Argentina: el desplazamiento de la responsabilidad

A nueve meses de su promocionada asunción, el Presidente Mauricio Macri comienza a transitar las últimas fases de su otrora tórrido romance con la ciudadanía. Tras la fascinación colectiva del 'Cambio', asoma ahora el correlato de un principio de decepción -si acaso se trata de simple gatopardismo o de consagrada ineptitud, las conclusiones finales quedarán -como corresponde- en manos de la sociedad hastiada.

Sin embargo, no sería el 'tarifazo' registrado en los servicios públicos el subcapítulo que viene a manifestar el costado más frágil de la mascarada de eficiencia que acompaña a la gestión del jefe de Estado, desde su arribo a la Casa Rosada. Muy por el contrario, el tópico de referencia se circunscribe a la siempre polimórfica variable de la seguridad (o, en todo caso, a la ausencia de la misma). Más en la instancia presente, en la que Macri se ha esforzado con denuedo para imponer como Ministro de Seguridad a Patricia Bullrich, cuya performance -conforme ahora puede establecerse- fenece en un infortunado acting que tiene a la impotencia, la soberbia y al desplazamiento de la propia responsabilidad como protagonistas centrales. Ignorante declarada en la materia, Bullrich se las ha arreglado para (fiel a su costumbre) apropiarse del crédito por la recaptura de los hermanos Lanatta y su partenaire comercial Víctor Schillaci -aunque fueron elementos de la cuestionada Policía de la Provincia de Santa Fe los responsables de echarle el guante al delincuencial trío. No muchos meses después, la incontinente funcionaria se enredaría en pretenciosas declaraciones, en las que anticipaba un final feliz para la cacería humana del dealer Ibar Esteban Pérez Corradi; el tiempo terminaría por ventilar que el gobierno de la República Argentina poco había tenido que ver con la resolución. En rigor, todo se debió a la pérdida de beneficios que conmovió la base de sustentación de Corradi y a la bomba de tiempo que el personaje representaba para la función pública paraguaya. En pocas palabras, el señor de las múltiples identidades comenzaba a ser 'malo para el negocio' -si lo que cabe es remitirse a alguna producción de gángsters de baja factura-, y su red de protección llegó a término. Complementariamente, mucho tuvieron que ver las negociaciones para depositarlo en el juzgado federal de María Romilda Servini de Cubría, personificadas en el accionar de los letrados patrocinantes de Pérez Corradi, Carlos Broitman y el ex comisario Juan José Ribelli. Profundos conocedores ambos de obscuros apartados de ocurrencia transnacional, en donde no escasean el secuestro extorsivo seguido de muerte, el tráfico de drogas a gran escala hacia Europa (recuérdese, por ejemplo, el Affaire Juliá y el vuelo blanco que en su oportunidad decolara con impunidad de la Base Aérea de Morón, BAM). No hubo remate más colorido para las peripecias de Patricia Bullrich en el particular: se autocongratuló por haber capturado sin asistencia a Corradi; éste -a la postre- estaba llamado a deshacer la amplísima madeja de corruptela de la que, se dijo, tomaban parte Aníbal Fernández y otros ex funcionarios del desaparecido kirchnerismo. Tiro por la culata: Pérez Corradi llevó delante de Servini un relato en gran medida fantasioso que, edulcorando verdades relativas con mentiras evidentes, jugaron en contra de la Administración Cambiemos. Por estas horas, la magistrada Servini de Cubría ha tomado nota de la charada, enterándose también (algo tarde) de que el letrado Broitman negociaba en los Estados Unidos de América el pase de su cliente predilecto al programa federal de protección de testigos de ese país.

Finalmente -y en lo que consignó la exégesis del ridículo-, Bullrich quedó en evidencia como una de las personas responsables tras la solemne intifada que elementos afines del kirchnerismo escenificaron contra el Presidente y la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en la ciudad de Mar del Plata. Toda vez que -se sabe- en el seno del intimismo PRO, todo lo que huela a Fuerzas Armadas es 'malo', y personeros bien identificados ordenaron el repentino stand-down o repliegue de Casa Militar, responsable ulterior de la protección presidencial. Realidad que, en el cénit de su capricho (y acaso dejando entrever un preocupante atisbo de personalidad populista), el propio Mauricio Macri se permite ignorar. Naturalmente, y como era de esperarse, en el Gobierno Nacional arrojaron culpas por el desmadre a la Policía Bonaerense -la cual, tras contabilizados los hechos, solo podía acudir echando mano de un desaprensivo criterio de contención; no ya preventivo. Fallaron, precisamente, la prevención y la planificación previa: funcionarios de alto nivel expusieron al Presidente en un barrio hostil, obviando que personajes violentos toman recurrente nota de la agenda del jefe de Estado y cuentan con tiempo suficiente para emboscarlo. Ayer, fueron piedras; el día de mañana, solo Dios y el Papa Francisco lo saben.

Infortunadamente, este poderoso cóctel de negación e incompetencia no culmina en el ataque contra el convoy presidencial -y así podía vislumbrarse. Hace cuestión de horas, el responsable primario de Aduana Argentina, Juan José Gómez Centurión, fue removido de su puesto a raíz de sospechosas denuncias que lo vinculaban a pedidos de sobornos para liberar contenedores con mercaderías. Entendidos en la materia, si bien descartan que las denuncias contra el eyectado funcionario (íntimo del Presidente) comporten credibilidad verificable, sí se atreven a repasar el poco feliz tránsito de Gómez Centurión por la Agencia Gubernamental de Control de la Jefatura de Gobierno porteño. Sin entrar en detalles, los consultados dirán que una mano negra se tomó su tiempo para echar por tierra la faena de Centurión, enlodándolo a través del reciclaje de algunas porciones de su background en la Ciudad.

Tras lo cual, cualquier mirada objetiva habrá de extraer dos conclusiones -como mínimo-: 1) ¿Es Gómez Centurión incorruptible? La presunción es que no lo es; 2) ¿Perjudicó intereses espúreos con macabra trayectoria en la Aduana? En efecto, así fue. El pecado del hombre de confianza del Presidente Macri, en todo caso, puede cifrarse en el amateurismo y la improvisación exhibidas a la hora de combatir a los funestos personajes que, por referirse solo a un tema puntual, pusieron fin a la existencia del Brigadier Rodolfo Echegoyen en 1990. Sin la debida apoyatura logística y de recursos humanos, Juan José Gómez Centurión se apersonó en una pelea de armas de fuego... portando un inofensivo cuchillo. Al cierre, habrá que hacer constar que las denuncias contra su persona fueron presentadas por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Centurión -vaya ironía- monitoreaba de cerca los viciados emprendimientos cuyos rastros podrían conducir a incondicionales camaradas de Silvia Majdalani (Señora Ocho | Operaciones, en AFI, la Agencia Federal de Investigaciones).

Mucho antes de brindar soluciones efectivas al problema de la seguridad ciudadana, lo más probable es que los más altos dignatarios del Presidente Macri terminen resolviendo sus problemas neutralizándose mutuamente, en escaramuzas intestinas.