Parlamento francés: 'en Turquía, se vive una limpieza étnica'

Miles de personas que trabajaban en el sistema militar, judicial y educativo turco han sido detenidas desde el intento de golpe militar en Turquía el 15 de julio.

El golpe fue sofocado en la mañana del sábado en medio de una brutal lucha en las calles entre partidarios del gobierno y facciones del Ejército turco, que apoyó el intento de golpe. El primer ministro turco, Binali Yildirim, dijo que 232 personas murieron en los combates, 145 de ellos civiles.

 

Al día siguiente, 2.700 jueces fueron despedidos y 9.000 policías perdieron sus puestos, sin mediar palabra ni justificación alguna.

 

Desde entonces, más de 15.000 profesores han sido despedidos, y el Consejo de Educación Superior ha exigido la dimisión de 1.577 decanos universitarios.

 

El Gobierno turco afirma que el clérigo musulmán estadounidense Gülen estuvo involucrado en el intento de golpe, y quiere purgar sus seguidores; Ankara también ha exigido su extradición de los EE.UU.. Sin embargo, Gülen ha negado su participación, así como el ex comandante general de la Fuerza Aérea, Akin Ozturk, quién también habría negado estar involucrado.

El 16 de julio, Ozturk fue detenido en la base aérea de Akinci y se informó sobre su participación, aunque poco más tarde aparecieron noticias contradictorias sobre la misma.

 

De acuerdo con un informe del diario Milliyet, Ozturk admitió que jugó un papel en el golpe al lado del General Hulusi Akar, jefe del Ejército turco, de quien se había informado había sido mantenido como rehén durante el intento de golpe en la noche del viernes.

 

El jueves, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró el Estado de Emergencia durante tres meses, lo que permite a su gobierno restringir o suspender los derechos y libertades, y saltarse instituciones como el Parlamento en lo que se refiere a la aprobación de nuevas leyes.

 

Turquía es uno de los 47 miembros del Consejo de Europa, y firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos en 1950. Sin embargo, el jueves pasado Ankara suspendió el tratado, diciendo que estaba siguiendo el ejemplo de Francia después de los ataques terroristas de París del año pasado.

 

El gobierno también se ha comprometido a restablecer la pena de muerte para las personas acusadas de traición contra el Estado; la pena de muerte fue abolida legalmente en 2004, aunque nadie ha sido ejecutado en Turquía desde 1984.

 

El senador Yves Pozzo di Borgo, un representante del Parlamento francés en el Consejo de Europa, dijo a Sputnik Francia que Turquía ha ratificado los protocolos seis y 13 de la Convención, referidos a la abolición de la pena de muerte.

 

'Turquía tiene que observar las convenciones internacionales que firmó, en particular la Convención de Derechos Humanos', dijo Borgo, quien describe la represión turca como de 'limpieza étnica'.

 

'No hay duda de que lo que estamos viendo y oyendo es una especie de limpieza étnica, lo que es realmente es una contradicción con la Convención de Derechos Humanos', agregó.

 

'Es normal que se tomen medidas contra los que están llevando a cabo el golpe, pero debe hacerse dentro de un marco legal, especialmente en el marco de la Convención de 1950 sobre los Derechos Humanos, que Turquía firmó'.

 

Gilbert Roger, secretario del Comité del Senado francés de Asuntos Exteriores, dijo que la represión en Turquía debe ser condenada por las naciones europeas.