El Salvador: ataque contra las instituciones

El gobierno de El Salvador ha tenido en la mira ya por muchos años a la Sala de lo Constitucional, la única institución que ha defendido efectivamente la democracia en el país contra los recurrentes ataques del FMLN. Estos ataques han incluido discursos, insultos, manifestaciones callejeras; un intento de ponerle por encima a la Corte Centroamericana de Justicia, que no tiene jurisdicción en temas constitucionales; y hasta la violación de las cerraduras de las oficinas de los magistrados en un asalto multitudinario a ellas, que permitió que una turba entrara, se paseara e hiciera todo lo que quisiera en dichas oficinas.

 

Estos ataques se han recrudecido últimamente. Esto era predecible porque el FMLN parece haberse dado cuenta de que es casi imposible para ese partido ganar las elecciones de 2018 y principalmente la de 2019, por lo que su permanencia en el poder dependerá de su control de las instituciones. Esto volvería posible que aunque pierda, gane. Esta es la lección que ellos han aprendido claramente de lo que está pasando en Venezuela, en donde los socialistas del Siglo XXI han seguido bajo control del poder a pesar de que el pueblo los ha repudiado y a pesar de que el país está pasando por una crisis económica sin precedentes en América Latina. El control de la Sala le permitiría al FMLN violar la Constitución tantas veces como quisiera y en todas las dimensiones que quisiera y, aún así, recibir sentencias de que todo lo hecho es constitucional. Esto parece ser algo que nadie visualiza a pesar de los terribles ejemplos que las tiranías de Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia han presentado.

 

El asalto actual tiene cuatro avenidas. Primero, el Presidente de la República y otros voceros del gobierno han atacado a la Sala en discursos, culpándola de todos los problemas que el gobierno ha causado para sí mismo y para el país. Segundo, como es típico del FMLN, el FMLN ha acompañado estos discursos con ataques de turbas de ese partido a los magistrados con despliegue de violencia verbal y física, que, aunque no se ha materializado en golpes, está dirigida a intimidarlos a ellos y a sus empleados de seguridad. Esto se materializó en la última semana en una turba que bloqueó la visita del magistrado Florentín Meléndez a un lugar en Chalatenango para dar unas charlas sobre la Constitución de la República.

 

Tercero, personas con nexos con el FMLN se han dado a la tarea de convencer a miembros de ARENA y de la derecha en general de que deben aliarse con el FMLN para destruir a la Sala, tratando de aprovechar el disgusto que la derogación de la Ley de Amnistía causó en muchas personas de la izquierda y de la derecha. Hacer esto, por supuesto, representaría para ARENA y los demás sectores caer en la trampa del lobo de la Caperucita.

 

El peligro más grande de esta ofensiva, sin embargo, no viene de los discursos, ni de los insultos, ni de los ataques violentos callejeros, ni del intento de socavar a ARENA que, diferente al FMLN, no tiene a nadie en peligro por la derogación de la Ley de Amnistía. La más peligrosa es la ofensiva que está montando el FMLN para hacer unos nuevos 'Acuerdos de Paz', para lo cual está tratando de reclutar a las Naciones Unidas. En sus anuncios de esta nueva iniciativa, el gobierno ya ha dicho que uno de sus objetivos fundamentales sería la reforma del sistema judicial, un anuncio coincidente con los pasos que Chávez en Venezuela, Ortega en Nicaragua y Correa en Ecuador siguieron para allanar el camino a la tiranía. El FMLN está usando el prestigioso nombre de los Acuerdos de Paz para meter por allí medidas con el mismo objetivo.

 

Una parte esencial de estos nuevos 'Acuerdos de Paz' sería la emisión de una Ley de Procesos Constitucionales. El objetivo de esta nueva ley, que en los medios políticos se ha dado en llamar el nuevo 743, sería anular la capacidad de la Sala de oponerse a las violaciones de la Constitución, lo cual lo podría lograr de muchas formas, manipulando la manera de hacer mayoría en las decisiones de la Sala, o la manera de elegir a los magistrados, o en un sinfín de otras formas.

 

El FMLN plantea la necesidad de emitir una nueva ley de procesos constitucionales de una manera que parece ser muy razonable para los incautos, diciendo que no puede ser que la Sala decida solita cuando una cosa es constitucional y cuando no, como en el caso de la derogación de la Ley de Amnistía, que es necesario que todos participen, incluyendo, por supuesto, ARENA, la derecha, los militares, porque, al fin, esta vez el FMLN los tomaría en cuenta.

 

Los argumentos en contra de esta seducción son varios. El primero es que no hay manera de evitar que haya una sola institución la que decida con finalidad si algo es constitucional o no. Ideas sin substancia como las que se propone en pláticas todavía informales, como que en vez de Sala de lo Constitucional haya un Tribunal de lo Constitucional, son cortinas de humo para disfrazar con un cambio de nombre el segundo punto, que lo que está peleando el FMLN no es que dicha institución no exista, sino tener el control de ella, lo que por supuesto no se puede permitir. No puede ser que la Presidencia o la Asamblea decidan sobre lo constitucional porque ellos son los que tienen el potencial de violar la Constitución. Ellos no pueden ser jueces y partes. ¿Qué prefieren, que sea la Sala o que sea el Presidente Sánchez Cerén, o sus diputados, que podrían pasar cualquier decreto ejecutivo o ley sabiendo que luego se cambiarían el sombrero y dirían que son constitucionales?

 

Tercero, porque uno de los principios fundamentales de la democracia es la separación de los poderes y especialmente la del judicial con el resto, para que la política no contamine la administración de la justicia.

 

El interés del FMLN de atar o ponerle bozales a la Sala no es una amenaza abstracta. Es muy concreta, y comporta objetivos a muy corto plazo. No puede permitirse que el FMLN subvierta así el orden jurídico del país; menos aún, que reclute la asistencia de Naciones Unidas, que probablemente no entiendan el alcance de las propuestas que con cara de inocencia les hace el gobierno.