la razón de la referencia al problema generado para la Iglesia por las vacancias episcopales al cesar las relaciones con la Santa Sede, tratándose de un documento dirigido a todos los argentinos.

 

En el capítulo segundo el texto aborda el aspecto político. Reafirma su compromiso con la democracia, a la cual se considera el sistema político más coherente con la dignidad de la persona humana (16), pero advirtiendo que ésta, para ser efectiva y real, debe darse no sólo a nivel político, sino también a nivel social y económico (15). Al mismo tiempo, se sostiene, de modo menos claro, que la democracia “debe fundarse en el ser del pueblo”.   Esto  último permitiría entender la actual “crisis de representatividad” (de los políticos, no de las autoridades religiosas), producto de una pérdida de contacto con el sentir del pueblo, o del intento de importar “una racionalidad ajena a la gente” (20).

 

El pueblo, recuerdan los obispos a continuación, no es una multitud indiferenciada, sino que es “ser parte de una cultura común”, “es compartir valores y proyectos que conforman un ideal de vida y convivencia” (23). En el pueblo, “cada uno se vuelve importante” aunque, como dice Francisco, el “todo es mayor que la parte” (aquí la “parte” parece ser cada persona), de modo que una persona conserva su peculiaridad sólo cuando integra cordialmente una comunidad (24). A su vez, la cultura común del pueblo no es otra que “la cultura popular”, la cultura de los pobres con sus proyectos y potencialidades, en la cual deben integrarse todos, y que es la única capaz de preservar al pueblo de toda manipulación ideológica (25).

 

Este concepto de pueblo ilumina la idea de una democracia “de inclusión e integración” que procure trabajo, tierra y techo para todos, lo cual requiere del esfuerzo de toda la sociedad, en particular, las formas asociativas que surgen del mismo pueblo, el voluntariado, y el apoyo del Estado con sus subsidios. Este objetivo es puesto en peligro si prevalece “un protagonismo economicista devastador, que impone sin ninguna ética su dominio absoluto” (30), “lo financiero” puesto en contra de la economía real, la “tecnologización” puesta en contra del trabajo, y una actividad empresarial que no está al servicio del trabajo, los derechos sociales y el medioambiente.

 

El bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad (36), pero compete en primer lugar al Estado, porque sólo éste, a través de un orden político y jurídico sólido, y la prestación de los servicios esenciales, puede crear las condiciones para que las personas y asociaciones de la sociedad civil puedan procurar por sí mismos su pleno desarrollo (39).

 

Sobre el tema de la familia, por un lado se describe un cuadro muy dramático, marcado por divisiones, desintegración, adicciones, intolerancia, agresión, producto de una cultura individualista, aunque por otro lado se constata que “numerosas familias pobres llevan una vida digna confiando en Dios y en la Virgen, tal como lo comprobamos a menudo en nuestros barrios periféricos y comunidades rurales” (44). Al parecer lo que salva a estas últimas, y de lo que carecen las primeras, es el enraizamiento en la cultura popular y católica.

 

Tras reafirmar la doctrina tradicional de la centralidad de la familia en la sociedad, se pasa sin solución de continuidad a hablar de la “familia argentina”, que según entienden los obispos, “agradece la providencial Declaración de la Independencia de 1816”, y aspira hacia un futuro “libre e independiente de cualquier esclavitud” (46).

 

En el capítulo III habla de “los males de la casa común”. El principal, se afirma, es el desencuentro. Pero no se detiene a desarrollar esta afirmación, sino que pasa inmediatamente a otros males. La corrupción es vista como un mal que afecta a toda la sociedad, pero no se alude a ningún vínculo especial con el poder político. Dedica  largos párrafos al narcotráfico, pero no acompaña su exhortación dirigida a los poderes del Estado con ninguna estrategia concreta, por considerarlo fuera de su competencia. Tampoco se avanzan propuestas en relación con la ecología, salvo el llamado a nuevos estilos de vida, inspirados en valores que orienten el consumo y la inversión (62).

 

El capítulo IV enfatiza la rol de la educación como camino de una auténtica independencia, la cual no depende sólo de presupuestos materiales, sino de la formación en valores y virtudes cívicas (63), que incluyen la vinculación con la trascendencia, la cultura del trabajo, la prudencia, justicia, la solidaridad, el coraje, la sobriedad. Algunos números se refieren específicamente a la propuesta educativa cristiana, que como formadora de testigos vivos, es el más genuino aporte que los católicos podemos dar a una sociedad nueva y a una patria verdaderamente libre (77).

 

El último capítulo, dedicado al encuentro de los argentinos, se titula “casas del encuentro”, en plural. Aquí se pasa de la “casa común”, que es hasta aquí la Argentina, a las “casas” que son “los grandes Santuarios Marianos de todo el territorio nacional”. Es en ellos donde “el pueblo renueva su identidad con la Iglesia católica” (83), afirmación que equipara pueblo argentino y pueblo católico.

 

El documento puede considerarse como un buen testimonio de la persistencia de los obispos argentinos en lo que se podría llamar “la trampa identitaria”, es decir, la búsqueda permanente de una pretendida identidad abarcadora de toda la nación, que tendría carácter normativo, y que estaría ya dada en determinados acontecimientos del pasado. Ello impulsa a una constante reinterpretación y sobreinterpretación de la historia, en función de las prioridades de cada tiempo. Pero sobre todo, impide reconocer la complejidad de toda sociedad moderna, incluida la nuestra.

 

En este texto la tendencia a una visión unanimista de la nación es inocultable. Por empezar, ¿a quién se dirige? ¿A todos los argentinos o a los católicos argentinos?  La metáfora de la “casa común” hace todo el recorrido desde la Casa de Tucumán, a la Nación Argentina, hasta convertirse el Santuario de Luján. Lo mismo cabe decir del término “pueblo”, que sin otro aditamento significa, según los casos, pueblo argentino, pueblo pobre, pueblo católico (y en el fondo, un mismo e idéntico sujeto). Se pasa de la familia a la “familia Argentina” sin transición alguna. La nación es una cultura única, que es la cultura popular, que es a su vez la cultura de los pobres (y católicos). El  intento de reconciliar luego la adhesión a la democracia republicana, que por definición es pluralista, con esta visión holística de la sociedad, es una empresa fracasada de antemano, como también lo es hablar en semejante marco de referencia de ciudadanía y de educación en libertad.

 

El país que imaginan los obispos no es un país que se proyecte en el mundo, sino uno que se repliega sobre sí mismo, a la defensiva, y que puede darse ese lujo ante todo porque no necesita del mundo, ni siquiera para afrontar el desafío de producir riqueza:  le basta distribuir “mejor” la que hay para lograr la inclusión de todos. Se espera tierra, trabajo y techo para todos de algún esquema de “justa distribución”, y siempre a cargo del Estado (¿quién más podría hacerlo?). Las finanzas, la tecnología, la empresa, necesarios para crear fuentes de trabajo auténtico, aumentar su productividad, generar bienes y servicios cada vez en mayor abundancia y al alcance de todos, son sistemáticamente abordados por el lado negativo de sus peligros y sus riesgos.

 

Todo parece depender de la generosidad personal de los argentinos. Basta con que todos asuman el bien común “como intención primera de su obrar” (36). Pero esta exigencia es ajena incluso a la DSI, porque subsume completamente los intereses personales en los del todo social. En realidad, sólo excepcionalmente las personas tienen el deber de obrar ante todo por el bien común. Generalmente ellas procuran su bien particular, el propio, el de su familia, el de cierto grupo social que integran, pero en la medida en que lo hacen dentro de las leyes y respetando los derechos de los demás contribuyen al bien común. El bien común es el resultado de una cooperación social esencialmente espontánea, aunque dentro de un adecuado orden jurídico y político.

 

Por supuesto que no se puede menos que coincidir en todos los objetivos propuestos, en particular, el de la inclusión social, a través ciertas condiciones materiales, la educación y el trabajo. Pero para un país que ha vivido décadas de virtual encierro, consumiéndose en sus propios conflictos internos, el mensaje de los obispos, con su fijación identitaria, es decepcionante. Si todavía tiene algún sentido buscar una “identidad” hay que hacerlo sobre todo en dirección del futuro, en un país abierto al mundo, a sus desafíos y a sus oportunidades. Un país ensimismado, obsesionado por preservar la (elusiva) “cultura popular” y tan mediocre en sus aspiraciones como el que propone este documento, nunca logrará ser un país inclusivo. Vivir encadenados a la nostalgia es lo contrario de ser independientes.