Argentina: Mar del Plata y la Justicia perdida

Cuando el Juez Federal de Mar del Plata Alfredo López cuestionó severamente el accionar de algunos integrantes locales de Justicia Legítima, facción judicial kirchnerista, lo que en rigor puso de manifiesto fue el grado de perversión en el que está sumido una buena parte de la dirigencia argentina, ya sea política, empresaria, sindical o judicial. 

 

Es imposible no vincular el hecho puntual al que se refería el magistrado marplatense, el ataque que sufriera hace pocos días el Presidente Macri en la ciudad balnearia, a la reciente opinión no vinculante de la Procuradora Alejandra Gils Carbó de no convalidar los aumentos en las tarifas de gas. Lo que denuncia López es que importantes Fiscales marplatenses adscriptos a la causa kirchnerista no lo dejan investigar la agresión al Primer Mandatario. Lo que hizo Gils Carbó es complicarle la vida económica a Macri. En suma, el objetivo es el mismo: que el ex Jefe de Gobierno porteño no concluya su mandato.

 

Es que por detrás de estos vericuetos judiciales, circula a paso lento pero firme la verdadera causa de la indignación kirchnerista, que no solamente es el avance de la Justicia sobre los ex funcionarios nacionales: también se trata de algunas decisiones que pueda estar tomando próximamente el Gobierno Nacional sobre el devenir de los juicios por lesa humanidad. Lejos de ser esto un pequeño detalle poco relevante para la vida de los argentinos, la política de derechos humanos implementada por los Kirchner fue la bandera que cubrió el evidente saqueo de las arcas públicas que perpetraron desde que la ciudadanía los encumbró en el poder. Es, a todas a luces, la gran excusa moral que tienen a mano para expiar sus culpas frente a una sociedad que mira atónita las revelaciones de la corrupción k. 

 

Cuando el Presidente Mauricio Macri dijo no tener idea si los desaparecidos eran 30.000 o 9.000, el periodista ultra k Roberto Navarro le dedicó a esa declaración una emisión entera de su programa diario en C5N. La primera impresión que genera es que el tema no merecía semejante repercusión. Pero no bien se sospecha sobre la existencia de un plan de desestabilización, tal cual lo denunció el Juez López, se entiende perfectamente que Navarro haya hecho eso. Pocos días antes, Hebe de Bonafini había resistido una orden de detención. Luego, la ex Presidenta Cristina Fernández la visitó en la sede las Madres. Ya se dijo en estas columnas: la verdadera resistencia kirchnerista se dará en el plano judicial, más precisamente en Justicia Legítima. Su Gerente General, la Procuradora Alejandra Gils Carbó, infestó de Fiscales subrogantes la Justicia Federal Penal . Y pese a que su Jefa ya no presida el Gobierno Nacional, en la mayoría de las Fiscalías y los Juzgados del país trabajan “soldados” de la causa. Esto es justamente lo que denunció públicamente el Dr. Alfredo López. Y aunque no haya sido vinculante, la opinión negativa de Gils Carbó respecto al tarifazo del gas influyó notoriamente en la reciente resolución de la Corte Suprema. 

 

En su reciente libro “La década enterrada”, el dirigente radical Álvaro de Lamadrid vincula a los ex Presidentes Néstor y Cristina Kirchner a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Lo que a simple vista parece una expresión temeraria, tal vez no lo sea tanto. El ex Fiscal entre 1974 y 1977 de Mar del Plata, Gustavo Demarchi, detenido desde 2011 por improbables crímenes de lesa humanidad acusado de liderar la CNU local (Concentración Nacional Universitaria), viene denunciando hace años que el ex Montonero Eduardo Soares, uno de los testigos que declaró en su contra ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, y quien fuera acusado por el propio Dr. Demarchi en 1975 por infracción a la Ley 20840, llamada de “Seguridad Nacional”, promulgada durante el Gobierno constitucional de Isabel Perón, participó el 24 de Marzo de 2004 de un acto conmemorativo por los 40 años de las FARC. A dicho acto también concurrieron las Madres de Plaza de Mayo. Allí, Soares se presentó como ex montonero y abogado defensor de un integrante de la organización separatista vasca ETA, y remarcó las similitudes que siempre existieron en la lucha de FARC y Montoneros.

 

Vale decir que los miembros del TOF ante quienes Soares denunció a Demarchi son los Dres. Roberto Falcone y Mario Portela, de pasados polémicos en Mar del Plata e integrantes prominentes de Justicia Legítima. El titular de esta agrupación en la ciudad balnearia es el Dr. Daniel Adler, Fiscal General ante la Cámara de Apelaciones local. Además de haber presidido el fallido Jury contra el Fiscal José María Campagnoli, fue acusado de conducir el armado de la causa en perjuicio del Juez Pedro Hooft, quien aún sufre embates en su contra. A pesar de haberse excusado para la procuración de esta causa, Adler fue denunciado por obligar a firmar pedidos de indagatoria al Magistrado a los Fiscales que dependen de él. Una de ellas, de constante presencia en las audiencias y presentaciones de los casos CNU y Hooft, es la Dra. Laura Mazzaferri.    

  

Dijo textual el Dr. Alfredo López, en referencia a la investigación por el ataque que sufriera la comitiva presidencial en Mar del Plata: “La Fiscal Mazzaferri no quiso recibir la denuncia. La tuvo que aceptar de oficio. Y ahora trata de obstaculizar los pedidos de prueba”. También acusó a Adler de no hacer nada para avanzar en la investigación. Quizá no sea casual que hace pocas semanas haya habido un enfrentamiento público entre los Dres. López y Adler por el tema de las tarifas de gas. El Magistrado rechazó un amparo en contra de los incrementos, y la Cámara Federal lo obligó a tratar el caso. En las últimas horas, López recibió imágenes del ataque a Macri y aseguran que las mismas muestran que por poco no se produjo algo más grave de lo que ocurrió.

 

Lo que los integrantes de Justicia Legítima están sospechando es que en la cumbre del Poder se está evaluando tomar algunas decisiones con respecto a la continuidad de los juicios por lesa humanidad. Y esto está generando conatos de resistencia en las huestes judiciales kirchneristas. Si se genera el plafón necesario para encausar el desmadre en que han derivado estos juicios, el kirchnerismo vería desaparecer la última bandera que muestran con orgullo. Recientemente, un Juez del Tribunal que juzga supuestos crímenes de CNU en Mar del Plata, acaba de presentar su renuncia aduciendo problemas de salud, lo que produjo un amplio abanico de interpretaciones acerca de esta decisión. Muchos temen por la continuidad del juicio. Aún aquellos que han militado en la izquierda peronista en la década del 70, no dudan en afirmar que la causa en cuestión fue armada para encarcelar a Gustavo Demarchi. La dimisión del magistrado muchos la ven como una manera elegante de dar por terminado el juicio.

    

La Justicia Federal Penal de Mar del Plata está cooptada por Justicia Legítima. Ni Daniel Adler ni Laura Mazzaferri podrían actuar como actúan si no tuvieran el decidido apoyo de su Jefa, Alejandra Gils Carbó, quien resiste en su cargo. En una reunión que mantuvo a poco de iniciado el nuevo Gobierno Federico Pinedo con importantes abogados, estos le sugirieron al Senador desprenderse cuanto antes de la Procuradora. La respuesta del legislador fue el silencio. Tal vez hoy esté lamentando no haber hecho caso a esa sugerencia.

 

La opinión negativa de Gils Carbó respecto al incremento de las tarifas de gas no puede ser leída como un hecho aislado. Las denuncias del Juez López van en ese sentido. Aunque quizá esto no sea interpretado en su justa medida. La sociedad, al fin y al cabo, parece tolerar que le roben en sus propias narices con tal de no pagar por lo que las cosas valen.