El Salvador, el golpe de Turquía, la Sala de lo Constitucional y el Decreto 743

Hay un aspecto que no se ha mencionado mucho en la controversia que conmueve a El Salvador, tras de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Es que el FMLN ha querido deshacerse de la Sala de lo Constitucional desde hace mucho tiempo porque esta ha sido la única defensa que hemos tenido de la institucionalidad democrática del país y el único obstáculo que ha impedido la toma total del poder por parte del FMLN. La declaración de inconstitucionalidad parece haber creado una oportunidad para que al fin el FMLN logre ese propósito. Esto más crea las circunstancias para que se corone como el poder totalitario en El Salvador ayudado por la derecha, con una lógica impecable que parece no haber sido entendida por mucha gente. Para explicar esa lógica caen como anillo al dedo dos eventos sucedidos a miles de kilómetros y varios años de distancia: el fallido golpe militar en Turquía y el Decreto 743 en El Salvador.

 

Turquía

 

El telón de fondo del golpe es que el presidente Recep Tayyip Erdogan ha estado causando alarma dentro y fuera de Turquía por dos tendencias que se notan claramente en su gobierno: una es la progresiva instalación de una tiranía y la segunda es la creciente inclinación hacia el fundamentalismo islámico a través de mezclar asuntos de estado con la religión (que fueron separadas hace casi un siglo por el fundador de Turquía Mustafá Kemal Ataturk, que occidentalizó al país).

 

La oposición a estas tendencias ha tenido dos representantes: los jueces, que han defendido las leyes democráticas, incluyendo la estricta separación del estado y la iglesia y los derechos individuales de los turcos, y un movimiento llamado Hizmet, liderado por un clérigo musulmán llamado Fethulah Gülen. Este clérigo es moderado y promueve la separación de iglesia y estado y la democracia. Vive en EE.UU. desde hace dos décadas.

 

El viernes 15 de julio un grupo pequeño de militares dio un golpe y por unas pocas horas pretendió estar en control del país, añadiendo que lo hacían en nombre de Gülen, a pesar de que él condenó el golpe. Gülen añadió que no descartaba la posibilidad de que el golpe hubiera sido orquestado por Erdogan mismo. Los hechos parecen confirmar esto porque las fuerzas de Erdogan aplastaron fácilmente a los rebeldes y en pocas horas Erdogan destituyó a 2.745 jueces y apresó a los 6.000 líderes más prominentes de Hizmet, tan rápidamente como si hubiera estado esperando solo el golpe para hacerlo.

 

Si es que no fue un autogolpe de Erdogan, el atentado fue un ejemplo masivo de estupidez. En el momento en el que se salieron de la Constitución, los militares rebeldes perdieron toda legitimidad y, por tanto, toda defensa que la Constitución les hubiera podido brindar para evitar la tiranización de Turquía. El golpe hundió lo que quedaba de la democracia turca en un solo día.

 

El 743

 

En El Salvador, estamos muy lejos de estas cosas, pero sí hemos tenido un caso similar en términos de llegar al borde de cometer lo que hubiera sido un suicidio de las fuerzas que defienden la democracia en el país: el Decreto 743. Este decreto, afortunadamente derogado, maniataba a la Sala de lo Constitucional, forzándola a tomar decisiones por unanimidad con el objeto de evitar que tomara potenciales resoluciones también ligadas indirectamente a la amnistía. Por supuesto, la Sala quedaba nulificada, con lo que el FMLN lograba, con un decreto propuesto y apoyado por la derecha, eliminar el único obstáculo que le cerraba el camino al poder total.

 

El FMLN logró que la derecha fuera la que propusiera el 743 jugando con un truco de comunicaciones que les ha funcionado muy bien por muchos años: pretender que ARENA y la fuerza armada tenían el monopolio de los crímenes de guerra, por lo que todo el costo de eliminar la amnistía caería exclusivamente sobre ellos. Siguiendo esta línea de comunicación, el ahora presidente Salvador Sánchez Cerén pidió cuando era diputado que se declarara inconstitucional la Ley de Amnistía.

 

La derogación de la Ley de Amnistía

 

Ahora, sin embargo, el Presidente mismo ha tomado la posición contraria y el FMLN ha llegado a denunciar que la derogación de la ley equivale a un golpe de estado. Lo dicen porque, en la realidad, no en la retórica, los más afectados por los posibles juicios de crímenes de lesa humanidad son el FMLN y el gobierno, que son manejados por los mismos líderes que manejaron la guerra del lado guerrillero. En los casos mencionados por la Sala como ejemplo de los que se pueden perseguir ahora está incluida prácticamente toda la cúpula combinada del FMLN y el gobierno. Esto no es cierto, ni de lejos, en ARENA, ni en GANA, ni en el PCN, ni en el PDC. La aplicación de la derogatoria causaría una grave crisis en el FMLN, tan grave que lo paralizaría y lo haría perder la mayor parte del apoyo que tiene en la población. Pero esto no le pasaría a los demás.

 

La defensa de la institucionalidad

 

Esta, sin embargo, no debe ser la razón por la cual los partidos políticos democráticos, y especialmente ARENA, deben respetar la sentencia de la Sala y defender la institucionalidad democrática del país. Deben defenderla porque es la única base sólida para una democracia. Para que esta sobreviva, tiene que estar basada en el Imperio del Derecho, y no solo en algunos casos, en los que a uno le guste lo que el derecho decida, sino en todos, incluyendo los que uno celebra y los que no. Los distintos actores, ARENA, los otros partidos de oposición, la sociedad civil, los militares, y los ciudadanos en general debemos aferrarnos a la legalidad y a la legitimidad que esta da para poder enfrentar los problemas del país. La sentencia es válida, legítima y debe cumplirse. Esa es la diferencia que debe marcarse entre el FMLN y ARENA.

 

Por supuesto, los presuntos acusados tienen que defenderse, pero no deben hacerlo del lado del FMLN, descabezando a la Sala de lo Constitucional o imponiendo una tiranía como Venezuela, o, del lado del resto de la sociedad, cooperando con el FMLN para dejar sin defensa constitucional al pueblo entero. La institucionalidad del país ofrece las maneras legítimas de defenderse y estas son las que deben usarse.

 

Esta derogación vuelve a crear el incentivo para que el FMLN juegue a que la derecha crea que es ella, no el FMLN, la que quedaría descabezada si los juicios de lesa humanidad se dieran, y busque de alguna manera lograr lo que el FMLN mismo no ha podido hacer: violar la institucionalidad para callar a la Sala, con lo que el país quedaría desprotegido completamente contra una tiranía del FMLN. Ahora, con una Sala independiente, hay una defensa poderosa contra los abusos del poder. Con una Sala destronada por la derecha y sustituida por una nueva controlada por el FMLN los mismos acusados quedarían totalmente a la merced del FMLN —como pasó en Turquía y como hubiera pasado si no se hubiera derogado el decreto 743. No parece lícito que, cada vez que a una persona se le formulen cargos injustos, se intente modificar el orden institucional del país. Eso no es válido para la izquierda, ni para la derecha.